Los hechos acaecidos en zona rural de Tumaco pueden examinarse desde tres dimensiones-realidades:
La primera, que confirma la histórica debilidad del Estado para copar el territorio y por esa vía, exhibe la dificultad para erigirse como un referente de orden moral no solo para sus asociados, sino para los propios miembros de la Fuerza Pública y los demás funcionarios de esa precaria institucionalidad pública con la que suele expresarse el Estado colombiano y en particular el gobierno local en ese puerto nariñense.
La segunda, las enormes dificultades que afronta la implementación del Acuerdo Final, justamente por la débil institucionalidad estatal, pero con un agravante: la crisis misional de la Policía Nacional, y el funcionamiento aislado de la Policía Antinarcóticos, que da a este cuerpo armado el carácter de rueda suelta; y una tercera dimensión-realidad, alude al fenómeno de desterritorialización del Estado, de la legalidad, del deber ser y de las prácticas de campesinos y en general de la vida civil. En su lugar, se expresa la territorialización del crimen, de lo incorrecto y de la ilegalidad.
La labilidad del Estado asegura no solo la presencia de cultivos de uso ilícito, de narcotraficantes, paramilitares y de otras organizaciones criminales, sino que la inmoralidad de los funcionarios públicos del nivel central (magistrados de altas cortes, políticos profesionales y operadores políticos) permea a las instituciones armadas estatales. Baste con recordar episodios en los que miembros de la Policía y el Ejército terminaron cuidando a ciertas estructuras delincuenciales, a narcotraficantes y paramilitares. Allí los límites entre lo legal y lo ilegal se hicieron borrosos.
Es tiempo de revisar si dentro de la Policía Antinarcóticos existen hoy alianzas con narcotraficantes y reductos paramilitares. Lo cierto es que la rampante corrupción en las altas esferas del Estado es el espejo en el que muy seguramente muchos miembros de la Fuerza Pública se miran para cumplir con su deber, guiados, eso sí, por el mal ejemplo de una clase política corrupta, sórdida y cicatera.
En lo que refiere al proceso de implementación del Acuerdo Final, lo sucedido en Tumaco confirma la lenta llegada de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y quizás, el mensaje que envía lo acaecido, es que dichos programas y estrategias ya están fracasando o fracasarán en lo consecutivo.
De allí que se necesite de una intervención humanitaria sistémica y sistemática en Tumaco, así como en otros territorios en donde el monocultivo de la coca no solo está acabando con selvas y ecosistemas naturales, sino que está erosionando la soberanía estatal, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana y contaminando a miembros de la Fuerza Pública que pueden estar hoy más cerca de los intereses de narcotraficantes; y otros, que empeñados con la erradicación de la coca, siguiendo las órdenes del Gobierno, poco les importe asesinar civiles. Al fin y al cabo, esos policiales saben que en Bogotá y en otras ciudades capitales la muerte de campesinos cocaleros no moviliza a la opinión pública.
Y en cuanto a la tercera dimensión-realidad, Tumaco, como otros municipios y zonas del país, hacen parte de lo que se conoce como territorios en disputa. La política anti drogas, la precariedad del Estado, la presencia de organizaciones criminales de diverso pelambre, así como las transformaciones culturales de campesinos y otras comunidades permeadas por el poder económico que da cultivar coca, coadyuvan en buena medida a los procesos de desterritorialización que sufre Tumaco. Los efectos son claros: de tiempo atrás en zonas cocaleras, como las que existen en dicho puerto, lo que subiste es una suerte de territorialización del crimen, de la ilegalidad y de prácticas contrarias al buen vivir.
La masacre de seis campesinos es un hecho execrable y un crimen que de inmediato debería hacer reaccionar al Ejecutivo y al propio Congreso, en aras de revisar a profundidad la política anti drogas y en particular, examinar las estrategias de erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito puestas en marcha en el marco del proceso de implementación de lo acordado en La Habana.
Resulta inaceptable que la Policía Antinarcóticos exhiba comportamientos propios de una entidad que funciona por fuera de límites y controles institucionales. No por atender las exigencias en materia de la lucha contra las drogas por parte del Departamento de Estado de los EE.UU, el Estado colombiano puede entrar en la dinámica de mandar a asesinar civiles inermes, que si bien protestan y se enfrentan a la Fuerza Pública, su condición civil no puede ser desatendida por miembros de la Policía Antinarcóticos, cuerpo armado que confirma la desviación misional de la Policía Nacional, cuerpo civil armado que debería velar por la seguridad ciudadana.
Quienes defienden el papel de la Policía Antinarcóticos dirán que justamente los narcotraficantes y todo lo que se mueve alrededor de su accionar, ponen en riesgo la seguridad ciudadana. Es posible que así sea, pero los hechos sucedidos en zona rural de Tumaco nos llevan a la urgente necesidad de revisar cuál es la misión de la Policía y de esa forma, desmontar la actual Policía Antinarcóticos, dando lugar a otra estructura y si se quiere, a otra institucionalidad que enfrente a los cultivos de uso ilícito.
Si se confirma la participación de miembros de la Policía Antinarcóticos en el asesinato de los seis civiles, la responsabilidad política la debe asumir el Presidente de la República y sus ministros; de igual forma, los policiales deben ser procesados y condenados. Lo sucedido amerita, insisto, en una revisión de ese cuerpo de la Policía. Algo pasa en su interior.
A la gravedad de la masacre de los seis campesinos, se suma el ataque de la Policía Antinarcóticos a la misión humanitaria que intentaba entrar en la zona en donde ocurrieron los hechos del jueves pasado. Dicho comportamiento puede indicar un nivel de estrés muy alto por la presión que ejerce el Ejecutivo para cumplir con el Departamento de Estado de los EEUU, pero también un comportamiento anormal y criminal, fruto de la porosa frontera que los mismos policiales, posiblemente contaminados por el poder corruptor de narcos y del negocio de la coca, establecieron entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo institucional y lo no institucional.
Adenda: Que miembros del Ejército hayan auxiliado a los civiles atacados por la Policía Antinarcóticos, y que hayan al parecer evitado más muertos, genera muchas dudas alrededor de la forma como operan estos dos cuerpos armados en dicho territorio.
