Santurbán, a la orden del gran capital

Si para algo sirve ya y seguirá sirviendo la finalización del fin del conflicto armado [1]entre el Estado y las antiguas Farc, es para poner a la orden del Gran Capital, los recursos de la biodiversidad, en particular aquellos que el subsuelo guarda, como el carbón, el coltán y el oro, para nombrar solo algunos minerales.

Juan Manuel Santos acaba de validar el sentido de la anterior sentencia al confirmar la inversión de mil millones de dólares que hará los Emiratos Árabes, a través de su multinacional Minesa, en la explotación de oro en el Páramo de Santurbán.

El asunto es de una enorme gravedad en la medida en que la licencia de explotación ya fue solicitada a la ANLA[2], entidad comprometida con la entrega rápida de autorizaciones a empresas de explotación de oro, carbón y petróleo, cuyos funcionarios se sentirán presionados por la millonaria suma de dinero que está dispuesta a invertir dicho país. Las licencias exprés se pusieron de moda durante la administración de Uribe Vélez, política que tuvo continuidad en los dos periodos de Santos.

En esa línea, la ANLA funge como una suerte de rueda suelta que nadie controla, a juzgar por la rapidez con la que se entregan las licencias ambientales. Es más, se oye en los “mentideros políticos” que los funcionarios de dicha entidad “trabajan a destajo”, es decir, que su sueldo dependería del número de licencias aprobadas. Si eso llegare a ser cierto, los recursos de la biodiversidad estarían servidos en bandeja de plata al Gran Capital.

Volvamos al asunto. Por supuesto que los amigos del “desarrollo” por la vía del extractivismo, se frotan las manos por la llegada de semejante inversión. Muy seguramente las redes de corrupción ya están alertas para el cobro de comisiones y las formas institucionalizadas que entran en operación para otorgar la licencia de explotación en un ecosistema que afronta los problemas que genera la decisión de delimitar el Páramo de Santurbán, como si dicho ecosistema funcionara desde y bajo la lógica fragmentadora con la que opera la delimitación de un área que no debería de estar dispuesta para el desarrollo de minería a gran escala; y en cuanto a la minería artesanal, valdría la pena pensar en acciones de intervención con el fin de reorientar la vida de los mineros, ofreciéndoles, por ejemplo, servir de cuidadores del ecosistema.

Quienes aprueban y apoyan el desarrollo de dichas actividades mineras en el Páramo de Santurbán, parecen desconocer el principio de precaución planteado en la Ley 99 de 1993, en su artículo 1, de los Principios Generales Ambientales: “La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales: 1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. (…) 6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”.

¿Por qué insistir con proyectos de minería a gran escala si se conocen experiencias en el mundo y en el propio país, de los graves efectos socio ambientales que deja la llegada y operación de retroexcavadoras y las transformaciones de un ecosistema frágil y por, sobre todo, vital para los cientos de miles de ciudadanos que dependen del suministro del agua que nace de dicho Páramo?

Ojalá las comunidades allegadas al Páramo de Santurbán y en general los colombianos, emprendamos acciones colectivas que permitan detener toda actividad minera a gran escala tanto en este ecosistema, como en otros amenazados por la llegada de multinacionales y sus filiales, interesadas en saquear los recursos del subsuelo, ahora que el país “vive en el posconflicto”.

Queda claro que delimitar el territorio en el que subsiste el Páramo es una estratagema que abre el camino para actividades de exploración y explotación que benefician a unos pocos, en detrimento de la calidad de vida futura de quienes se benefician de los servicios ecosistémicos que ofrece en particular el Páramo de Santurbán.

Lo que está en juego con Santurbán no solo es el ecosistema en sí mismo, sino la institucionalidad ambiental y científica cada vez más afecta al desarrollo de este tipo de actividades antrópicas que claramente poco o nada aportan al “desarrollo” del país, por cuanto las ganancias terminan en los bolsillos de los accionistas de multinacionales como Minesa, en paraísos fiscales y algunas migajas que sabrá recoger agentes estatales corruptos.

Y resulta peor el panorama ambiental, cuando el Estado colombiano no solo deviene débil y precario, sino que no tiene una política ambiental coherente que realmente haga posible pensar en eso que ya se volvió un lugar común y parte fundante y fundamental de acciones de green wash: hablar de desarrollo sostenible o sustentable.

A la presencia de todo tipo de intereses alrededor de la explotación en zonas de Páramo, en particular en el de Santurbán, se suman las diferencias de criterio y de lectura de lo expresado por el Código Minero, en las sentencias de la Corte Constitucional y en lo expresado por expertos, científicos y directores de instituciones ambientales oficiales.

De tiempo atrás, el ex ministro del Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, viene advirtiendo sobre los riesgos de autorizar la explotación de oro en dicho ecosistema. Lo hizo en su momento, cuando la multinacional Greystar se interesó en el oro que se oculta en las entrañas de dicho ecosistema estratégico para millones de habitantes que dependen de su equilibrio y funcionalidad ecológicas. Rodríguez señaló: “No entiendo por qué estamos aquí. Y no lo entiendo porque el Código Minero excluye a los páramos de toda explotación. Entonces me parece que estamos en una situación absurda creada por el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, que aceptó, en forma que me parece condenable, la solicitud de una licencia ambiental por parte de la empresa canadiense Greystar”[3].

Hoy, parece que el ambientalismo y la defensa de la biodiversidad devienen en una profunda crisis, a juzgar por el poco eco y apoyo que ya tienen esas voces de alarma en universidades e instituciones de carácter ambiental. El silencio de la Academia desconcierta en la medida en que alienta a las interesadas multinacionales como Minesa, para intervenir en ecosistemas sobre los que poco se tienen cuenta las  valoraciones estéticas[4] y éticas que la ciudadanía hace, en aras de exigir que se detenga cualquier acción que comprometa el equilibrio ecológico del Páramo de Santurbán.

En esa medida, parece que para muchos científicos y académicos resulta mejor explotar unos recursos, haciendo uso de una autonomía sin límites y desprovista de cualquier responsabilidad con el medio ambiente y, sobre todo, con quienes de manera directa se benefician de los servicios ecosistémicos que les presta el señalado y deseado Páramo de Santurbán.

Augusto Ángel Maya, en su libro Ataraxia, habla de la Hybris humanista, como “… desconocer y separar esta pertenencia y unidad del hombre al ser, y vivir en una ilusión de autonomía sin límites”. Tantos los ingenieros de Minesa, el Presidente Santos y el Estado colombiano caerán en lo que los griegos llamaron la Hybris, como el pecado en el que cae el ser humano al rebasar sus propios límites y comportarse como si fuera Dios.

¿No será que desde sectores de la Academia y de la institucionalidad ambiental se le está haciendo el juego al extractivismo, cuando desde esos mismos escenarios, de duda y de ciencia, debería de gritarse a voz en cuello, que el desarrollo tiene unos límites y que estos aparecen cuando lo que se pondrá en riesgo es la propia supervivencia de cientos de miles de personas?

Creo que es urgente volver al ambientalismo de los años 60 y 70, de cara a enfrentar a quienes, desde la Academia, silentes o no, y desde los usos particulares de la ciencia, promueven discursos que, afectos por ejemplo al discurso de los ecosistemas emergentes, terminan validando todo tipo de acciones antrópicas de explotación que solo benefician a unos pocos, basados en que el dinamismo de la Naturaleza permite todo tipo de acciones humanas, como la explotación de oro en Santurbán.

Al principio de precaución hay que sumarle esta pregunta: ¿cuántos de los beneficiados y cuántos los afectados? Y es claro, que con la explotación de oro en Santurbán, los beneficiados serán unos pocos y los afectados, se cuentan por millones. Mientras la ANLA juega con la biodiversidad y el Páramo de Santurbán es ofrecido al Gran Capital, la Academia y los agentes de las ciencias ambientales, guardan cómplice silencio.

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[1] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2015/05/paz-politica-o-paz-economica.html

[2] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2016/04/el-juego-de-las-licencias-ambientales.html o http://ecofondo.org.co/articulo.php?id=205

[3] Véase: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-dedo-llaga-del-minambiente-articulo-247934

[4] Véase: http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com.co/2017/10/razones-para-conservar.html