Voy empezar citando sólo un hecho reciente para hablar de la gravedad de la situación de Derechos Humanos en el país -pues hoy su frustrante historia en la materia está haciéndose visible- esta es aún más inaceptable en un contexto de posconflicto: es el momento de que la sociedad se ponga las pilas para que el tema deje de ser uno de los últimos en la agenda nacional.
En un comunicado emitido por los guerrilleros de la antigua zona veredal en Nariño, la Dirección Política, ETCR “Aldemar Galán” Policarpa – Nariño, las FARC afirma que 6 asesinados son excombatientes de las FARC y que no se puede seguir diciendo al país que los hechos son simplemente producto de las disidencias del mismo grupo. Apunta a denunciar que la inactividad del Estado para ocupar las zonas (no sólo militarmente) es la que permite que estos grupos sean usados por sus enemigos. Los cito:
«Dejamos claro que a estas bandas no se les puede llamar “disidencias”, como alegremente pretenden denominarlos los medios tradicionales de comunicación. Si fuese así estarían planteando una lucha ideológica y de cambio social equivocada o no, pero lo que hacen es arremeter con violencia desenfrenada, no contra un estado o gobierno, sino literalmente contra sus propios hermanos de raza y de sangre, buscando alcanzar poder local para obtener beneficios económicos particulares […] ¿Acaso no es la mejor coartada utilizar a estas bandas para que realicen actos de canibalismo social y político que solo favorece a los poderosos de siempre?»[1]
Al respecto me posiciono teniendo en cuenta una charla que tuve con un hombre que llegó a Bogotá porque se cansó del maltrato en las minas de oro de las disidencias de las FARC, me aseguraba que cuando las FARC como organización política estaba al mando la situación era diferente. Aquel encuentro me señalo la complejidad de las dinámicas territoriales que se están presentando en el país, y me dejó claro lo factible que es que -contrario a lo que textualmente las FARC expresan- las disidencias no conserven ningún objetivo político (sabemos que las disidencias de las FARC tienen como principal motivación el lucro del narcotráfico). Digo esto, pero sin llegar a afirmar que en este caso específico se trate o no de disidencias ya que no tengo pruebas.
Sin embargo, es claro que no todo lo que esta pasando en los territorios no se puede atribuir a las disidencias, y en esto debemos empezar a hilar más fino, de allí la importancia de los seis asesinatos como ejemplo de la complejidad, pues lo que es indudable es que estos grupos (paramilitares, bacrim, y disidencias) son un peligro inminente para la construcción de paz territorial. Al respecto, no deja de ser destacable el posicionamiento que asume las FARC al pedir, ellas mismas, que a este tipo de grupos los combata el gobierno con efectividad, al igual que lo dicen para con sus propias disidencias.
El punto en todo esto es que el Estado no está demostrando voluntad política de construir una paz real, necesitamos que este llegue a los territorios también como garante de derechos, pero ya que le subieron de nuevo el presupuesto a defensa ¿no pueden al menos llegar con pie de fuerza para garantizar seguridad en los territorios? ¿o todo es para erradicar forzosamente y que pasen cosas como la masacre de Tumaco? ¿No tendrán razón las FARC en que la mejor coartada es utilizar a estas bandas para que realicen actos de canibalismo social y político que solo favorece a los poderosos de siempre?
Yo tiendo a creer que sí la tienen, porque, aunque sea difícil e incorrecto homogenizar las fuerzas que se mueven detrás de todo esto – por la especificidad de los territorios-, los acuerdos a los que tendrían que llegar sectores sociales, económicos y políticos, y que son necesarios para construir paz, están atravesados y truncados por toda la verdad que falta sobre los intereses y la participación de las clases políticas y económicas en la guerra.
Se trata de superar la violencia sociopolítica en el país, camino a una consolidación democrática, y con ello avanzar significativamente en la garantía de los DDHH. Consolidación que claramente está en muy mal camino cuando se están asesinando líderes sociales y ex guerrilleros (este no es el único caso de exguerrillero asesinados). Es más, sólo hace falta ver cómo va el trámite de la reforma política en el Congreso hoy en día -todo porque no se acepta que la democracia se amplíe y las FARC tengan voz -.
Volviendo al tema, la exigencia mínima al Gobierno Nacional es ocupar los territorios y enfrentar las amenazas de seguridad en ellos. La palabra paz no puede implicar más zozobra para quienes han vivido el conflicto, no puede implicar continuidad en la violación de DDHH.
Está claro que hay que encaminarse a construir una paz real y que ello implica que el Estado haga presencia efectiva en los territorios, no que sucedan cosas como el asesinato de José Jair Cortés, integrante de la Junta del Consejo Comunitario del Alto Mira y denunciante de la masacre de Tumaco -de la masacre de un Estado que no podemos dejar de llamar terrorista (sí, los únicos terroristas en esta guerra no han sido las FARC)- o el último asesinato reportado, el de la líder de mujeres y profesora Astrid Ramírez en el Tolima.
Es creciente el número de asesinatos a líderes sociales en el país y probablemente el número de ex guerrilleros asesinados también sea cada vez mayor.
¿Será que el Sr. Estado, con su monopolio “legítimo” de la violencia se digna a hacer algo? ¿o será que los DDHH sólo serán posibles las pocas veces que las comunidad internacional sanciona al país por su pésimo desempeño en el tema?
Estamos un país que hasta hace poco empezó a aceptar su responsabilidad en las violaciones a DDHH[2], y por eso mismo – como estrategia del Estado para evadir su responsabilidad- en el país que califica a todos los defensores de DDHH como mamertos mentirosos gracias al discurso sostenido desde el Estado. ¿No nos basta la terrible situación de DDHH actual para darnos cuenta de que el tema no puede seguir siendo evadido por el Estado Colombiano?
Los DDHH deberían ser una prioridad, pero como su protección no genera rentabilidad si no se une a un tema económico que genere costos al Estado (como sanciones comerciales, o la posibilidad de pertenecer o no a la OCDE) entonces las denuncias del nivel Nacional no son tenidas en cuenta. Sugiero que es hora de llenar el SIDH (Sistema Internacional de derechos Humanos) de denuncias, y que las ONG y defensores de DDHH Nacionales haga alianzas con ONG europeas, ya que esta parece ser la única forma de que el gobierno se interese (dadas las consecuencias económicas que trae la mala reputación).
Hay que presionar la creación de mecanismos institucionales Nacionales de DDHH (sólo existe uno, el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario[3]). Pero lo que es realmente fundamental es que los ciudadanos se sientan responsables y preocupados, para que el trabajo de los defensores de DDHH en el país rinda frutos la presión social y de la opinión pública debe ser inminente.
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[1] http://www.farc-ep-occidente.org/articulo/Enero-2017/comunicado-desde-zvtn-alto-la-paloma/ o http://caracol.com.co/emisora/2017/10/18/pasto/1508358387_377937.html
[2] Borda, Sandra y Sánchez, Nelson Camilo 2013 “La administración Santos y el proceso de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: De la negación y las concesiones tácticas al estatus prescriptivo”, en Revista Pensamiento Propio. Buenos Aires, Argentina. Diciembre 2013.
[3] Ibid. Pp. 161
