Alcanzar una educación pública de calidad, administrada y financiada por el estado es sin duda, el acierto más importante reclamado y conquistado heroicamente por la federación colombiana de educadores Fecode con el paro del año 2017.
El asunto fue el primer punto de la negociación. Malintencionadamente tergiversado por algunos medios de comunicación, al propagar la idea de que se trataba de pretensiones y reclamos meramente económicos, estomacales, mezquinos, “caprichosamente” atado a los intereses gremiales de los maestros, y no, en las necesidades de los alumnos y/o comunidad educativa.
Fecode interpretó y canalizó el clamor de la comunidad educativa, al colocar en el centro de la agenda pública, el tema de la educación pública, tercer pilar del plan de desarrollo de Santos. Se trataba entonces de enfrentar las políticas educativas del estado, representado por un gobierno desgastado, agonizante en su mandato, impopular, azotado por limitaciones fiscales, por sus propios errores, la corrupción galopante, el incumplimiento al magisterio y la crítica despiadada y milimétrica de la oposición uribista. Un panorama difícil para una negociación.
Había que exigir, ceder y resistir. El magisterio entendió que solo a través de una reforma al sistema general de participación, constitucional, estructural y gradual (en un horizonte de diez años), se podría garantizar recursos necesarios que brinden acceso universal al sistema educativo público (preescolar tres grados hasta el grado once), mejorar la canasta educativa, implementar en condiciones idóneas la jornada única (alimentación, transporte, conectividad, infraestructura y recurso humano docente), y la primacía de condiciones técnicas en la relación alumno-docente y alumno-grupo.
La agenda del pliego 2017 apuntó estratégicamente a atacar la financiación de la educación pública, como política de estado, como inversión y no como gasto. De allí que al exigir mayores recursos para el sector, se cerrara la brecha histórica agenciada con las reformas constitucionales de los años 2001 (Pastrana) y 2007 (Uribe), que sustrajo recursos cercanos a los 130 billones de pesos-haciéndole conejo al mandato constitucional de 1991-vulnerando la capacidad de los departamentos y municipios en materia de inversión social (educación, salud, agua potable y saneamiento básico).
Si alguien tiene cuota de responsabilidad en la grave situación que atraviesa la educación pública en Colombia en las últimas décadas es Juan Manuel Santos.
No podemos olvidar que en la reforma constitucional del año 2001, él era ministro de educación de Pastrana; adicionalmente, en la reforma constitucional del año 2007, él era ministro de hacienda de Uribe. Además se comprometió con aumentar la participación de la inversión en educación como parte del producto interno bruto (7.5%) para el mandato 2014-2018, luego del apoyo magisterial en la dura contienda de aquel mismo periodo, suficiente para desequilibrar la balanza electoral a su favor.
Agotada la fase de negociación directa y acuerdo entre partes entre el ministerio de educación nacional y Fecode en el petitorio 2017, el paso siguiente fue la declaratoria de ruptura en relaciones obrero-patronales, esto es, paro nacional magisterial, agudizado con el transcurrir de los días, tras la terca, inflexible y lacónica “no hay plata”, repetida una y otra vez por el presidente de la república Juan Manuel Santos “. El magisterio resistía, apoyado en la unidad, y en la solidaridad brindada por padres de familia, estudiantes y la sociedad civil.
Finalmente, lo que no logró la Federación Colombiana de Municipios, ni la de Departamentos, ni mucho menos los partidos políticos, lo logramos los maestros en las calles… pactar una revisión al modelo de distribución del presupuesto de la nación orientado hacia sectores sensibles como los que se abordan con el SGP… una causa y gesta que trasciende los márgenes del gremialismo y pone a la federación a la vanguardia de las luchas ciudadanas, a jalonar las transformaciones sociales que requiere el país para cerrar las brechas sociales que hoy lo tienen como uno de los más inequitativos del mundo.
Como mínimo los educadores nos ganamos un asiento en la comisión de alto nivel que abordará la reforma al SGP, sí que merecíamos estar allí, como merecen también hacer parte los gobernadores, alcaldes, padres de familia y los refrendados ministerios de educación, hacienda y procuraduría general de la nación.
¿Qué tan bueno es el acuerdo?, el tiempo lo dirá. Es un acuerdo proyectado a largo plazo y solo la organización, lucha y movilización social garantizarán que se cumpla o no.
No va ser fácil, se requerirá fuerza política para consolidarlos más allá del magisterio, pues compromete a la sociedad colombiana en su conjunto. Recordemos que el 2018 es un año político, elegiremos Congreso y Presidente. En otras palabras, el desarrollo de este acuerdo le sucede lo mismo que a los actuales acuerdos de paz con las Farc, son más importantes el desarrollo de los acuerdos, que el acuerdo mismo, y la educación importa mucho a la paz.
Uno de los lemas del paro fue “el maestro luchando también está educando”, en 37 días sentamos cátedra de ciudadanía activa, participativa, deliberativa, pacífica.
Como maestro pienso que la educación, permite construir equidad y consolidar la paz, fundamentales en una sociedad que se reclame democrática. Por eso debemos permanecer expectantes con estos acuerdos, su seguimiento, sus compromisos puntuales.
Colombia no puede seguir eligiendo la misma clase política y esperar buenos gobiernos, gestores de políticas públicas inclusivas en beneficio de las mayorías nacionales. Con la defensa de la educación pública el magisterio colombiano jugó sus fichas para el 2018, la sociedad colombiana tiene también que saber jugar las suyas en el ajedrez político que se avecina.
