A pesar del contundente resultado de la primera consulta popular de origen ciudadano, realizada en Cajamarca el pasado 27 de marzo, el Gobierno nacional, a través de los medios de comunicación masivos, continúa emitiendo pronunciamientos a todas luces en favor de las multinacionales, en este caso de la Aglogold Ashanti y su proyecto minero La Colosa.
Según las declaraciones del viceministro de minas Carlos Andrés Cante (ver), la multinacional Anglogold tiene derecho a continuar ejecutando los trabajos de exploración que viene desarrollando desde hace 10 años en este municipio tolimense; a juicio del ejecutivo, los resultados de la consulta popular no son causal de suspensión de títulos mineros.
Lo dicho por el viceministro hace algunos días contrasta con el pronunciamiento del 97,92 por ciento de los votantes cajamarcunos –6.296 personas— que, de manera digna y activa, le dijeron no a la posibilidad de que haya explotación minera en su territorio. El pronunciamiento del gobierno Santos se da en medio de un Acuerdo de paz histórico para el país.
¿Para quiénes gobiernan? Como es de notarse no es para las mayorías. Nos hallamos ante un escenario de funcionarios que aparecen en la prensa tradicional para recitar comunicados en defensa del sector privado; y, también hay que decirlo, ante empresas periodísticas que parecen más una vitrina.
¿Cuál es el conflicto y cuáles las razones jurídicas?
Entes gubernamentales como el Ministerio de Minas y Energía (MME) y la Agencia Nacional de Minas (ANM) arguyen razones jurídicas para respaldar y privilegiar la minería industrial en los territorios. Básicamente, su justificación para apalancar a este sector de la economía se remite a la Ley 685 de 2001, por la cual se expide el Código de Minas, y al Decreto 0934 del 9 de mayo de 2013 que lo reglamenta.
Y, repito, el Gobierno antepone, por encima de la voluntad del pueblo, la existencia de titulaciones mineras por parte de la Anglogold, titulaciones apenas en fase de exploración; y que per se no constituyen derechos adquiridos que ofrecen las licencias ambientales otorgadas por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Es decir, aún no cuentan con el derecho a explotar el suelo y subsuelo para la extracción de oro.
De otro lado, la población en el ejercicio de su derecho constitucional de participación ciudadana –plasmado en el Art. 103— se manifiesta en contra de la explotación minera haciendo uso de la consulta popular, consagrada en el Art. 33 de la ley 136 de 1994.
Más allá, la utilización de este mecanismo simboliza la reivindicación de los campesinos que alzaron su voz en defensa del recurso vital más preciado para la supervivencia: el agua; así mismo, representa la resistencia de un pueblo que lucha por la conservación de una tradición agrícola que ha pervivido desde hace más de un siglo con el surgimiento de este municipio.
Ahora, la tensión de fondo gravita en torno al uso o la destinación de un bien público, el suelo y subsuelo. Y, si bien este recurso se contempla como una propiedad del Estado –según el Art. 332 Constitucional—, es preciso recordar que el Estado no se reduce al gobierno; también, la ciudadanía lo conforma y tiene el derecho de participar en las decisiones que afectan a sus territorios y a su bienestar.
Es fundamental en este conflicto el reconocimiento del Art. 58 de la Carta Constitucional que dicta que: “Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”. Del mismo modo, la norma reconoce la función social de la propiedad –la cual introdujo por primera vez el expresidente Alfonso López Pumarejo mediante la Ley 200 de 1936—; adhiriéndole, además, la función ecológica.
En relación con lo anterior, la Constitución, en sus artículos 80 y ss., grosso modo, determina la responsabilidad del Estado de garantizar un desarrollo sostenible cuya base debe ser la protección de la integridad del espacio público en beneficio del uso común.
En el caso concreto de la consulta en Cajamarca, el quid jurídico se debate entre el principio de organización unitaria del Estado y el principio de autonomía territorial. Y, considero, el hecho de apelar al primero deja ver una máscara oficialista que parece encubrir unos intereses particulares, en detrimento del bien común y del deseo de las mayorías.
Bien lo dice el art. 1° de la ley 136 de 1994, “el municipio es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa del Estado y tiene como finalidad el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su territorio”.
Más allá de la cuestión legal
Vamos al meollo del asunto. Saltan a la vista las consecuencias negativas en el aspecto medioambiental, socioeconómico y cultural que acarrean la megaminería a cielo abierto, del tipo que se plantea el proyecto de La Colosa, uno de los más ambiciosos de Latinoamérica.
Es fundamental tener presente los peligros ambientales de tal fenómeno económico: 1) Alteraciones severas del paisaje; destrucción de ambientes nativos y de sus plantas y animales; interrupción en los flujos de especies. 2) Alteración de cuencas hídricas superficiales y subterráneas. 3) Contaminación del aire con partículas, gases y ruidos. 4) Generación de depósitos y residuos mineros. 5) Posibles derrames de cianuro, que contaminaría los ríos (Fuente: El Tiempo).
La población, no solo requiere del líquido para desarrollar su actividad agropecuaria; obviamente, necesitan del agua para permanecer vivos. Para tener un bienestar y una mejor calidad de vida.
El panorama que se vislumbra con una minería a cielo abierto es devastador. Está presente también la amenaza de una afectación en la economía de los productores de alimentos, que fundamentalmente son campesinos. Ellos, que han tenido que asumir la posición de agentes del mercado relegados en un mundo globalizado; que, en un contexto nacional y bajo las decisiones de un Estado intervencionista fallido, se han visto obligados a asumir los altos costos en las transacciones y la incertidumbre de no saberse propietarios de su terruño.
Los funcionarios, contagiados muchos por la plaga de la corrupción o la mafia, han robado las oportunidades de igualdad y competitividad del campesinado. En el mercado agrario y en términos de políticas públicas en el campo, el Estado se ha comportado como un sicario de sueños y de proyectos.
¿Dónde está el Estado Social de Derecho? ¿Acaso el Estado es una institución ajena a nosotros? Muchos anhelamos que en la era del posconflicto se inicie un cambio de ruta hacia un país más eficiente y equitativo; empero, a mi entender proyectos como La Colosa o la concesión en Pijao de 23 títulos mineros desvirtúan ese ideal, ese modelo de desarrollo sostenible, ecológico, digno.
Al igual que Cajamarca, Pijao (Quindío), El Paujil (Caquetá) y Marmato (Caldas) –aunado a más de 39 procesos de consulta popular de extracción minera, según la Asociación Colombiana de Minería (ACM)— son municipios que vaticinan los efectos desoladores del monstruo de la locomotora minera y que pretenden frenar tal engranaje de violencias a través de la movilización social. Sin duda, una iniciativa del pueblo que merece toda la atención y observancia de los funcionarios; pero ante la cual el Gobierno se hace de la vista gorda.
Ninguno de estos municipios tiene vocación minera. El desarrollo de proyectos de esta índole implica, pues, no solo un cambio significativo en el uso del suelo; también, un menoscabo a su tradición como sembradores, a su cultura campesina. Una conducta que desvirtúa lo estipulado en nuestra Carta. Solo traigamos a colación el Artículo 8 que dicta que, como colombianos –en cabeza del Estado— tenemos la obligación de “proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.
Alto a la minería; “hay que volver a la agricultura”
La discusión sigue abierta. No obstante, existen normas que no pueden desconocerse frente a la observancia de las consultas populares; particularmente, lo señalado por las leyes estatutarias 134/94 y 1757 de 2015 y la Sentencia T-445/16 emitida por la Corte.
Frente a la dicotomía jurídica: organización unitaria del Estado y principio de autonomía y descentralización, en relación al instrumento denominado Plan de Ordenamiento Territorial, en este caso puntual del municipio de Cajamarca, en mi calidad de ciudadana de a pie, me adscribo a la defensa del segundo; pues, en esencia representa la defensa de derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho al trabajo, a la salud, al desarrollo en el territorio.
Quedan muchos pasos por dar para avanzar hacia una verdadera construcción de paz estable y duradera; una regida desde el cuidado y respeto entre los seres humanos y los ecosistemas.
No solo los fusiles matan. La maquinaria de un crecimiento económico pensado desde la lógica privada, sustentado en proyectos meramente utilitaristas, asesina la vida, la cultura, la biodiversidad…
Es evidente que en nuestro país existe un desequilibrio estructural en la economía y por ende en el aspecto social. El Dr. Jorge Iván González, docente investigador de la Universidad Nacional, en una conferencia sobre “Mercado de tierras y seguridad alimentaria”, citaba una cifra alarmante: el país en 11 años pasó de importar un millón de toneladas a más de 13 millones de toneladas de alimentos como trigo, maíz y cebada. Decía el maestro que, sin tener plena consciencia, el país había padecido –y aún padece— la llamada “enfermedad holandesa”. ¿Cuáles son los términos de intercambio de Colombia con el mundo? ¿Son estos equivalentes al progreso de la Nación?
La minería a gran escala en territorios con vocación agrícola no es la solución al mejoramiento de nuestra economía. Decía el maestro González: hay que volver a la agricultura; es menester mejorar la producción agrícola, cuyo problema no radica en la demanda, sino en la oferta; es necesario regular el mercado de tierras, ordenar la propiedad, el territorio; es imprescindible, así mismo, mejorar los servicios y bienes públicos.
En casos como el de Cajamarca resulta oportuno reconocer las potencialidades de la descentralización del país, mucho más en un escenario de democracia y defensa del interés público. En este aspecto, se precisa remitirnos a la ley 388 de 1997, norma marco en materia de ordenamiento territorial; resultado del proceso de descentralización y expresión de la autonomía y participación de los entes territoriales en materia de ordenamiento del suelo.
Aunque un porcentaje mínimo de los votantes cajamarcunos –el 1,21 por ciento— dijo sí a la explotación minera, algunos ya han manifestado públicamente que, si bien la decisión los afecta dada su tradición como mineros, reconocen que los beneficios al prevenir la extracción a cielo abierto de oro son más valiosos que cualquier ingreso que esta les pudiera generar. Pero los gobernantes, o no entienden o sencillamente no les interesa el porvenir.
Mientras que Colombia derrocha sus innumerables recursos naturales renovables y no renovables; muchos países superpotencia preservan sus recursos, por ejemplo, Rusia cuenta con las mayores reservas de recursos energéticos y minerales del mundo todavía sin explotar y, además, posee las mayores reservas forestales.
El Gobierno, de la mano de grupos económicos, le apuntan a la explotación indiscriminada del territorio colombiano. Pero las comunidades, amparadas en el Derecho, están prestas a repeler sus aspiraciones.
Por eso, me uno a la gran voz que dice NO a la megaminería a cielo abierto; por eso, aliento a la ciudadanía para que continúe en su lucha política. El poder no puede reducirse a los intereses de unos pocos; aun cuando los mass media nos quieran atragantar con sus verdades a medias y sus falsas necesidades de desarrollo.
El Estado tiene la obligación de dirigir sus esfuerzos en la búsqueda de “un orden político, económico y social justo (…)” (ver Constitución). ¡Pero no! Su cúpula de funcionarios parece regirse por la soberanía privada; y no por la soberanía y el interés popular, tal y como lo dicta nuestra norma de normas.
Adenda: Celebro los resultados de las votaciones del 9 de julio en los municipios de Pijao y Arbeláez que también dijeron No a la explotación minera y de hidrocarburos. Con 2.613 votos de los pijaenses y 4.312 de los arbelaenses, ya son cinco los municipios en el país, junto a Cajamarca, Cabrera y Cumaral, que en este 2017 le dicen no a la intervención de empresas mineras y petroleras en sus territorios (Fuente: El Espectador). ¡Viva la vida!
