Más allá de querer conocer las identidades de los responsables del atentado terrorista ocurrido al interior del Centro Comercial Andino, en lo que deben pensar las autoridades y la polarizada sociedad colombiana es en el objetivo que bien se pudieron plantear los autores intelectuales de dicho atentado, cuando tomaron la decisión de hacer detonar el artefacto en el señalado centro comercial, de la exclusiva zona T de la Capital del país.
El objetivo que se puede colegir de la acción criminal, tiene en el contexto pre electoral, a la circunstancia que mejor se acomoda al fin establecido, que no es otro que el de generar zozobra en los capitalinos a pocas horas de que las Farc hagan dejación de las armas, la ONU tome el control de las mismas y se avance en la transformación de esa agrupación subversiva en partido político.
Mientras avanzan con inusitada reserva y cautela las investigaciones de los organismos de seguridad del Estado, el propósito político de la acción criminal se logró: volvieron los bogotanos a sentirse inseguros, en especial los sectores de poder económico, social y político que frecuentan no solo el centro comercial Andino, sino el norte de Bogotá.
Inseguridad que hábilmente deviene alimentada por la desconfianza, animadversión, incredulidad, desinformación, molestia y animosidad social y política que generan el Acuerdo Final (II) y la actual fase de implementación de lo acordado en La Habana. En todo lo anterior, confluyen los disímiles intereses de la Organización Ardila Lülle (OAL), a través de su noticiero RCN[1], y el ya conocido propósito del Centro Democrático y su propietario, el caballista Álvaro Uribe Vélez, de “hacer trizas ese maldito papel que llaman Acuerdo Final”.
Así entonces, el atentado terrorista del Centro Comercial Andino bien puede convertirse en la primera advertencia que quieren comunicar los responsables de la execrable acción criminal. Y si las autoridades no logran confirmar la identidad de los perpetradores de ese hecho, este mismo debe considerarse desde ya como parte de las estratagemas a las que apelará esa parte o sectores del Establecimiento que buscan a toda costa interrumpir el proceso de paz con las Farc, evitando que la fase de implementación de lo acordado resulte exitosa.
Es importante que los organismos que asumieron la investigación de lo acontecido en el Andino den rápidamente resultados en torno a la identificación de los responsables.
Pero más allá, lo que debe emprender el gobierno de Santos y los sectores que lo respaldan, es ampliar y fortalecer actividades y acciones de contra inteligencia con el claro objetivo de desenmascarar y desmantelar las estructuras de poder político, económico y social que muy seguramente estarán dispuestas a apoyar y aplaudir acciones criminales como poner bombas no solo en Bogotá, sino en otras capitales de departamento, para enrarecer el escenario electoral de 2018 y esperar a que “surja un líder carismático y mesiánico que le devuelva la seguridad a los colombianos”.
Sabemos que en Colombia hay un “doble” Estado que se consolidó entre 2002 y 2010. Esto es, un Estado legal y ajustado al ordenamiento jurídico-político y otro, Ilegal, capaz de interrumpir, en la última y quizás la más crucial de las etapas del proceso de paz adelantado por el presidente Santos Calderón con las Farc: la implementación.
Por su trayectoria política, Santos sabe que subsiste ese “doble” Estado. Dependerá de su liderazgo y sagacidad, lograr que los organismos de seguridad estatal desarrollen actividades de contra inteligencia para develar las identidades de quienes buscan desde la institucionalidad, impedir que se construyan escenarios de paz y reconciliación en el país.
Una vez tenga en sus manos los informes de la contra inteligencia[2], Santos deberá tomar decisiones que muy seguramente lo llevarán a “sacudir” las filas de las Fuerzas Armadas y las propias agencias de seguridad, con el fin de sacar de estas a todo aquel que al no compartir las decisiones del Ejecutivo en materia de paz, hayan colaborado con la acción criminal en el Andino, estén dispuestos o proclives a atentar contra el proceso de paz o simpaticen o compartan la idea del ganadero y latifundista y líder de los opositores y enemigos del Acuerdo Final, de “hacer trizas[3]” dicho documento.
Si Santos no logra desmantelar y desenmascarar a quienes hacen posible que exista ese “doble” Estado en Colombia, lo más probable es que, de cara a las elecciones de 2018, [4]se presenten más atentados terroristas con los que se buscará desestabilizar el país y generar una crisis institucional que obligue a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, escenario propicio y deseable para modificar sustancialmente el contenido del Acuerdo Final (II).
Todos sabemos que una ANC tiene enormes riesgos porque hay fuerzas que buscaràn devolvernos a la Carta Polìtica de 1886. Entre esas fuerzas està el anulado ex Procurador General, Alejandro Ordòñez Maldonado.
