Los problemas que hoy afronta la implementación del Acuerdo Final son de responsabilidad compartida entre el Gobierno de Santos, la institucionalidad estatal involucrada, agentes de la sociedad civil, los colombianos en su conjunto, las dinámicas políticas al interior del Congreso y por supuesto, las propias Farc, en una proporción menor. Eso sí, subsiste un inicio común para todos: la idea y la terquedad de Santos de refrendar lo acordado vía plebiscito y la derrota sufrida el 2 de octubre de 2016.
De forma rápida señalo en qué consisten las responsabilidades. En el caso del Gobierno, porque la Unidad Nacional no se fundó sobre la existencia de un documento de política pública de paz que, tanto como documento y como doctrina, permitiera, por ejemplo, planificar escenarios de posconflicto, anclados en amplios consensos políticos, sociales y económicos. Todos sabemos que la Unidad Nacional fungió como una suerte de colmena burocrática en donde confluyeron los ávidos intereses de grupos de poder regional, por hacerse a unos recursos y a unos presupuestos. No los atrajo, a esa colmena, un genuino interés por consolidar la paz.
La débil institucionalidad estatal poco ha estado articulada en torno a la Paz. Es más, los otoñales problemas de coordinación entre instituciones públicas constituyen hoy el mayor obstáculo no solo para implementar lo acordado, sino para consolidar la paz territorial de la que se habla en el Acuerdo Final (II). Como no subsiste una idea consensuada, unificada y única en torno a lo que debe ser un Estado moderno, las decisiones que se adoptan desde ministerios y otras instancias, se soportan más en intereses sectoriales, asociados a los de jefes políticos, politiqueros de oficio e incluso, enemigos del proceso de paz, enquistados y parapetados en la misma institucionalidad estatal.
En cuanto a la sociedad civil, esta deviene profundamente polarizada. Además, durante los largos años de confrontación armada, agentes de la sociedad civil coadyuvaron en buena medida con la degradación del conflicto armado, apoyando a los actores armados, en particular a las estructuras paramilitares. Convertido en un escenario de confrontación ideológica y política, la posibilidad de ponerle fin al conflicto no logró permear a todos sus agentes, en la idea de generar consensos en torno a la necesidad de frenar las hostilidades, parar el derramamiento de sangre y dar el paso para construir una paz estable y duradera.
Y en lo que alude a la sociedad en general, cientos de miles de colombianos jamás comprendieron las circunstancias que originaron el levantamiento armado en los turbulentos años 60. Los altos índices de ignorancia contextual, la baja cultura política, la pobreza de criterio y en muchas ocasiones, un impúdico desinterés, evitó que el conflicto armado y sus perversas dinámicas de dolor y muerte permearan la vida social.
Si la guerra no interesó, la firma del fin del conflicto no tendría por qué convocar a las grandes mayorías.
En lo que corresponde al Congreso, infortunadamente hay que reconocer que históricamente ha sido el peor escenario para la consolidación del Estado. En dicha corporación legislativa confluyen los mezquinos intereses de una clase dirigente cicatera y responsable en gran medida del levantamiento de las guerrillas y de la consolidación del paramilitarismo; de igual manera, concurre una clase emergente que encontró en el ejercicio de la política, la oportunidad para enriquecerse. Al final, y a pesar de ser el escenario natural para tramitar el Acuerdo Final, hay que reconocer la poca legitimidad social y política del Congreso de la República.
Y claro, les cabe responsabilidad a los combatientes de las Farc, por haber dilatado en el tiempo una negociación política con el Estado, a sabiendas de que jamás estuvieron cerca de derrotar a las fuerzas del Establecimiento. Pudo más la inercia y la arrogancia. Los errores cometidos durante las negociaciones con Belisario Betancur, el mal manejo de la zona de Distensión en los tiempos de Pastrana Arango, los hechos de guerra cometidos durante el proceso de La Habana, y la degradación de muchas de sus operaciones militares que terminaron dañando a la población civil, sirvieron a la consolidación de odios y resquemores en una sociedad mediatizada y mediada por medios informativos cooptados por el Establecimiento, en particular desde 1998.
Cambios y disidencias
Hay que recordar que el Acuerdo mismo sufrió modificaciones debido al resultado electoral de la jornada plebiscitaria de octubre de 2016 y ese mismo proceso de ajuste continuó y continúa aún en el propio Congreso, y luego en la Corte Constitucional[1] con fallos como aquel que modificó el sentido del mecanismo del Fast Track[2]. Es más, ahora mismo que se discute la ley estatutaria para el funcionamiento de la JEP, nuevamente se le está metiendo el diente a lo acordado, en particular en el tema de la elegibilidad política de los ex combatientes.
Pero más allá de la metamorfosis que ha sufrido el Acuerdo Final, vale la pena concentrarse en un asunto espinoso: las disidencias.
Las responsabilidades recaen en el Gobierno y en el Estado mismo, por la lenta operación de los programas y proyectos encaminados a garantizar la reincorporación social, económica y política de los ex guerrilleros. Insisto en la tesis: existe una estrategia para fracturar a la naciente Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Y esta se puso en marcha a través de la demora[3] en la adecuación de las zonas veredales, en la entrega de tierras para que los ex guerrilleros dieran inicio a sus actividades productivas y el desembolso de los recursos económicos convenidos en La Habana.
Por físico cansancio y por los altos niveles de incertidumbre, cientos de miles ex guerrilleros han abandonado las zonas y los puntos de “concentración”. A estas disidencias, hay que sumarle la de los combatientes del Frente Primero que desconoció, al final de la negociación, lo que se acordó en la Mesa de Diálogo.
Distintas fuentes indican que en la zona de Suárez, en el Cauca y en otras de ese mismo departamento, hay presencia de disidencias y que estas adelantan actividades de reclutamiento de menores y de rearme de sus estructuras. Grave situación.
El Estado, con toda la contundencia, debe enfrentar a estas estructuras delincuenciales y evitar que se fortalezcan. El país no puede permitir que dichos grupos se consoliden política y militarmente.
Resulta inconcebible e inaceptable pensar que en unos años, el Estado esté nuevamente negociando la desmovilización de dichas estructuras disidentes.
Y al proceso de sometimiento pueden aportar los ex combatientes de la Farc. Conocen sus lógicas de operación y en ese sentido, están obligados política y moralmente a coadyuvar a que las autoridades los persigan, los sometan o los “neutralicen”.
Estas disidencias son también responsabilidad de la dirigencia de la hoy llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en la medida en que son fruto de una unidad de mando que la cúpula Fariana dijo que tenía sobre estos combatientes. Y no es así. Deben reconocer que la penetración del negocio del narcotráfico erosionó el trabajo de adoctrinamiento de quienes hoy delinquen en varias zonas del país, a nombre de las Farc. Hubo, sin duda, procesos de lumpenización que hoy muestran su rostro en los disidentes.
Si bien las disidencias se tornan “normales” en estos procesos de negociación política, lo que no puede asumirse como parte del paisaje, es el surgimiento de “otras Farc”. No. Los tiempos de la negociación política ya pasaron. Hay que apostarle a la consolidación de un Estado que no solo sea moderno, sino legítimo.
___
[2] Véase: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0542/articulo04.html
[3] Véase: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0544/pdfs/2.%20La%20estrategia%20del%20desgaste.pdf
