Tras el blindaje jurídico que dio la Sala Plena de la Corte Constitucional al Acuerdo de Paz, que establece que los próximos tres periodos presidenciales no tendrán que respetar los mandatos allí establecidos, se espera el Gobierno pueda expedir las normas que den paso a su implementación.
De esta manera, con el Acto Legislativo 02 de 2017, “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integridad con lo acordado”
Algunos de los puntos más importantes del Acuerdo que con este Acto Legislativo quedan protegidos son:
Acuerdo sobre las víctimas del conflicto: el punto más importante de cara a la reparación de los daños hechos por un conflicto de más de 50 años, es al que menos importancia se le ha dado. Con este acuerdo se busca crear un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, los pilares más importantes en la terminación de una guerra.
Para la oficina del Alto Comisionado para la Paz, este acuerdo busca “lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, rendir cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él, y contribuir a alcanzar la convivencia, la reconciliación, la no repetición, y la transición del conflicto armado a la paz”.
El Sistema Integral busca beneficiar a las víctimas de agentes del Estado, víctimas de las guerrillas, y también de los grupos paramilitares. Actualmente, ya se cuenta con 20 magistrados que conforman el Tribunal para la Paz. Este brazo de la justicia tiene como función revisar expedientes penales, administrativos y disciplinarios cometidos con relación al conflicto armado colombiano.
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): En sus manos está dar legitimidad al proceso de paz, para ello tienen un plazo de diez años, un plazo adicional de 5 años para concluir el proceso de revisión de expedientes y, en caso de los magistrados de la Jurisdicción lo soliciten, 5 años adicionales.
El funcionamiento de esta jurisdicción cuenta con: la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas y la Sala de Amnistía o Indulto.
Este Tribunal se encargará de revisar los casos, someter a juicio a quienes no reconozcan responsabilidad, emitir sentencias, imponer las sanciones correspondientes y fijar las condiciones para su ejecución; así como la de supervisar el cumplimiento de las sanciones. Igualmente, revisará condenas emitidas por la justicia ordinaria, siempre que se trate de delitos cometidos en el marco el conflicto.
Participación política: El acto legislativo que permite la participación política de las Farc en la democracia colombiana fue aprobado en abril del presente año. Con este acuerdo se asegura la participación en el Congreso: cinco Senadores y cinco Representantes a la Cámara durante los siguientes dos periodos. El Gobierno deberá financiar la campaña política de este nuevo partido.
Bajo el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), el pasado 9 de Octubre se registró ante el Consejo Nacional Electoral el partido político del ex grupo guerrillero. Iván Márquez afirmó que “al convertirnos hoy en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, estamos entregando al pueblo esa potencia; esa fuerza arrolladora para que con sus propias manos direccione el cambio”.
Adicional a las 5 curules al Senado y las 5 a la Cámara, los miembros del nuevo partido político no descartan la posibilidad de tener un candidato único para las elecciones presidenciales del próximo año.
Fin del conflicto armado: Las Farc ya entregaron 8.994 armas y 750 caletas. A febrero de este año ya se habían desmovilizado 6.900 guerrilleros a pesar que el gobierno esperaba que se desmovilizaran alrededor de 10 mil combatientes de ese grupo armado.
Por el momento, la segunda Misión de Verificación de la ONU inició sus labores en las zonas veredales que tienen como fin verificar los compromisos sobre la reincorporación de los y las ex integrantes de las FARC-EP, así como las garantías de protección y seguridad para comunidades en las zonas más afectadas por el conflicto. Se espera que al 1 de diciembre se haga la transición entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Agencia para la Reintegración y la Normalización, para la administración de los espacios territoriales donde permanecerán los excombatientes.
Un tema importante de este acuerdo es que el Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las Farc-EP, tema que avanza pero le falta mucho por avanzar de la mano de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Durante 12 años estos puntos del Acuerdo tendrán blindaje aunque, según lo expresó la Corte Constitucional en su comunicado número 51 del 11 de octubre de 2017, la expresión “obligación” es una “obligación de medio, esto es, de llevar a cabo los mejores esfuerzos para cumplir con lo establecido en el Acuerdo Final, entendido como política de Estado, cuyo cumplimiento se rige por la condicionalidad”.
Me parece muy bien, pero tal ves es necesario que la corte constitucional, además de proteger esos putos debería garantizar que el acuerdo sea intocable todo. igualmente con el que esta en proceso, el futuro del país y de su desarrollo económico y político dependen de desarrollo y viabilidad en la construcción de un país mejor, justo, equitativo y soberano.