La función del Estado es mantener el imaginario de la democracia a través de una estructura de poder que se soporta a si misma por medio de leyes y es conocida comúnmente como control político; un mecanismo que da prioridad al poder y es opuesto al planteamiento inicial donde se argumentaba que, en pro de la igualdad y del equilibrio, era necesario evitar la acumulación del poder en manos de unos pocos; los antiguos decían que para prevenir esta deformación “… en los Estados democráticos, que más que ningún otro son celosos de que se conserve la igualdad. Tan pronto como un ciudadano parecía elevarse por encima de todos los demás a causa de su riqueza, por lo numeroso de sus partidarios, o por cualquiera otra condición política, el ostracismo le condenaba a un destierro más o menos largo”[1].
El Estado de hoy es un ente jurídico diseñado para garantizar un statu quo evitando ser transformado y para hacerlo necesita que los políticos comprometidos con la estructura socioeconómica se mantengan en el poder; es sabido que quienes llegan a los más altos niveles de liderazgo en los partidos políticos poseen características en su personalidad que son comunes a la mayoría de ellos: son altamente competitivos, astutos, calculadores, egoístas y enfocados en mantener y aumentar su poder; para este tipo de personas el Estado es el sitio ideal en el cual pueden desarrollar sus actividades.
Llegaron para quedarse. Cada territorio ha sido tomado por un grupo de dirigentes que se ha venido formando desde que sus antepasados se apoderaron del territorio por medio de la violencia en una de las tantas guerras que ha tenido en el país; estos personajes son cada vez más sutiles y utilizan todo tipo de medios para mantener su liderazgo; ellos son aceptados como algo natural mientras se van apoderando de las riquezas que poseen las regiones; entre ellas: el subsuelo, el agua, los bienes naturales y los recursos del Estado; se rodean de una poderosa fuerza de seguidores fervientes y disciplinados que están unidos a sus intereses por el imaginario de la lealtad a la vez que proclaman enardecidamente las verdades de este “líder”. Tienen a su favor el apoyo de las fuerzas del orden.
La misión de todo gobernante es la felicidad de la comunidad y esta «sólo puede conseguirse mediante el establecimiento de un Estado fuerte” proclaman con astucia mientras destruyen a sus enemigos políticos utilizando el engaño y la crueldad. La virtud de esta élite es la prudencia, “hay situaciones que deben permanecer ocultas a los ciudadanos; es lo mejor para la supervivencia del Estado”.
Estos políticos tienen habilidad para manipular a quienes le siguen. «El que consigue el poder es el Príncipe, el que consigue el orden y la paz son los súbditos», escribió Maquiavelo.
Mantener este imaginario de democracia es posible mientras exista una aceptación tácita de la misma por aquellos que los eligen con su voto (periodo tras periodo); los votantes les dan la autoridad para que manejen el poder utilizando las instituciones para fortalecerse políticamente; el Estado les permite coordinar con eficiencia sus acciones sobre los territorios; es soberano y por lo tanto posee los elementos requeridos para mandar y prohibir por iniciativa propia y sin ninguna dependencia las acciones de sus súbditos.
En la práctica, la maquinaria que montan los elegidos está compuesta por directivos de las diferentes instituciones, especialmente de los organismos de control y de aquellos desde donde se imparte justicia: Procuraduría, Contraloría, Personería, Fiscalía y juzgados de la república; desde ellas pueden presionar u otorgar favores beneficiando a quienes están con ellos y castigando a sus opositores. Es una práctica común la eliminación política de los contendores.
Los medios han venido denunciando la presencia de estas maquinarias con titulares como “Fiscalía adelanta más 3.000 investigaciones por corrupción de jueces”[2]; “Plaga de la corrupción, infiltrada en los órganos que deben combatirla”[3]; «Mafias que se encargan de llevar a la cárcel a quienes estén en contra de la maquinaria política de algunas regiones[4].
También han denunciado los carteles de jueces donde se negocian los fallos indicando que el nivel de la corrupción se encuentra desde las altas cortes donde magistrados, exmagistrados y expresidentes de la Corte Suprema de Justicia han sido “salpicados” por casos de corrupción hasta los jueces de los pueblos[5]; sin embargo, estas denuncias son solo la punta del Iceberg.
El poder de los corruptos ha superado todas las barreras burlando incluso la controvertida Reforma Constitucional del Equilibrio de Poderes, que tenía como objetivo controlar la autoridad sin control y la corrupción que existe en las altas cortes; allí, el legislativo estableció que los servidores elegidos por corporaciones públicas deben ser resultado de una convocatoria masiva y ser los mejores en el concurso de méritos; sin embargo, esta ley no ha sido un impedimento para que “los organismos de control continúen bajo el mando de los clanes regionales y en el bolsillo de mandatarios locales” y la elección de los máximos jueces del control fiscal y administrativo siga marcada por la decisión de políticos que buscan favorecer sus intereses personales[6].
En los concejos, por ejemplo, los planes que conducen al desarrollo del municipio se aprueban o rechazan de acuerdo con la cantidad de concejales afines a la corriente política del alcalde o con quienes este haya negociado; allí, las mayores discusiones, los grandes debates y los generadores de conflictos más profundos se producen cuando se está eligiendo al contralor o al personero de la ciudad; los concejales se entregan a fondo, desplegando sus habilidades para realizar acuerdos, componendas y alianzas en busca de la mayor cuota posible dentro de la maquinaria.
Es necesario retomar el rumbo hacia un Estado equilibrado donde se priorice el crecimiento a partir del ser humano y donde el control político ejercido por las maquinarias se minimice transformándose en un mecanismo que garantice el desarrollo y esté enfocado en lograr una paz soportada en el bienestar del ciudadano garantizando atención prioritaria a la primera infancia, seguridad social, educación, justicia, empleo entre otras.
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[1] Aristóteles, la Política, libro tercero, capítulo VIII “Conclusión de la teoría de la soberanía”
[2] http://caracol.com.co/radio/2016/07/26/judicial/1469551284_181386.html, 26 de julio de 2016
[3] http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/organos-que-combaten-la-corrupcion-estan-infiltrados-por-corruptos-analisis-107048, 9 de julio de 2017
[4] El Tiempo, 22 de agosto de 2017
[5] Revista Semana, 11 de febrero de 2013
[6] http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/generales/281337-contralores-y-personeros-bajo-el-mando-de-los-clanes-politicos
Muy buen artículo compañero Miguel. Congratulaciones!!