La coyuntura política nos está enseñando que hablar de organización del territorio, de autonomía política y de nacionalismos no es cosa del pasado. Además, muestran que estos procesos no son tan coyunturales como parecen, sino que son resultados de años y años de confrontación entre Estados que se han construido a pulso autoritario, con fuertes esquemas centralistas y bajo lógicas partidistas que desconocen las realidades “periféricas”.
Tomemos dos ejemplos, uno es Cataluña y su intento de independizarse de España, y el otro es la constitución de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe en Colombia. Aunque ambos casos son totalmente distintos, lo más importante es que en ambos está de fondo mayor autonomía, un rechazo al centralismo y la búsqueda de nuevos liderazgos regionales que sean competitivos con las élites nacionales.
El caso catalán es un hito, en todo sentido, para el estudio de las autonomías territoriales en el mundo, pero es que no está aislado del resto de la realidad española. Hay que ser claros en que España en el Siglo XV era un conglomerado de reinos que estaban en poder de los musulmanes y los árabes, pero con la reunificación emprendida por Fernando de Aragón e Isabel de Castilla (los reyes católicos) lograron recuperar el territorio, expulsar a los árabes e imponer un Estado centralizado y basado en la obediencia a la corona, la sumisión a la religión católica y la utilización de la lengua “castellana”, que luego se trasformaría en el “español”.
Pero, esta tensión fue constante y con la ascensión del General Franco también hubo un profundo movimiento represor de las identidades nacionales, esto justificado en la conservación y defensa de la identidad española, del español como lengua oficial y de la religión católica como fuente de legitimidad del poder.
Hay que recordar que cada nación dentro de España cuenta muchas veces con una tradición, una historia, un idioma, entre otros elementos identitarios. Casos como Valencia, Asturias, Granada, Córdoba o las Islas Canarias son icónicos, pero ellos han logrado gestionar sus diferencias de maneras distintas. O el caso de País Vasco que desembocó en la formación de una de las guerrillas más sanguinarias de la historia que azotó España y Francia, por un reclamo de autonomía para una nación que ha sido históricamente rechazada, estigmatizada y prohibida sus manifestaciones culturales, por mucho tiempo el Euskera o “vasco” estuvo prohibido por las autoridades españolas.
El caso catalán es uno de las tantas identidades en tensión, en su caso sería el catalán y la rica cultura catalana elementos que demuestran y marcan la diferencia con el resto de España. Pero, se le suma a la tensión cultural e histórica el factor económico. Cataluña representa el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) español, es una región económicamente activa, industrializada, con una estructura de servicios muy fuerte y que provee de los mejores sistemas educativos de todo el Estado español.
En ese mismo sentido, tienen un gobierno regional que entiende la necesidad de declarar su independencia, de una España que consideran lejana, centralista y ligada a una corrupción encarnada en personajes como Rajoy o el PP.
Hay que ser claros que acá no debato o no la legalidad de la declaración de independencia hecha por el Parlamento y el gobierno regional en cabeza de Charles Pudgemont, sino que la aplicación del artículo 155 de la Constitución española el cual posibilita la disolución del gobierno regional, del parlamento regional y el nombramiento de la vicepresidenta española como presidenta regional por parte de Mariano Rajoy y el parlamento, controlado por el PP, es la muestra que clara y concreta que los catalanes están ganando el pulso, que España no ha logrado que su Estado regional llegue a un verdadero desarrollo autonómico y que Madrid está gobernando un territorio que no conoce, ni controla.
Desde España venimos a Colombia a reflexionar sobre un caso distinto, pero que tiene el mismo eje la lucha por la autonomía regional y el intento por ganar el pulso al centralismo de Bogotá. La pugna por las regiones como entidades territoriales ha sido histórica. El debate estuvo abanderado, y lo sigue estando, por el ex constituyente, ex ministro y actual gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa.
Es que solo mirar la expresión “autonomía” en el primer artículo constitucional, figura tomada de la constitución española, y en el artículo referente a las Entidades territoriales como que las regiones podrían convertirse en tales. Pero, este tema ha sido accidentado en el caso colombiano, porque se suponía que la Ley de Ordenamiento Territorial que emitiría el Congreso sería la clave y determinaría los criterios, competencias y formas de conformación de una Región como Entidad Territorial (RET), pero simplemente la Ley 1454 de 2011 (LOOT) lo que hizo fue clarificar conceptos sobre las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y las Regiones Administrativas y de planeación Especial (RAPE).
Por tal razón, en Colombia, contrario a lo que muchos creen, no hay piso jurídico para la conformación de las regiones como entidades territoriales, lastimosamente ha habido un poco voluntad política del gobierno nacional y de nuestro congreso de promover este tema, pero es consecuente con el miedo a la emergencia de nuevas elites regionales, aumentar los costos de transacción con los niveles intermedios, perder flujo de recursos centrales y competencias que pueden menoscabar la autoridad central.
Se cumplen algunos años de la realización del Voto Caribe, un voto simbólico que obtuvo 2.5 millones de votos en toda la región exigiendo la conversión en Región autonómica, este fue un primer paso. Lo que voy a defender aquí es la necesidad de la asociatividad como una medida que permita solucionar problemas a escala regional, promover prácticas democráticas distintas, subsanar el rezago de la región caribe frente al resto del país y promover esquemas de coordinación regional que permitan la inserción en el campo internacional.
La firma de la RAP Caribe el pasado 19 de octubre fue un primer paso, hay una voluntad real de los gobernadores del caribe y de los congresistas, pero esto debe materializarse más allá de un acta de constitución o una votación en el Congreso, debe verse reflejado en planes, contratos plan, políticas públicas y otras acciones que vayan encaminadas al desarrollo regional.
Estos dos casos aunque distintos reflejan las tensiones en los Estados unitarios donde la descentralización y la autonomía son la regla para lograr una “armonía” entre los diferentes niveles subnacionales. Así, estos casos reflejan que el centralismo acaba Estados, produce malestares y genera resentimientos profundos. Pero, también, nos deja la puerta abierta para otros casos que están en boga como lo es Palestina, Kosovo, la población ROM (gitana), Sahara occidental, Puerto Rico y otros tantos casos donde aún el colonialismo sigue subsistiendo, pero que ven en el caso de resistencia catalana como una esperanza para alentar su autonomía y la tan anhelada independencia.
El caso de la Región Caribe es un claro espaldarazo a Colombia para repensarse su ordenamiento territorial, el esquema de descentralización que tenemos y qué retos trae la paz para un país sumido en la pobreza, la desigualdad y el rezago institucional.
Necesitamos que emerjan desde las regiones nuevos liderazgos que defiendan lo público, que defiendan la autonomía y defiendan la descentralización como una política estatal que permite la subsistencia de nuestro Estado.
