Combatir la corrupción será tema electoral en 2018. Competirá en importancia con la Paz, otro gran asunto que, contrario a lo que sucede con el primero, no divide, no genera mayores enfrentamientos y no polariza, a pesar de los escándalos y la probada entronización del ethos mafioso que la sostiene y la hace posible.
Y es así, porque construir escenarios de paz y posconflicto genera reticencias, miedos y la férrea oposición de empresarios del campo, ganaderos, palmicultores, micro empresas electorales como el Centro Democrático (CD) y toda suerte de latifundistas que de tiempo atrás se benefician de la pobreza y el abandono del campo y el sector rural.
Quienes desde ya ondean las banderas de la lucha contra la corrupción, dejan entrever que ésta no podrá ser universal, porque hacerlo de esa manera, implicaría sacudir las institucionalidades privadas y públicas que históricamente permitieron que las prácticas corruptas de funcionarios y empresarios se hayan institucionalizado, naturalizado y normalizado, hasta tal punto, que luchar contra la corrupción no necesariamente compromete liderazgos y correlaciones de fuerza.
Es tan grande el presupuesto para robar y las formas ya institucionalizadas para desviar recursos públicos, que las élites, partidos políticos y familias comprometidas no exhiben sus diferencias en público. Lo contrario sucede con la construcción de la Paz y en particular con la implementación del Acuerdo Final firmado en el Teatro Colón: ello supone una tensión y un reacomodamiento de las correlaciones de fuerza en el poder político, en especial en el sector rural en donde las Farc, convertidas en partido político, aspiran a tener gran incidencia política y electoral con miras a cambiar las condiciones de pobreza, el modelo económico y la producción en el campo.
En los tratamientos periodístico-noticiosos que hace la Gran Prensa colombiana de los hechos de corrupción y los que aluden al proceso de paz con las Farc, se evidencian formas diferenciadas en las maneras como la opinión pública y los colombianos en general asumen y entienden estos dos temas o asuntos.
Nótese, por ejemplo, que el caso que hoy compromete la libertad del Fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno Rivero[1], no hay un movimiento social y político que de manera consensuada exija la renuncia del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, por ser quien llevó a este funcionario a la Fiscalía para que asumiera delicados casos de corrupción como los de Odebrecht.
Como tampoco ocurrió con el magistrado Pretelt Chaljub, comprometido también en el cobro de una millonaria coima, en lo que se conoció como la tutela de Fidupetrol (o Fidupretel). Estos dos ladinos y corruptos funcionarios simplemente sirven de chivos expiatorios, con los que se envía el mensaje de que hay una lucha frontal contra la corrupción, cuando realmente sucede lo contrario: se afinan los procedimientos y se establecen acuerdos por debajo de la mesa, pero se necesita mostrarle y entregarle a la masa, a la opinión pública, algunas “manzanas podridas”.
Baste con señalar también los silencios mediáticos, políticos y sociales de los casos de apropiación indebida de baldíos en la altillanura, que denunció en su momento la Contraloría General de la República, en los que están comprometidos el ingenio Riopaila Castilla, Manuelita-San Martín, Aceites Manuelita y la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, entre otras más.
Por el contrario, lo relacionado con el proceso de paz con las Farc genera todo tipo de reacciones desde sectores de poder político, militar, económico y mediático, que sirven, en doble vía, para deslegitimar el Acuerdo Final con mentiras y miedos como los que genera el fantasma del «Castrochavismo» y para ocultar la probada corrupción que ocurrió durante las dos administraciones del caballista y latifundista, Álvaro Uribe Vélez.
Y por supuesto, para ocultar que la matriz de la corrupción en Colombia está en su clase dirigente, empresarial y política, soportada en un ethos mafioso que nos hace proclives a violar las normas, a tranzar y a borrar los ya débiles límites entre lo correcto y lo incorrecto.
De esta manera, es un error político, moral y ético poner en competencia a estos dos asuntos trascendentales para el país. Plausible resulta la campaña que adelanta la senadora Claudia López para tratar, a través de un referendo, erosionar algunas de las fuertes estructurales mafiosas que sostienen actores y agentes privados y públicos. Pero se equivoca cuando sus esfuerzos minimizan la importancia que tiene el tema de la construcción de la paz y sobre todo, oculta las conexiones que en la práctica tienen la implementación eficaz, eficiente y efectiva de lo acordado en Cuba y la lucha contra la corrupción.
Si es necesario, la implementación del Acuerdo Final hay que exponerla en las elecciones que se avecinan, tal y como se ha planteado el asunto de la corrupción: como una lucha ética y moral que debe intentar develar y socavar las estructuras de poder privado que han logrado hacerse con el Estado, para beneficio de unos pocos.
Cuando luchar contra la corrupción en Colombia polarice y genere la animadversión que produce hablar de Paz, entonces, los colombianos habremos comprendido que el gran problema del país está en su vieja clase política, dirigente y empresarial, la misma que durante décadas ha mantenido los altos niveles de pobreza e inequidad en centros urbanos y en las zonas rurales.
La lucha contra la corrupción y la construcción de la paz, suponen modificar sustancialmente las correlaciones de fuerza. Más claro: suponen la derrota política de esa clase dirigente, empresarial y política mezquina, sucia y violenta que por largos años ha impuesto sus lógicas e intereses, en claro detrimento de los intereses colectivos.
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