Si queremos mirar cuál de las pugnas ambientales en Colombia genera más escozor, con confianza podríamos dirigir nuestra mirada al accionar de las multinacionales mineras en los lugares donde han empezado a trabajar en busca del mineral. Sobre todo, atendiendo las denuncias de vulneración a derechos humanos que se han venido presentando hace más de una década. Pero si hemos de premiar a una firma minera por liderar el podio de la empresa con más denuncias de este tipo, Anglogold Ashanti (AGA) saldría triunfante a recibir su reconocimiento bañado en oro.
Por ello vale la pena revisar los antecedentes de la multinacional para repasar su pulcra hoja de vida: según la descripción que la empresa presenta en su sitio web (1), es de origen sudafricano y tiene presencia en varios 20 países del globo, con más de 62 mil empleado y accionistas que acompañan los procesos en cada uno de estos lugares. Además, lanzan cifras envidiables para cualquier firma de este tipo: se consideran una de las tres compañías más importantes en la producción minera en el mundo, pues para el 2010 tenían una producción de 4.52 millones de onzas, una cifra tentadora para cualquier otra multinacional.
Pero no todo ha sido color de rosa para AGA en su historial. En el informe La Colosa: Una Muerte Anunciada, realizado en el 2013 por Colombia Solidarity Campaign, la empresa ha quedado mal parada en su país de origen, por culpa de los conflictos laborales que se han presentado en las minas de oro que tienen en este país. Incluyendo las millonarias demandas por derrames radioactivos y por la paupérrima salud de varios de sus empleados.
AGA en Colombia
Al tener tres de sus más grandes operaciones de explotación y exploración en Colombia, este país pasa a ser el segundo en la lista en los que más tiene presencia la multinacional (2). Además de tener en desarrollo programas de exploración de casi 8.2 millones de hectáreas, desde donde se concretaron 500 lugares de interés, logrando un nivel avanzado en dos proyectos, que son Gramalote, en San Roque, Antioquia, y La Colosa, Tolima, donde perdieron terreno a causa de las consultas populares (1)
Según el estudio de Colombia Solidarity Campaign, la minera tiene sus ojos puestos en el país por dos razones: abundancia de minerales y por lo que se conoce como la “Locomotora Minera”, que no es más que una serie de políticas favorables a la inversión de empresas mineras multinacionales. Con el agravante de lo que denominan en el estudio como Puertas Giratorias, que no es más que el “tránsito de funcionarios importantes del gobierno hacia la nómina de AngloGold, manifiesta un camino éticamente laxo y de grave riesgo para los intereses del Estado, ya que permite a la empresa la obtención de información privilegiada y el ejercicio de influencias en las entidades gubernamentales”.
Y por si esto fuera poco, el informe Minería en Colombia: Control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos sociales y posconflicto, posiciona a Anglogold como la mayor generadora de conflictos en el país con una cifra de 13 registros hasta la fecha. Además de reflejar una seria contradicción gubernamental, territorial y social en Colombia: ¿por qué los procedimientos para la titulación de territorios ancestrales, ocupados y construidos tras cinco siglos, son objeto de interferencias y burocracias excesivas, mientras hay agilidad para entregar licencias ambientales a las empresas extranjeras?
Impactos ambientales
Al revisar varias de las titulaciones que se encuentran a nombre de Anglogold en el país, surgen ciertas inquietudes frente al otorgamiento de estas y los estudios realizados para identificar suelos propicios para la exploración, que no sobrepasen a las áreas conocidas como zonas protegidas. El caso de los páramos que aparecen en los mapas de las zonas concesionadas a esta empresa resulta un buen reflejo de las malas jugadas legales y técnicas para la consecución de las mismas.
Como lo señala el Informe Alternativo acerca del proyecto de Minería de Oro de AngloGold Ashanti en Cajamarca, Tolima, Colombia, aunque AGA haya dicho que renunciaba a los títulos que sobrepasaban a estas zonas protegidas, una nueva delimitación realizada por el Instituto Humboldt en el 2012, comprueba que la firma tenía todavía en su poder 50 hectáreas en el complejo de Páramos Los Nevados en el mapa de las licencias otorgadas para la exploración.
Esto traería efectos negativos en el agua que dejaría de producirse por la destrucción de ecosistemas claves para su producción, y que además se utilizaría, en cantidades alarmantes, para atender la producción minera, sumando a esto las grandes olas de calor que trae consigo el Fenómeno del Niño, y en una mayor medida, el cambio climático.
Por estos casos de afectaciones en estas zonas protegidas, la Fiscalía ha abierto una investigación contra la multinacional Anglogold Ashanti por “explotación de oro y daño a los recursos naturales en el departamento del Tolima” (3). Asimismo, el ente investigador, de la mano con la Policía Judicial Sijin, tiene en la mira a la firma minera por el derrumbe de la vereda el Palmar, en el casco urbano de Santander de Quilichao (Cauca), puesto que los registros de predios donde ocurrió el desastre demuestran un antecedente de exploración minera en los terrenos dados en concesión a la empresa (4)
Todo esto sucedió en la misma zona donde las comunidades étnicas se encuentran siendo afectadas por la exploración minera de esta firma (5), siendo que se superponen los terrenos dados en contrato de concesión sobre zonas que pertenecen por ley a estas poblaciones, y que además no contaron con el derecho a la Consulta Previa, que permitiría decidir sobre el futuro productivo de sus territorios, tal como lo reza el artículo 330 de la Constitución Política de Colombia (6)
Impactos sociales
El departamento del Chocó es uno de los mayores fortines que posee en la actualidad la firma minera, siendo que un grueso de las licencias otorgadas por la Agencia Nacional Minera en esta región están a nombre de la misma (7).
Esto tiene dos lecturas: primero, para dar vía libre a la exploración minera a gran escala en la región, resultan necesarios mayores controles en los procesos de veeduría que vigilan las regalías que estos megaproyectos imprimen en la región, pues por su historial, el departamento se ha caracterizado por los altos índices de desvío de fondos públicos, que aumentan con la rapidez de las cifras que registran la extrema pobreza; y segundo, también hacen falta mayores controles en la adjudicación de licencias en zonas protegidas por el Estado como lo son los Consejos Comunitarios de la población afrodescendiente.
Así lo demuestra el estudio La Minería sin Control: Un enfoque desde la vulneración de los Derechos Humanos, realizado en octubre del 2015, que señala, entre otras cosas, que, de los 165 títulos vigentes en el departamento, 41 han sido otorgados a Anglogold, lo que en número de hectáreas se traduce en 94.889, o el 30% del total de títulos de la región.
Pero esto no pasaría de ser un departamento con buen aprovechamiento de los recursos auríferos de no ser porque los títulos de las grandes mineras sobreponen total o parcialmente aquellos que están en poder de las comunidades indígenas y negras, como el caso del municipio Bagató donde existe un área de 7.281,25 hectáreas repartidas entre Anglogold Ashanti y Exploraciones Chocó Colombia S.A.S. que cumplen estas características.
Conflicto armado y minería
Parece ser que no solo la población étnica del país sufre los impactos de la megaminería en sus regiones. El caso puntual de San Roque, Antioquia, sirve para demostrar la ineficacia de la Agencia Nacional de Minería a la hora de conceder esos títulos minera y de lo poco ético que resulta el accionar de AGA en territorios con historiales de conflicto armado.
De acuerdo al informe de Derechos Humanos La Paz como Construcción: tensiones y realidades del conflicto y el posconflicto en Antioquia realizado en el 2015 por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) muestra a San Roque, como un municipio priorizado como una de las zonas de restitución de tierras más importante de la región antioqueña, por su pasado violento que se remonta al año 1995 con actores como el Bloque Metro, Héroes de Granada y la Casa Castaño.
En el año 2002 se recrudece el conflicto a la vez que las multinacionales mineras llegan a este municipio, arropados por el reciente Boom minero que vino luego de expedido el Código Minero del 2001.
Parece sospechosa la relación entre la llegada de AGA en el 2003 (7) a la zona con las altas cifras de víctimas que, entre el 2002 y el 2004, dejaron como saldo 3.056 casos de desplazamiento forzado registrados en el Informe Nacional de desplazamiento forzado en Colombia reseñado en el citado informe, y así como lo demuestran los casos también registrados por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) (8)
Y esto no pasaría a ser un episodio accidental por parte de la firme minera de no ser porque existen casos registrados de peleas jurídicas por terrenos que tenían propietarios desplazados por paramilitares y que ahora aparecían a nombre de Anglogold Ashanti.
Así sucedió con los predios ubicados en la vereda La Pureza del municipio de San Roque (9) donde el propietario fue desplazado junto a su familia en 1999 por parte de los grupos armados de la región (10), por la misma zona donde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó una licencia ambiental a Gramalote Colombia Limited, una de las filiales de AGA en el país (11)
En el mismo documento que habla sobre estos predios ubicados en la Pureza, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia obligó a filial a respetar los predios de la víctima de desplazamiento forzado, sin tomar en cuenta los recursos de reposición y otros instrumentos jurídicos que utilizó la firma para alegar propiedad sobre el terreno.
Este tipo de acciones dejan ver, por un lado, la falta de filtros jurídico-administrativos para las concesiones mineras, lo que ocasiona en situaciones como las anteriormente expuestas, rupturas sociales, económicas y ambientales; y, por otro lado, la falta de ética laboral y social que tiene Anglogold Ashanti a la hora de conseguir licencias ambientales y de realizar exploraciones y explotaciones mineras sin el consentimiento de las comunidades directamente afectadas.
