Si algo afectó, entre otras circunstancias, la consolidación de movimientos sociales con vocación política en Colombia, fue la dinámica del conflicto armado interno, y en particular, la presencia de las guerrillas; coadyuvó también, la consolidación de una perversa y nociva institucionalidad estatal militarista, que atemorizó o impidió el desarrollo de actividades de protesta o la consolidación de acciones colectivas por parte de líderes y lideresas, en representación de pueblos y comunidades.
Con el fin del conflicto armado con las Farc y el progresivo debilitamiento de la doctrina político-militar que por largos 53 años sostuvo la existencia del enemigo interno y de sus “conexiones ideológicas[1]”, se espera un resurgimiento y ampliación de las movilizaciones sociales, de los movimientos sociales y de todas las acciones colectivas históricamente frenadas por las intimidaciones de todos los actores armados.
Las recientes movilizaciones y protestas de maestros, la Minga indígena que pasó por Cali, y los Paros Cívicos en Chocó y Buenaventura, hacen parte de los nuevos vientos que soplan en esa Colombia que exige a gritos la presencia del Estado y el cumplimiento de lo consignado en la Constitución Política de 1991.
Bajo la óptica de esos nuevos vientos, hay que entender las manifestaciones de los pobladores de los municipios de Piedras y Cajamarca (Tolima), Cumaral (Meta) y Támesis y Jericó (Antioquia), que abiertamente dijeron NO a las actividades extractivas o de exploración a desarrollarse en sus territorios.
En el municipio de Piedras[2], por ejemplo, cerca de tres mil de sus habitantes dijeron NO a la explotación minera, a través de una consulta popular[3]. Como en otras zonas y proyectos, en Piedras hacía presencia la multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA), entre otras empresas del sector.
Posteriormente, vino la manifestación de los ciudadanos de otra población del departamento del Tolima, amenazada por la exploración que la AGA estaba haciendo para ver la posibilidad de extraer oro de las entrañas del municipio de Cajamarca.
La consulta[4], realizada en 2017, dejó como resultado un contundente NO de los habitantes a las actividades de exploración y explotación subsiguiente, adelantadas por la cuestionada multinacional. Es decir, entre 2013 y 2017 y en un solo departamento, la población se movilizó para tomar decisiones socio ambientales que claramente le ponen freno a la locomotora minero-energética puesta en marcha por el Gobierno de Santos, dando, por supuesto, continuidad a una política extractiva que se expandió sin control durante los ocho años del Gobierno del latifundista, caballista y ganadero, Álvaro Uribe Vélez.
Si bien este tipo de expresiones colectivas no configuran en sí mismo o hacen parte de un solo y unificado movimiento social, sí advierten una toma de conciencia por parte de los ciudadanos que ven en la extracción de minerales un riesgo socio ambiental de enormes proporciones, en el contexto de unas prácticas de explotación que el Estado permite y que claramente devienen insostenibles ambiental, social y culturalmente.
Luego vendría la decisión de los pobladores del municipio de Cumaral, en el Meta. En una consulta popular[5], celebrada pocos días atrás, casi ocho mil de sus habitantes dijeron NO a la explotación petrolera.
Por fuera de las anteriores expresiones populares, cívicas y ciudadanas se registran los casos de los municipios de Támesis[6] y Jericó en Antioquia, cuyas corporaciones legislativas (concejos municipales), prohibieron la minería en sus territorios. Para el caso de Támesis, la votación de los concejales fue unánime; decisión que fue acogida por el Alcalde[7] de la localidad. En lo que respecta al Concejo de Jericó, hay que señalar que no hubo consenso, por lo que el triunfo del NO fue apretado (6 a favor, cuatro en contra y una ausencia[8]).
Hay que señalar que las decisiones político-administrativas adoptadas por los concejales de los municipios de Támesis y Jericó están soportadas en las expresiones de sus ciudadanos y autoridades eclesiásticas y movimientos ambientalistas.
Si bien no se pueden establecer conexiones que den cuenta de uno o de varios movimientos sociales con vocación política que estén detrás o hayan acompañado dichas decisiones, dichos rechazos ciudadanos a la minería dan cuenta de las enormes tensiones socio ambientales que genera la extracción de minerales y el proyecto económico de reprimarización de la economía.
Si bien no hay certeza de la coincidencia ideológica y política que permita acercar las señaladas manifestaciones pro medio ambiente, con el ideario de las Farc, si se puede señalar que el proceso de paz, la negociación misma y la insistencia de las Farc en no retroceder a pesar de los incumplimientos del Estado y de las promesas de la oposición de “hacer trizas ese maldito papel que llaman Acuerdo Final”, vienen generando y posibilitando un nuevo ambiente político y social que facilita el encausamiento de la protesta ciudadana y la movilización social en defensa del territorio, de la cultura y de los recursos naturales.
Así entonces, al ponerle fin al conflicto armado, se abre la enorme oportunidad para que desde lo local y regional, en especial desde los municipios y territorios más golpeados por la guerra y el abandono estatal, se consoliden expresiones colectivas y populares que den vida a movimientos sociales con vocación de poder, que muy seguramente cambiarán las correlaciones de fuerza no solo en los ámbitos local y regional, sino en el nacional, en las elecciones de 2018[9].
Eso sí, las “fuerzas oscuras” enquistadas en el Estado colombiano de tiempo atrás, ya se vienen manifestando a través del asesinato de líderes y lideresas sociales y políticas, defensores del medio ambiente, reclamantes de tierra y maestros.
Esas “fuerzas oscuras”, aupadas por esa parte del Establecimiento a la que no le conviene ni el fin del conflicto armado, ni la consolidación de movimientos sociales, seguirán actuando bajo la premisa de esa parte del enemigo interno que sigue vigente y viva: la protesta social.
Con todo y lo anterior, el país debe prepararse para más decisiones como las adoptadas en los municipios que dijeron NO a la minería, pero también debe estar atento a las acciones de quienes buscarán llevar al poder municipal, regional y nacional a aquellos candidatos (concejales, diputados, congresistas y Presidente) para imponer las dinámicas extractivas de un modelo económico ambiental y socialmente insostenible, en el contexto de un Estado que exhibe una precaria estructura institucional, en particular una enclenque institucionalidad ambiental con la que no ha podido ponerle límites, controles efectivos y planes de mitigación tanto a la minería legal, como a la ilegal. Por eso digo, soplan nuevos vientos.
