El desplazamiento forzado es una de las consecuencias más evidentes del conflicto armado; Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados internos: 6,5 millones y, según el ACNUR, el número de victimas en el exterior llega a los quinientos mil. Las y los refugiados y/o exiliados viven en condiciones de desprotección frente a la legislación nacional e internacional. Los desplazados son víctimas, pero las víctimas no parecen ser la prioridad en la implementación de los Acuerdos.
Durante las negociaciones los colombianos en el exterior, víctimas del conflicto, no tuvieron una representación concreta. Algunos representantes, elegidos por las mesas de paz de cada país, viajaron a La Habana para lograr alguna incidencia que visibilizara su situación y que, además, los incluyera como víctimas reales del conflicto armado. No fueron escuchados.
Y aunque en el acuerdo final se exige la necesaria participación de las víctimas en la discusión sobre la satisfacción de sus derechos frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario con ocasión del conflicto, y la convocatoria de un amplio proceso participativo de carácter nacional con las víctimas organizadas y no organizadas, en la práctica, las víctimas en el exterior han sido excluidas de los procesos de paz con las FARC.
En este contexto nació, el 14 de junio de este año, la Red de Víctimas Colombianas por la Paz en Latinoamérica y el Caribe (REVICPAZ-LAC) que incluye a colombianos refugiados y/o exiliados en Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. La red construye paz y memoria y defiende los derechos de las víctimas en la implementación y el ajuste normativo de la política pública. Su incidencia tiene como fin último el retorno voluntario, digno y con garantías.
Para REVICPAZ-LAC, la ley 1448 de 2011, “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, está llena de ambigüedades y contradicciones con los propios fines y principios que dice proponerse. Además denuncian que fue “discutida y aprobada con un escaso espacio de participación de las víctimas y sus organizaciones, en un contexto de guerra y bajo el supuesto de la no existencia del paramilitarismo, dado el proceso conocido como Justicia y Paz” y cuya reforma se sigue dilatando en el Congreso.
Por otra parte, no están definidos los mecanismos de participación en el proceso de implementación. La reciente reglamentación del mecanismo de participación de las víctimas en el exterior que dio espacio a dos delegados de las mismas en la Mesa Nacional, es un formalismo que dificilmente puede dar cuenta de la situación real de los colombianos refugiados.
REVICPAZ-LAC realizó una acción simbólica en los consulados de los países miembro, el pasado 9 de agosto, rechazando el asesinato sistemático de los líderes sociales y de derechos humanos en Colombia.
Además de la acción simbólica, delegados de la red entregaron un comunicado al cónsul de cada país en dónde solicitan, entre otras cosas, que se garantice la prevención de nuevos crímenes brindando protección inmediata y oportuna a defensores/as de derechos humanos y líderes sociales y políticos amenazados y se amplie el marco de participación de las víctimas en el exterior en todas las decisiones que atañen a sus intereses como personas refugiadas, exiladas y migrantes.
En Argentina el acto coincidía con la visita de la Canciller María Ángela Holguín quien dio una conferencia magistral llamada “El proceso de paz y la política exterior de Colombia”. Los y las refugiadas decidieron entregarle el comunicado de REVICPAZ-LAC personalmente. La canciller no quiso recibirlo. El cónsul tampoco.
Maria Ángela Holguín firmó, también, acuerdos de cooperación con la Rural Argentina. Según una de las líderes de la Red, al gobierno “le interesa recuperar los territorios para impulsar megaproyectos y agroindustria, de modo que mientras menos procesos organizativos campesinos de pequeña producción haya en los territorios, mejor”. Holguín dejo algo claro en su conferencia: la lucha contra el paramilitarismo no es prioridad. Según ella cuando el campo sea productivo “eso” se resolverá sólo.
La revictimización es una constante en la lucha de los y las colombianas que sufrieron en primera persona el conflicto armado.
Víctimas que huyeron de la guerra sin ninguna posibilidad de elegir hoy no tienen garantías de retorno e inserción social. Muchas no saben quién tiene sus tierras. Familias enteras de zonas rurales sobreviven explotadas laboralmente en países ajenos. Merecen que la paz, como derecho fundamental, también les toque.
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(1) Punto 5.7.3.7. del Acuerdo de Paz.
(2) Resolución 01282 de noviembre de 2016. Unidad para las Víctimas.
(3) https://www.facebook.com/notes/revicpaz-lac/desde-argentina-chile-costa-rica-ecuador-méxico-panamá-perú-uruguay-y-venezuela/424007584659791/
