Después de que el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018) y la cúpula de las Farc-Ep, a través de sus plenipotenciarios, negociarán en La Habana el fin del conflicto armado, el país político, la llamada opinión pública, los medios masivos de comunicación y diversos representantes de la sociedad civil entraron, facilitaron y auparon un agrio enfrentamiento ideológico.
En escenarios como el Congreso, en las mismas calles de ciudades capitales y en particular en las redes sociales, la pugnacidad entre quienes apoyan el documento que da vida política y jurídica al Pacto de Paz y aquellos que lo rechazan, ha servido para aumentar y consolidar la polarización que el país arrastra desde 2002, lo que muy seguramente explica el cansancio y el desinterés de un sector poblacional que parece no dimensionar lo que significa la desaparición de las Farc-Ep como guerrilla y el “ahorro” de más víctimas. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), “el proceso de paz previno, al menos, la muerte de 2.796 personas, cifra que incluso puede ser mayor según el periodo con el que se compare”[1].
A pesar del principio ético que rodea el Pacto de Paz y motiva la defensa del proceso de paz por parte de cientos de miles de colombianos, hay sectores de poder económico, político, empresarial y militar que insisten en que el Acuerdo Final (II) resulta inconveniente para el país, cuando lo que sucede es que varios de sus miembros ven que sus intereses particulares podrían ser tocados y examinados a la luz de lo definido en el Pacto de Paz. Intereses, claro está, que guardan un estrecho vínculo con actividades ilegales y otras, que a pesar de estar dentro de la legalidad, resultan impropias y poco éticas.
El enfrentamiento político que suscitó el proceso de paz desarrollado en La Habana y el consecuente documento con el que se busca alcanzar una paz estable y duradera, ponen en evidencia cuatro elementos sobre los cuales giran tanto las aspiraciones y deseos de quienes respaldan lo firmado, como las de los sectores de poder que definieron teleológicamente, para el 2018, echar para atrás lo negociado, a pesar del blindaje que rodea el señalado tratado de paz con el que se puso fin a 53 años de hostilidades en el marco de un conflicto armado irregular.
Presento uno a uno los cuatro elementos:
Un primer elemento guarda relación con la superación de las circunstancias históricas que justificaron el levantamiento armado en los años 60, las mismas que se buscan superar con la implementación de lo acordado en Cuba. En particular, se busca avanzar a través de la superación de las condiciones de inequidad, abandono, pobreza y la concentración de la tierra en pocas manos que soportan y afectan la vida de campesinos, afrocolombianos e indígenas que sobreviven en los sectores rurales del país.
Por supuesto, quienes lideran los ataques y las campañas en contra del Acuerdo Final tienen fuertes intereses en que esto no se logre, por cuanto hacen parte de un grupo privilegiado de latifundistas, ganaderos y propietarios de extensos territorios dedicados a cultivos de palma africana, entre otros monocultivos, y otros terrenos con los que especulan desde la perspectiva inmobiliaria.
A estos señores les conviene mantener las condiciones de miseria en el campo porque de esa manera consiguen mano de obra barata, al tiempo que hacen ingentes esfuerzos para continuar erosionando los procesos organizativos de indígenas, afros y campesinos.
Un segundo elemento tiene que ver con las dificultades esbozadas en los actos de habla de los detractores y enemigos de la paz, que dan cuenta de lo difícil que será superar los odios y resquemores de cientos de miles de colombianos que no aceptan las condiciones y mucho menos el principio ético en el que se sostiene el modelo de justicia transicional (restaurativa) que se aplicará para juzgar a los miembros de las Farc, a integrantes de la Fuerza Pública y a civiles que hayan cometido y aupado la comisión de delitos de lesa humanidad.
Quizás allí se concentre el mayor obstáculo social y político que enfrentará Colombia en el escenario electoral de 2018, en la medida en que un importante número de votantes podrían respaldar las candidaturas de Germán Vargas Lleras[2], Alejandro Ordóñez Maldonado[3] y “el que diga Uribe”, empeñadas todas en hacer “trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo Final”[4], o modificar la estructura jurídica del Pacto de Paz y por esa vía, echar por la borda el tiempo y los esfuerzos invertidos en una compleja negociación política de más de cuatro años.
Quienes así piensan proceder en las elecciones de 2018, lo harán apoyados en la falsa premisa o idea que el latifundista, ganadero y caballista, Álvaro Uribe Vélez logró posicionar en la opinión pública (y en la publicada), gracias al apoyo periodístico de medios como RCN, La FM y la W, entre otros.
Esta proposición señala que habrá impunidad. El equívoco conceptual en el que incurre deliberadamente del ex presidente (2002-2010) jamás fue advertido o controvertido por los periodistas que, convertidos en sus estafetas, lograron que miembros de sus audiencias repitan como loros la falaz idea.
Un tercer elemento guarda estrecha relación con el lugar que millones de colombianos le dieron en el pasado al conflicto armado entre las Farc-Ep y el Estado colombiano y por supuesto, el que hoy le dan a la posibilidad de construir la paz en el país.
Por tratarse de un conflicto armado que se desarrolló especialmente en las zonas rurales y selváticas, millones de citadinos jamás comprendieron la naturaleza de la guerra interna y mucho menos están en la capacidad y tienen el interés de comprender los alcances y los beneficios que trae para el país haberle puesto fin a un largo y degradado conflicto armado de 53 años. Es decir, el carácter marginal[5] con el que se asumió política y socialmente esta guerra irregular, sirve hoy para que muchos asuman de la misma manera el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Craso error.
Y un cuarto elemento que bien puede servir de bisagra y ser la fuente en la que se reproducen los tres anteriores, tiene que ver con la baja cultura política de los colombianos. En los agrios enfrentamientos presentados entre aquellos que respaldan la construcción de una paz estable y duradera en las condiciones negociadas y aquellos que no, se evidencia una enorme ignorancia e incapacidad cognitiva.
La pobreza cultural y las deficiencias cognitivas de cientos de miles de compatriotas es un factor que los promotores de la paz, entre estos la Academia, y el propio Gobierno, no han tenido en cuenta al momento de hacer los pocos e inefectivos ejercicios pedagógicos puestos en marcha para convencer a los colombianos de las ventajas que trae haberle puesto fin al conflicto armado interno.
El reciente llamado del ministro del Interior, Guillermo Rivera deja entrever algo de desespero y preocupación por la tozuda postura asumida por Uribe y otros sectores de poder político en contra de la implementación de lo firmado en La Habana. Dijo Rivera que “Esta es la paz de todos los colombianos y por eso hemos invitado a las organizaciones de la sociedad civil que son proclives a la paz a que manifiesten su respaldo a este proceso de tal manera que el mismo se haga irreversible, y que aquellos cantos de sirena que señalan que hay que hacer trizas el acuerdo, se conviertan en un mal chiste”[6].
Quizás convenga mirar y examinar los cuatro (4) elementos aquí planteados, de cara a que el Gobierno diseñe mejores estrategias publicitarias con el objetivo de enfrentar decididamente las falacias a las que apelaron los detractores y enemigos de la paz el 2 de octubre de 2016, y que son las mismas que usarán en el ya cercano escenario electoral de 2018.
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[1] Véase: http://blog.cerac.org.co/
[2] Véase: http://conlaorejaroja.com/los-presidenciables-i/
[3] Véase: http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com.co/2017/06/la-cruzada-de-ordonez-maldonado.html
[4] Véase: http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com.co/2017/05/se-destapo-la-ultraderecha.html
[5] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2017/02/marginal.html?spref=bl
[6] Tomado de: http://www.lafm.com.co/nacional/gobierno-convoca-movilizacion-defender-los-acuerdos-paz/
