La motocicleta: una calamidad pública

Una página de Internet llamada definiciones.com, define la palabra calamidad en los siguientes términos:

“Calamidad es un evento que trae pérdidas o consecuencias desastrosas y también se refiere a una persona inútil, molesta o persona que trae consecuencias negativas a quienes lo rodean. La palabra calamidad viene del latín calamitas que significa “golpe, daño”.

Los sinónimos de calamidad son: desastre, desgracia, accidente, adversidad, infortunio, contratiempo. Entre los antónimos de calamidad se encuentran las palabras: suerte, fortuna, dicha, victoria.”

Más precisa aún, la Ley 1523 de 2012 establece que una calamidad pública «es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.»

Adviértase que se refiere tanto a fenómenos naturales como antropogénicos (originados en la acción humana) que, sin ser intencionales, generan desastres, daños, estragos en personas, bienes, infraestructura y pérdidas humanas, materiales, económicas y ambientales.

Pues bien, las ciudades colombianas padecen una gran calamidad pública: están literalmente invadidas por motocicletas; al punto que, en menos de 10 años, este vehículo se ha convertido en el principal medio de transporte de las gentes de bajos recursos.

En el solo Medellín, indicó la Secretaría de Movilidad, se pasó de 139.000 motos matriculadas en 2005, a 710.000 en 2016. Y se espera que, dado el actual ritmo de crecimiento de las ventas, la cifra podría llegar en 2021, a un poco más de 2.000.000 de motocicletas.

Por otra parte, en los meses de febrero, marzo y abril del presente año, la ciudad de Medellín exhibió uno de los más altos índices de contaminación ambiental –que aún no se supera del todo- lo que llevó a Federico, el inefable alcalde Gutiérrez, a ponerle al problema unos pañitos de agua tibia de pico y placa, con una mano, mientras con la otra, la misma alcaldía autorizaba la tala de más de cuatrocientos árboles en dos urbanizaciones de la ciudad.

Un estudio realizado por Yohin Cuellar de la Universidad Nacional, aparecido en el periódico Publimetro (febrero 22 de 2017), “demostró que las motocicletas son los vehículos que más emiten gases de efecto invernadero (GEI)….”, mientras un reciente reporte de la Secretaría de Movilidad, difundido por un medio serio como Hora 13 Noticias, emisión de mayo 4 de 2017, señaló que “El 42% de las motocicletas en el Valle de Aburrá tiene la revisión Técnico Mecánica vencida o nunca ha ido a un CDA”.

Pero lo más grave son los daños causados por el crecimiento y manejo incontrolado del nefando aparatico que ha llegado a convertirse una de las principales causas de accidentalidad, con un costo nada despreciable de 250.000 millones de pesos, según otro estudio realizado por la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Antioquia, publicado en el periódico ADN del 15 de mayo de este año.

Según esta investigación, realizada por Santiago Medina Hurtado, profesor del Departamento de Ingeniería de la Organización, Facultad de Minas de la U.N. Sede Medellín; Juliana Vallejo, a la sazón estudiante de la Especialización en Analítica de la U.N. y Jorge Aníbal Restrepo Morales, docente del Instituto Tecnológico de Antioquia, en una ciudad como Medellín, donde el servicio de salud de sus ciudadanos presenta serias falencias la “atención médica por accidentalidad de motos durante 2017 en diferentes hospitales podría estar alrededor de los 276.000 millones de pesos, y en un escenario adverso podría ascender a 853.000 millones.”

Es decir que los recursos económicos para atender la salud de los necesitados ciudadanos de bien, se tendrán que gastar para curar los efectos catastróficos de la irresponsabilidad y la prepotencia de aquellos motociclistas que se creen invulnerables hombres de acero y confunden las calles y aceras, con pistas de competencia o escenario de sus acrobacias inverosímiles.

Es que las motocicletas mal manejadas nos están matando. Según el profesor Medina “resulta alarmante que entre los países de Latinoamérica Colombia tenga la mayor tasa de mortalidad por cada 10.000 habitantes, seguido de Brasil; en el caso de Medellín, se corroboró que la motocicleta es el vehículo que está implicado con mayor frecuencia en accidentes de tránsito”. Y de acuerdo con el informe de Hora 13, los jóvenes mueren manejando (mal) las motos y los adultos mayores atropellados por esos mismos motociclistas.

Imagen cortesía de: semana.com

Las autoridades encargadas no exigen, como deberían, el cumplimiento de los controles previstos en las normas. No hay vigilancia alguna. En el informe de Hora 13 una conductora se jacta de llevar 6 años conduciendo motocicleta, sin tener pase para hacerlo. No hay supervisión en cuanto a la realización de los cursos previos a la obtención de la licencia. Pero, es que ni siquiera se les exige conocer las señales de tránsito. En esto hay grave falla en el servicio por parte del Estado que se desentiende de las obligaciones y fines previstos en el art. 2 de la Carta Política.

Y uno se pregunta cómo afrontar un asunto tan sensible, en el entendido de que la gran mayoría de los conductores de motocicleta son gente de muy bajos recursos. No tienen un peso con qué responder por los daños que causan. De hecho, compran la “motico” (con diminutivo y todo) porque no les alcanza para los pasajes el salario mísero que se ganan. Claro que hay otros conductores de motos que actúan de manera irresponsable porque hay que posar de “tesos”. Algunos fungen de sicarios, sin serlo. Otros lo son y también lo demuestran. Pero en ambos casos, están decididos a aceptar la invitación que la publicidad de una marca famosa exhibe en sus carteles: breaking the rules, rompiendo las reglas.

La motocicleta es, en estas condiciones, una calamidad pública, acorde con la definición que veíamos al comienzo. Por acción humana, antropogénica, probablemente no intencional, pero sí gravemente irresponsable, culposa en términos jurídicos; que causa muerte, dolor, daños físicos, enormes pérdidas económicas a las familias de víctimas y victimarios, y a la sociedad, únicamente para que unos empresarios indolentes repleten sus bolsillos.