El país de mierda

“Y hasta aquí los deportes, país de mierda” fue la expresión que el periodista César Augusto Londoño usó al aire, para rechazar el asesinato de Jaime Garzón. Que un periodista, en plena emisión de un noticiero, fustigue y exprese el dolor que le produjo el crimen del humorista y periodista, resultó, por lo menos, llamativo. Dejo esta idea aquí, para retomarla al final de esta columna.

Los ya 81 líderes sociales asesinados en lo que va del 2017, da cuenta de varios hechos y circunstancias que bien vale la pena atender y entender, en aras de dimensionar lo que significa lo que ya muchos señalan como crímenes sistemáticos asociados muy seguramente a un proyecto político aupado por sectores de derecha y ultraderecha. Es más, dichas acciones violentas sería el abrebocas de lo que vivirá el país en el 2018, año clave en el que dos proyectos políticos se verán enfrentados: de un lado, el proyecto que va de la mano de la implementación del Acuerdo Final, que implica y compromete transformaciones en el Estado y en la sociedad; y del otro lado, el proyecto conservador- tradicional, aupado por los sectores de poder en los que emergen figuras como Uribe Vélez y Vargas Lleras, entre otros.

El primer hecho claro es, quizás, el más evidente, pero el menos advertido en términos de su importancia y tiene que ver con las armas. Es decir, con aquellas que sicarios operaron contra víctimas con perfiles claramente definidos: defensores del medio ambiente, reclamantes de tierra, opositores a proyectos mineros, líderes cocaleros y defensores de derechos humanos.

Desconozco si las armas utilizadas en estos crímenes tienen un origen ilegal o legal y la suerte que corrió dicho armamento, en los casos, si los hubo, en los que hayan sido capturados los sicarios. El punto aquí es la facilidad con la que circulan armas ilegales. Me pregunto: ¿qué están haciendo los organismos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas para golpear y desarticular las redes y las mafias que están detrás del tráfico de armas? Parece que no mucho. Este debería de ser el primer gran aspecto a poner en las mesas de los consejos de seguridad que se convocan, para diseñar estrategias que eviten el asesinato de estos líderes y en general, de cualquier colombiano.

¿Cuáles son los protocolos- si los hay- que se ponen en marcha cuando son decomisadas armas en operativos y allanamientos que realizan la Policía y las Fuerzas Militares? Si se guardan en las guarniciones militares o en las estaciones de Policía, quién responde para que dicho armamento no salga de esos depósitos y se usen en crímenes de especial valor político (como muerte de candidatos a la Presidencia ocurridos en el pasado) o estos, cuyo valor está asociado a prácticas con las que se busca impedir la implementación del Acuerdo Final (II).

El segundo hecho claro es que muchas de las muertes de los líderes y lideresas responden, desde una perspectiva territorial, a los territorios que dejaron las Farc y en los que cobrarán sentido político y electoral las 16 Circunscripciones Especiales de Paz negociadas en La Habana y que aparecen en el Acuerdo Final firmado en el Teatro Colón de Bogotá. Este elemento, de carácter político, es el eje en el que se pueden articular otros elementos con el fin de demostrar la sistematicidad que el Gobierno y la Fiscalía no desean reconocer.

Un tercer hecho tiene que ver con la valoración que sectores de la sociedad hacen de los crímenes. Como se trata de campesinos, afros o de indígenas, sus muertos no cuentan para el grueso de la sociedad que vive y sobrevive apiñada en ciudades y capitales de departamento. Y la negativa valoración nace o está anclada en un principio rector: se trata de ciudadanos disonantes cuyos proyectos de vida no se ajustan a las demandas del actual modelo económico extractivo. De allí que su eliminación física está más que justificada por aquellos sectores de poder político y social que vienen aupando la consolidación del modelo de las grandes plantaciones como palma africana, caña de azúcar o proyectos de mega minería, entre otros.

Así las cosas, el país de mierda de César Augusto Londoño, es el mismo país que no se moviliza por los crímenes perpetrados contra estos colombianos. Ese mismo hedor que describió el periodista deportivo, acompaña a la sociedad colombiana que se “levanta” y se “une” más fácilmente en torno a un partido de fútbol de la Selección masculina de mayores.

Por largos 90 minutos millones de colombianos se sentaron a sufrir y a disfrutar después, la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Rusia 2018 (una Senadora cree que se clasificó a un “mundial” a realizarse en la antigua URSS). Pero la muerte de los 81 colombianos ni siquiera concita o convoca una conversación que dure 10 minutos. Eso somos como sociedad y como país: una mierda.