Timochenko: ¿Presidente?

La aparición e irrupción de las ex guerrillas farianas en la procedimental Democracia colombiana cuenta, desde los primeros pre acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo de La Habana, con enormes resistencias desde disímiles sectores de la sociedad civil.

Al contar ya con personería jurídica, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) podrá participar en las elecciones de 2018, en las condiciones pactadas en el Acuerdo Final. Los máximos dirigentes de la Farc entran así y de lleno a la institucionalidad democrática. Y lo hacen sin que se hayan creado todas las instituciones y generado las institucionalidades de las que se habla en el documento con el que se negoció el fin del conflicto armado entre el Estado y la guerrilla Fariana, hoy desmovilizada.

La dirigencia del nuevo partido político (Farc) dio a conocer a los colombianos los cuadros que buscarán llegar al Congreso y se determinó también que Rodrigo Londoño, alias Timochenko, será el candidato presidencial con el que intentarán hacerse con el poder del Estado, esta vez a través del ejercicio de la política y el respaldo del electorado afín al ideario de dicha organización.

Por supuesto que no se hicieron esperar las reacciones en contra de la participación y la elegibilidad política de los integrantes de una ex guerrilla que se desmovilizó, que entregó las armas, pero que aún no comparece ante los magistrados de la JEP.

Hay que advertir que aún no entra en operación dicha jurisdicción, lo que significa que de resultar electos al Congreso e incluso, en el remoto caso de que “Timochenko” resulte elegido Presidente de la República, las decisiones judiciales, esto es, las sanciones a las que haya lugar y que deberán adoptar los magistrados de la JEP y que no favorezcan a los ex guerrilleros, tendrán que cumplirse durante el cumplimiento de sus funciones públicas.

Es comprensible hasta cierto grado las resistencias sociales que ya se expresan en torno a la posibilidad de que los ex combatientes de las Farc, señalados de la comisión de crímenes de guerra, en el contexto de un largo y degradado conflicto armado interno, puedan participar de las elecciones de 2018 sin haber pasado primero por la JEP.

Presento a continuación varias consideraciones y elementos que pueden coadyuvar a la comprensión del escenario político-electoral que se avecina con la participación de los ex guerrilleros reinsertados en la vida democrática del país.

1. Quienes rechazan, con inusitada vehemencia y odio que Rodrigo Londoño se presente a las elecciones de 2018 en su calidad de candidato presidencial de la Farc, terminan validando la conducta criminal y mafiosa de un Establecimiento que por largo tiempo promovió y aupó acciones de terror (el paramilitarismo, por ejemplo) que terminaron con los asesinatos de periodistas, profesores, líderes sociales y políticos, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, líderes cocaleros y candidatos presidenciales de izquierda, entre otros.  A lo que se suma, el desplazamiento de más de seis millones de colombianos, entre campesinos, afros e indígenas.

2. Oponerse a la participación política de los ex combatientes de las ya desaparecidas Farc-EP, termina por desconocer el carácter político de la entonces organización subversiva y la lucha política que por 53 años libraron los combatientes de esa guerrilla, contra un Estado y un régimen al que siempre consideraron ilegítimo.

Caen en un sinsentido y en un lugar común aquellos que insisten en negar y rechazar la incursión en política de los ex guerrilleros; y lo hacen, aupados por sectores de la prensa afectos a los Señores de la Guerra que no solo viven dentro del Establecimiento, sino que, con su capacidad coercitiva, lo convirtieron en un Régimen peligroso para aquellos que piensan distinto y desconocen la naturalizada legitimidad del actual orden de dominación.

3. Es claro que, con la participación de la Farc en el escenario electoral de 2018, la institucionalidad democrática se fortalece, y en general, se beneficia en buena medida el mismo Régimen de poder, en tanto permitirá la participación política de los ex combatientes. Eso sí, hay que advertir que habrá sectores de poder político, económico y social que buscarán la desaparición física de los reinsertados, por los miedos que generan los fantasmas del “castrochavismo” y el “comunismo”.

4. Es importante reconocer que el escenario electoral de 2018 puede resultar un quiebre histórico importante para el país, en la medida en que se abren dos caminos posibles: de un lado, una vía que conduce a que el actual Régimen de poder se fortalezca y con toda su ilegitimidad, logre consolidarse a pesar de que las causas objetivas e históricas que provocaron el levantamiento armado en los años 60 siguen sin superarse, lo que hace que los conflictos sociales, políticos y económicos se extiendan aún más en el tiempo.

Y la otra ruta, llevaría a la posibilidad de un cambio estructural en la forma en la que opera el Estado, la sociedad y el mercado, sin que ello necesariamente signifique llegar a lo que llaman el socialismo del siglo XXI. Esto último podría darse, si se cumple el punto 3.4.2 del Acuerdo Final firmado en el Teatro Colón, en el que se propone un Pacto Político Nacional.

5. El Pacto Político Nacional podría convertirse en una oportunidad para aquella élite enquistada en el Estado y que sostiene al mismo Establecimiento, de reorientar al país hacia mejores estadios sociales, económicos y políticos, que aseguren no solo el fortalecimiento de la democracia, el pluralismo político e ideológico, sino que entre todos se acuerde proscribir el uso de las armas en el ejercicio de la política, así como desterrar ese ethos mafioso con el que operan el Estado, la sociedad y el mercado.

Habrá que esperar que entre en operación la JEP, que las elecciones de 2018 transcurran en calma y que no se presenten actos de terror contra comunidades rurales o atentados contra quienes empeñaron su palabra y pactaron cumplir lo firmado en el Acuerdo Final.

Pero, sobre todo, lo que realmente esperamos es que, pasado un tiempo, no asistamos al intercambio de impunidades entre los máximos líderes de la Farc, el Establecimiento y aquellos sectores de la sociedad civil comprometidos con el devenir del conflicto armado interno y la participación en crímenes atroces y violaciones a los DDHH y al DIH.

Y termino con esta idea: el problema no está en que Timochenko se lance a la Presidencia puesto que así se pactó. Y para lograrlo, necesitará vencer a la maquinaria y al poder económico que respalda a Vargas Lleras; el asunto de fondo es si estamos dispuestos a seguir validando un régimen de poder que es responsable del nacimiento de las guerrillas y, por lo tanto, de la existencia de quien, desde la civilidad, busca o pretende cambiar el rumbo del país, de acuerdo con lo que él considera es un proyecto viable y la salida a los complejos problemas del país.

No podemos olvidar que Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es producto de ese ilegítimo orden político que muchos defienden al rechazar su temprana aspiración política.