Del Paro Nororiental a la masacre de Tumaco

Al cumplirse 30 años del Paro Nororiental y cuando las causas que lo originaron siguen vigentes, nos encontramos con la miserable masacre de los campesinos de Tumaco. Entonces nos preguntamos: ¿Por qué el Estado colombiano prefiere asesinar a sus campesinos antes de solucionar sus mínimas necesidades para tener una vida digna?

Para entender mejor el trato discriminatorio y segregacionista que el Estado colombiano le ha dado a sus campesinos y por qué no se ha podido consolidar la paz en nuestro país, es importante recordar lo sucedido en el Paro Nororiental.  

Los líderes sociales, cívicos y sindicales de Ocaña, Norte de Santander, y la región del Catatumbo -entre los que me encontraba yo-  siempre estuvimos comprometidos con las luchas sociales buscando mejorar las condiciones de vida de los habitantes de nuestro territorio y del país en general. Conociendo la precaria situación social y económica en que se encontraban los campesinos de la región, decidimos apoyarlos en su justa causa. Las principales peticiones al gobierno nacional eran: carreteras y carreteables para poder sacar sus productos, agua potable, escuelas, puestos de salud y electrificación rural.

Además de lo anterior, también se incluían peticiones locales en los pliegos que se negociaron, por ejemplo, en Ocaña se pedía, entre otras cosas: mejorar las vías y el Hospital Emiro Quintero Cañizares, la ampliación del Acueducto y la interconexión eléctrica nacional.

El Paro Cívico Nororiental se llevó a cabo entre el 7 y el 13 de junio 1987, cuando más de 120 mil campesinos se movilizaron hacia las cabeceras municipales de los departamentos: Norte de Santander, Cesar, Santander y Arauca. Las mayores concentraciones fueron en Ocaña, más de 35 mil campesinos; en Barrancabermeja, más de 25 mil campesinos y en Valledupar, más de 15 mil campesinos; seguidas por Tibú y Arauca. (Ver video)

No obstante, el Estado colombiano en vez de cumplir lo pactado, macartizó y estigmatizó al movimiento cívico-campesino. La protesta fue atribuida a los grupos guerrilleros que hacían presencia en El Catatumbo y en los meses siguientes 13 de sus organizadores fueron asesinados.

El 23 de julio de 1987, en Ocaña, asesinaron a Hernando de Jesús Sanguino Jácome, dirigente sindical de Asinort y profesor del Colegio Alfonso López. Los sicarios le dispararon cuando salía del colegio. Anteriormente, Hernando de Jesús había sido amenazado junto con otros miembros del Comité Cívico de Ocaña. 

Además de lo anterior, los líderes sociales, cívicos y sindicales de Ocaña que apoyamos el paro fuimos amenazados de muerte y varios compañeros y sus familias sufrieron atentados, motivo por el cual tuvimos que salir de la ciudad. En mi caso en particular estuve en Cúcuta, durante los primeros meses de 1988, negociando la primera Convención Colectiva de Trabajo en calidad de Presidente del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Francisco de Francisco de Paula Santander (SINETRAUFPS)

Después de lo anterior arreciaron las amenazas y los seguimientos en contra mía. Personajes siniestros en motocicletas sin placas me asediaban a la llegada y la salida de mi casa y de la Universidad. A raíz de lo anterior, estuve gran parte del tiempo fuera de mi ciudad adelantando trabajos sindicales en la Universidad Industrial de Santander (UIS) y en la Universidad Nacional de Bogotá, hasta que la situación se hizo insostenible y el 31 de julio de 1989 me vi obligado a radicarme en Bogotá, dejando a mi esposa María Fernanda Rojas y a mi hijo Carlos Andrés, quien apenas tenía 6 años.

Cuando mi hijo terminó el año escolar a final de noviembre de 1989 viajó a Bogotá junto con su madre, la cual llevaba en el vientre a mi hija María Fernanda Carrascal Rojas, quien nació en Bogotá el 10 de enero de 1990. “Mi papá, desde hace más de 30 años luchaba por los derechos de los campesinos, los cuales hace muchos años atrás vienen pidiendo lo mismo”: Mafecarrascal en Blu Radio.

Con asesinatos y persecución de líderes campesinos y sociales, el Estado logró debilitar al movimiento agrario durante varios años. A partir del 2002, con la llegada a la Presidencia de Álvaro Uribe se desató la barbarie paramilitar y el desplazamiento hacia Venezuela. Los paramilitares llegaron a los pueblos del Catatumbo, Norte de Santander, cortando cabezas para jugar fútbol con ellas, literal y crudamente. A punta de terror los paramilitares asociados con las Fuerzas Armadas de Colombia, quienes en muchos casos, y está demostrado, apoyaron logísticamente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)  y desplazaron a miles de campesinos con el objetivo de dominar el territorio para la libre extracción de sus riquezas naturales.

Para entender mejor lo que pasa en la compleja frontera colombo-venezolana es  importante revisar lo ocurrido allí: en El Catatumbo los campesinos caminan descalzos sobre las reservas de petróleo y carbón, reservas que hacen a esta región muy atractiva a las corporaciones y a los grandes capitales multinacionales, de ahí que durante el gobierno de Álvaro Uribe este territorio fuera tomado por el paramilitarismo comandado por Mancuso, jefe de las llamadas AUC, quien actualmente se encuentra cumpliendo condena por narcotráfico en los Estados Unidos. 

A pesar del asesinato y desplazamiento de sus líderes los campesinos han mantenido su lucha exigiendo mejores condiciones de vida. En 2013 se llevó a cabo un nuevo paro campesino en el Catatumbo, cuando 17 mil labriegos salieron a protestar y 4 de ellos fueron asesinados, mecha que encendió la indignación del país. Las principales peticiones de los campesinos eran: la no erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y la constitución de la Zona de Reserva Campesina. 

Como ha sido la constante, la respuesta del Gobierno nacional fue la brutal represión a los campesinos y la estigmatización a los dirigentes del paro. “La actitud de Santos recuerda a la de Uribe, justificando la fuerza antes que el entendimiento”: César Jerez. 

Cuando los campesinos del Catatumbo se movilizaron otra vez para reclamar por el incumplimiento del Gobierno nacional en obras prometidas, recibieron nuevamente el ataque aleve e irresponsable del expresidente Álvaro Uribe, quien en su cuenta de Twitter los señaló de guerrilleros. Los campesinos del Catatumbo le respondieron a Uribe así: Ver video.

Si el Estado colombiano en vez de perseguir, amenazar, desplazar y asesinar a los líderes sociales, cívicos y campesinos hubiera cumplido con lo acordado en el Paro Cívico Nororiental, habría mejorado significativamente la calidad de vida de los campesinos.

Las carreteras y carreteables hubieran permitido a los campesinos sacar fácilmente y a más bajo costo sus productos agrícolas a las ciudades, y los labriegos no se habrían visto obligados a sembrar cultivos ilícitos para poder subsistir en compañía de sus familias.

Muy seguramente esos programas sociales se habrían replicado a nivel nacional y el país se hubiera desarrollado agroindustrialmente -podríamos hoy ser potencia mundial en este  campo- desarrollando una economía diversa y habríamos evitado la crisis que afrontan hoy los países con economías dependientes de hidrocarburos fósiles.

La calidad de vida para todos los habitantes de nuestro país habría mejorado significativamente, la guerra hubiera terminado hace muchos años atrás y nos habríamos evitado miles de muertos en un conflicto cruel y devastador, que ha recorrido y llenado de luto a toda Colombia, hasta llegar hace unos pocos días a la masacre de los campesinos de Tumaco.

Dijeron en Tumaco: “La Policía disparó indiscriminadamente contra los campesinos, a quemarropa practicamente”, sin embargo, las autoridades insistieron en culpar a disidentes de las FARC por la masacre que dejó 7 muertos. Mientras, el presidente Santos ofreció $150 millones por alias ‘Guacho’.(Ver video)

Según voceros del partido FARC, alias ‘Guacho’, a quien las autoridades han señalado de ser uno de los autores de la masacre de Tumaco, nunca hizo parte de los listados que la guerrilla entregó al Gobierno nacional y a la ONU. “Alias ‘Guacho’ es un paramilitar”: Iván Márquez. Lo que se supo más adelante es que la Policía habría alterado la escena del crimen en el sitio de la masacre de los campesinos de Tumaco.

Meses atrás el gobernador de Nariño, Camilo Romero, le hizo un llamado al Gobierno nacional sobre la urgencia de implementar la sustitución de cultivos, para evitar mayores tragedias. “La sustitución reconoce que detrás lo que hay son seres humanos, es decir el tema no es de criminalidad sino de problemática social. Lo que está en juego en Tumaco no es otra cosa que el reto del Estado de demostrar si somos capaces de implementar el proceso de paz”. 

Sin embargo, el Gobierno desestimó el llamado del Gobernador de Nariño, destinó bajo presupuesto y muy pocos funcionarios para atender la sustitución consensuada y, por el contrario, envió a la zona todo un regimiento compuesto por: Policía, ESMAD y Ejército, para imponer a la fuerza la erradicación de cultivos ilícitos, incumpliento el punto 4 del acuerdo de paz.    

Otra de las causas que atenta sensiblemente contra la consolidación de la paz es, como ayer, el continuo asesinato de líderes sociales en el país, ante la permisividad del Estado. La Fiscalía dice que los homicidios no son sistemáticos, mientras el Gobierno asegura que los paramilitares, señalados de cometer los asesinatos, no existen.

En menos de un mes fueron asesinados 19 líderes sociales, indígenas, sindicalistas, campesinos y defensores de derechos humanos, más de 220 asesinatos después de la firma del acuerdo de paz con la FARC. Entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de julio de 2017 fueron 186 los homicidios y en los últimos 20 años más de 1300 líderes han sido asesinados en todo el país. Además, están siendo asesinados los excombatientes de las FARC. 

Del Paro Nororiental a la masacre de Tumaco, no se ha logrado construir justicia social que redunde en paz para Colombia, porque lamentablemente hemos sido gobernados, durante un poco más de 200 años, por una oligarquía cavernaria, fascista, corrupta y violenta, que ha entregado los recursos naturales a las multinacionales, ha permitido la concentración de la tierra en pocas manos, ha cerrado los caminos de participación política y ha permitido la violación sistemática de los derechos humanos.