Ética y patrocinio

La ética es una reflexión sobre la moral. Una reflexión basada en ciertos principios mínimos de decoro que todas las personas que ejercemos, o ejercimos, alguna migaja de poder debemos observar.

No es ninguna figura retórica el afirmar que el periodismo es el cuarto poder. No sé si el cuarto, el quinto o el enésimo. Pero que es un poder no debe quedar la menor duda.

De ello nos habla claramente una de las más lúcidas mentes del siglo XX, Norberto Bobbio, en su obra Estado, Gobierno y Sociedad, cuando discierne sobre las formas de poder y nos enseña que el poder ideológico es aquel que tiene la facultad de interpretar la realidad. Y el periodismo sí que tiene esa facultad de interpretar la realidad.

Pues bien, para quién ejerce el poder, en un Estado regido por una forma de gobierno pretendidamente democrática como el nuestro, existe una serie de limitaciones, denominada causales de impedimento.

Ese catálogo le es aplicable, particularmente a los jueces quienes ejercen, por excelencia el poder.

El artículo 56 de la Ley 906 de 2004 que establece el código de procedimiento penal contempla las causales de impedimento (que son las mismas de recusación) para los funcionarios judiciales.

Se podría decir perfectamente que los periodistas tienen su propio código de ética profesional y, por lo mismo, no tiene por qué regirlos una norma que es propia de funcionarios judiciales y tal objeción sería válida.

Pero, a diferencia de otras profesiones u oficios que tienen sus propios tribunales éticos, el ejercicio del periodismo es una especie de rueda suelta en este campo, como quiera que esté íntimamente ligado al derecho fundamental de la libertad de expresión.

Sin embargo, si se piensa que las normas jurídicas establecen un mínimo ético, ese mínimo ético es  compatible con el exigible a cualquiera otra actividad profesional que lleve aparejado el ejercicio del poder.

De modo que si extraemos de las mencionadas normas jurídico procesales, las causales de impedimento cuyo contenido es específico para los funcionarios judiciales, podremos encontrar unos enunciados normativos que, perfectamente, resultan aplicables a los periodistas como detentadores de un poder incuestionable y no sujeto a control alguno. Veamos.

Dice el capítulo VII, del código procesal penal, respecto de los impedimentos y recusaciones lo siguiente (solo copio lo que sería aplicable al periodismo):

“Causales de impedimento. Son causales de impedimento:

1. Que el funcionario judicial, (el periodista en este caso), su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal (o en el hecho noticioso, para el efecto).
2. Que el funcionario judicial (el periodista en este caso), sea acreedor o deudor de alguna de las partes, del denunciante, de la víctima o del perjudicado, de su cónyuge o compañero permanente o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.
3. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial (el periodista en este caso).
4. Que el funcionario judicial, (el periodista en este caso), su cónyuge o compañero o compañera permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, sea socio, en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada o en comandita simple o de hecho, de alguna de las partes, del denunciante, de la víctima o del perjudicado.”

Ya imagino lo que dirían los colegas periodistas si algún juez, en uno de los casos relacionados, no se hubiera declarado impedido. El escándalo sería de primera plana y de titulares en los telenoticieros.

Sin embargo, resulta bien particular que en la vida cotidiana los periodistas no se declaran impedidos para informar, opinar o editorializar al respecto.

Un caso patético ha ocurrido recientemente:

Existe en nuestros canales de televisión pública, pagada por los impuestos de todos los colombianos, un noticiero denominado CM&, cuya vida económica está inescindiblemente unida al patrocinio que le brinda una empresa multinacional denominada AVIANCA (que no es la misma entrañable SCADTA que está cosida a la historia empresarial de nuestra patria).

Ese noticiero tiene como  apéndice un programa de opinión denominado “Pregunta Yamid” que orienta el veterano periodista Yamid Amat.

Y si sometemos al análisis de las normas procesales que se citó al comienzo, el comportamiento del señor Yamid Amat durante el paro de pilotos de esa empresa transnacional, vemos cómo en reiteradas entregas de su espacio noticioso y de opinión,  entrevistó en forma exclusiva a los directivos de la empresa, incluyendo al señor Efromovich, mientras olímpicamente omitía otorgarles a los trabajadores un espacio semejante que habría sido la oportunidad de controvertir los argumentos de la contra parte.

Por el contrario se llegó incluso a editar  para acortarlas, las entrevistas del presidente de los pilotos, cuando de manera inevitable tenían que pasarlas en el noticiero, lo cual resulta ser una clara violación de los principios éticos.

El señor Amat y su séquito de CM&, estaban impedidos para abordar el tema del paro de AVIANCA. Todas las causales que se ha citado les eran aplicables. Sin embargo, en un olímpico desprecio por la ética y las buenas maneras AMAT y su CM&, se han consagrado al desprestigio y la deslegitimación del movimiento de los pilotos.

Flaco servicio le presta a la Democracia un periodismo dedicado a hacerle la corte a los poderosos, ocultando, distorsionando, informando parcial y parcializadamente, que es lo mismo que desinformar