Persiste en el imaginario de algunos antioqueños la idea peregrina de que la estructura territorial federal del Estado puede ser la respuesta que satisfaga sus apetitos regionalistas, racistas y patrioteros. Esta idea, al igual que la de la pena de muerte, la prisión perpetua, la castración química y muchas otras que suelen agitarse cada cierto tiempo, por parte de desprestigiados personajes de la política, comunicadores y periodistas semicultos o simples hijos de vecino en trance de figuración (las intonsas gentes de que hablaba con ironía el maestro León de Greiff), ha salido a flote ahora en medio de la tormenta en un vaso de agua que armó el irresponsable gobernador de Antioquia con motivo del diferendo relacionado con Belén de Bajirá.
“Antioquia federal” gritan desde la prensa escrita o desde las redes sociales, revelando un supino desconocimiento tanto de la historia nacional, como de la realidad política.
Colombia, no solo Antioquia, fue federal en el pasado. De hecho, la primera guerra civil que enfrentó y desangró estúpidamente a la población de la naciente república granadina fue una disputa de ese mismo tenor: La corona española, debilitada por la invasión napoleónica no podía responder a los retozos independentistas de sus colonias americanas y nuestros próceres, en lugar de consolidar primero el poder y el dominio sobre el territorio, se enfrascaron en discusiones teóricas que, infortunadamente, se tradujeron en guerra, muerte y desunión.
El resultado fue entonces la cruenta reconquista española de 1815, cuando Pablo Morillo, veterano de la guerra de liberación nacional contra Francia, fue enviado por el rey Fernando VII a reimplantar, mediante el terror, el régimen colonial hispánico.
Más tarde, consolidada la república y bajo la Constitución de 1853, se estableció la posibilidad de crear provincias y estados y Antioquia se proclamó federal en 1856. Claro que entonces la provincia solo llegaba hasta Cañasgordas y no comprendía todavía la región de lo que hoy es Urabá.
Con igual comprensión jurisdiccional y geográfica el Estado soberano de Antioquia tuvo vida jurídica en 1865, bajo la Carta federal de Rionegro, hasta que la Regeneración cercenó los escabrincos democrático liberales del radicalismo e impuso su férreo puño camandulero y mandón. Y aún bajo la naciente Constitución de 1886, Antioquia siguió abarcando el mismo territorio.
Pero el sistema federal que ya existió no reportó para la región ningún beneficio adicional al de ser gobernada, como ahora, por una minoría rezandera, autoritaria y negociante.
No hubo más libertades, ni mayores posibilidades de participación democrática por el hecho de que nos gobernaran las élites regionales. De hecho, el personaje más destacado de la época era don Mariano Ospina Rodríguez, un cundinamarqués nacido en el municipio de Guasca, que vino a esconderse en estas montañas para poder fraguar las muchas conspiraciones a las que dedicó su larga vida.
Entonces la pregunta es ¿puede un régimen federal impedir que se cercene el territorio antioqueño? La respuesta clara es NO.
Porque el régimen territorial no depende de la voluntad de cada territorio.
Lo que ignoran o quieren ignorar quienes andan haciendo tanto escándalo con este asunto de Belén de Bajirá, es que la Constitución Política otorga al Congreso de la República, en su artículo 150 la facultad de hacer las leyes, por medio de las cuales se puede, entre otras cosas, “1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.” Y “4. Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias”, en el entendido de que, como señala el artículo 286 de la misma Carta, “Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas.”
Imagen de Twitter Luis Pérez
Es decir que, según el artículo 297 “El Congreso Nacional puede decretar la formación de nuevos Departamentos, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial y una vez verificados los procedimientos, estudios y consulta popular dispuestos por esta Constitución.”
Mientras que “Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas:… 6. Con sujeción a los requisitos que señale la Ley, crear y suprimir municipios, segregar y agregar territorios municipales, y organizar provincias.” Según reza el artículo 300 ibíd.
De tal manera que mienten desvergonzadamente el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, los diputados a la Asamblea de Antioquia y los Concejales de Medellín que han afirmado que el gobierno nacional por razón del paro chocoano, le asignaron Belén de Bajirá al Chocó.
Esa es una función del Congreso. No del ejecutivo.
Y si bien, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha publicado un mapa en ese sentido, lo ha hecho porque, esas son las funciones que el decreto 2113 de 1992, le asigna en su artículo 6: “Funciones del Instituto. De conformidad con lo establecido en el Artículo anterior, el instituto tendrá las siguientes funciones:
- Realizar las operaciones de deslinde y amojonamiento de las entidades territoriales, y elaborar y actualizar el mapa oficial de la República;
- Elaborar los mapas y planos militares y la cartografía básica del país en las escalas requeridas para el ordenamiento del territorio urbano y rural; responder por la creación, mantenimiento y actualización de la información cartográfica básica, en la forma más conveniente para su actualización por parte del Instituto y por otras entidades que la requieran para el desarrollo de sus funciones;”
¿Qué tiene que ver en todo esto la estructura territorial del federalismo? Nada. Porque bajo un régimen federal o bajo un régimen unitario –centralista- las funciones del Congreso serían las mismas: definir el ordenamiento territorial.
Claro que si esos exaltados que promueven la discriminación y la idea de la superioridad de la “raza” antioqueña quieren a toda costa apropiarse de Belén de Bajirá, pueden proclamar la independencia de la región, crear un Estado aparte, invadir militarmente el territorio chocoano y apropiarse de esos espacios. Pero no creo que la vesania les alcance para tanto.
Sin embargo, es preciso acotar que lo que se esconde detrás de todo el barullo que se ha armado, es la mano fullera y oportunista de cierto expresidente y ahora senador, muy antioqueño él, que quiere, por un lado erosionar la imagen presidencial y, de paso, apuntarle a la posibilidad de una reforma constitucional que, al establecer la estructura territorial federal le sirva para consolidar aún más el dominio que ya ejerce en esta parte del terruño patrio.
Por eso en este momento lo que se impone es la mesura, la cordura, la paciencia y la búsqueda de asesores capaces, que puedan adelantar por las vías institucionales, jurídicas, legales, la reclamación ante las instancias que la Constitución prevé. En lugar de promover un ridículo “paro legislativo”, los congresistas antioqueños deberían estar pensando en la presentación de un proyecto de Ley que enderece el entuerto y restituya, si es que eso es lo que se pretende, la jurisdicción del departamento sobre Belén de Bajirá.
