“No queríamos que nos lo impusieran”, dijo el abogado Juan Alejandro Gaviria en una entrevista refiriéndose al proyecto de ley que busca el sometimiento y acogimiento de la justicia de miembros de organizaciones criminales, que fue radicado esta semana en el Congreso de República y que, como es sabido, es una de las 13 pruebas que tiene la Fiscalía contra Gustavo Villegas.
Mucho cuidado que quienes le están apostando al famoso proyecto de ley son familiares de José Obdulio Gaviria y otros amigos que les acompañan. Todo apuntaría a que nos quieren imponer, ellos sí, una ley que reglamenta el punto 3.4.13. del Acuerdo de paz negociado entre el gobierno y las FARC en La Habana.
Nos quedan muchas dudas sobre quiénes son los otros personajes que están detrás de la elaboración de ese proyecto, ya que éste fue pensado y preparado a puerta cerrada en las oficinas de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín y, como señala otra fuente en la misma columna que entrevista a Juan Alejandro Gaviria, “contó con la iniciativa de algunas organizaciones sociales de Antioquia”, de las que no menciona cuáles fueron ni su razón social o de las que de cuyo nombre tal vez no quiera acordarse.
El problema del dichoso proyecto no es que se pretenda acoger y someter a la justicia a los miembros de las Bacrim mediante leyes que otorguen beneficios a cambio de la verdad, el perdón y la reparación como se hizo con la guerrilla de las FARC; el problema radica en que dicho proyecto se haya preparado a escondidas de los gobiernos local, nacional y la Fiscalía General, pues quienes están detrás de todo son en su totalidad miembros del uribismo, algunos con conocidos vínculos desde hace muchos años con el crimen organizado y el narcotráfico en la ciudad de Medellín.
Miente la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, cuando dice que tanto la institucionalidad como la Fiscalía estaban enteradas del proyecto que se estaba cocinando en Medellín, no solo miente, sino que además y como era de esperarse, sale a defender el trabajo de Gustavo Villegas calificándolo de intachable, olvidando y pretendiendo que nosotros también lo hagamos; asegura que a ese señor la justicia lo tenía en la mira desde hace algunos años y que lo único que faltaba era poder demostrar que las sospechas eran ciertas.
Además de mentir, aprovecha la oportunidad para afirmar que el gobierno nacional negocia con criminales para entregarles impunidad y que, por el contrarío, debería ser la criminalidad la que tendría que someterse al gobierno. ¿Se le habrá olvidado a ella y a todos los demás en que consiste una negociación de paz? No quisiéramos saber que los pactos bajo la mesa entre Villegas y las Bacrim se convirtieron de la noche en la mañana en ese proyecto de ley que la senadora defiende, pero la realidad parece ser otra.
Senadora Holguín, la invitamos a hacer un ejercicio de memoria para que recuerde que su proyecto de ley está inspirado en el Acuerdo de paz firmado entre gobierno y FARC, y que ofrece alternativas de privación de la libertad bastante similares a las que establece ese acuerdo.
Recordemos que el caballito de batalla de su proyecto es poder reglamentar precisamente el punto 3.4.13 del mismo acuerdo y que su bancada, la uribista, no quieren que se les imponga; por eso quieren adelantarse a realizar una tarea que por mandato sólo le corresponde al gobierno nacional.
Responda, senadora, ¿si la Fiscalía ya tenía conocimiento del documento: por qué se usa como prueba contra Gustavo Villegas? Ahora, ¿Si son los criminales quienes deben someterse al Estado como usted dice, por qué ese proyecto fue elaborado por personas con conocidos vínculos criminales como los abogados Gaviria Vélez, familiares de Pablo Escobar y José Obdulio Gaviria, que son de esas mismas familias que tanto daño le han hecho al país, como diría alias Popeye?
Al momento de la publicación de esta columna es muy probable que el documento haya sido radicado, pues se tenía como fecha tentativa el 20 de Julio. Con toda seguridad, esta es una de las mayores pruebas de que Villegas negociaba beneficios bajo la mesa con la criminalidad de Medellín.
Que no pase por alto el prontuario de quienes están detrás de todo esto. Que nos aclaren cuáles son esas supuestas organizaciones sociales que contribuyeron a su elaboración. Que no se pase por alto que éste se cocinó tras bambalinas por el uribismo y amigos que los acompañan, pues nadie del gobierno nacional, ni siquiera una fuente oficial de la Alcaldía de Medellín, han dicho conocer su contenido, y mucho menos le han dado visto bueno.
Raro, porque pretenden acabar con todas las formas de criminalidad en todas las ciudades, y por todos es sabido que, quizás Medellín, sea la principal cuna de las Bacrim en el territorio nacional.
Mientras nos son aclaradas las dudas, la ciudad seguirá desprotegida, sumergida bajo el control de esas fuerzas oscuras que todos sabemos quiénes son pero que nadie se atreve a denunciar. La seguridad en manos de funcionarios corruptos celebrando alianzas con esas fuerzas.
Un alcalde que nunca ha tenido el asunto en sus manos, que nunca se entera de la raíz de la problemática y, detrás de él, el oportunismo de un partido político lleno de parásitos pretendiendo legislar para su propio beneficio.
