Llevaba tiempo pensando en lo de la revocatoria a Peñalosa y, en general, en lo de todas las que están en curso en el país, más de 100. Y he llegado a la conclusión de que no son buenas, de que posiblemente es más el daño que se les hace a las regiones si se saca a los mandatarios locales, sean departamentales o municipales, antes de cumplir su período constitucional. Excepto, claro, si hay delitos de por medio.
Razones pululan en cualquier sentido. A su favor o en contra de ellas. Y no les sobran, a unos y a otros, esas razones. En el caso de Bogotá, hay muchas circunstancias que, luego de un año de mandato de Peñalosa, darían para pensar que es mejor que se vaya antes de que embarque a la ciudad en una sin salida en movilidad, ambiente o espacio público, por solo citar algunos temas.
Pero también hay argumentos de peso que ponen a pensar frente a su eventual salida del cargo. ¿Cuánta plata se invertirá en su revocatoria? ¿Qué nos espera con un nuevo Alcalde? ¿Cuánto dinero hay que invertir en una nueva elección, en lugar de utilizar esos recursos en programas que beneficien a la ciudad?
En fin, son bastantes las preguntas y también los vericuetos que hay que afrontar ante una iniciativa ciudadana que puede ser reorientada y reformada, obviamente, a futuro.
En todo caso, así no les guste a muchos, las revocatorias que se están organizando hoy, y las que cumplan con los requisitos de ley, deben realizarse para poder respetar la voluntad de los ciudadanos.
Si el Consejo Nacional Electoral (CNE) decide que debe haber nuevos requisitos para ejecutarlas, pues ya serán otras reglas de juego las que entren a regir, pero de ninguna manera deben ser retroactivas, es decir, no convendría que se aplicaran a las que ya caminan, porque sería hacerles conejo a los ciudadanos que, juiciosamente, han cumplido con la ley y han conseguido las firmas que se requieren para poder revocar un mandato.
Por tanto, a esos ciudadanos que quieren revocar hay que respetarlos y sin triquiñuelas y sin enredar la pita más de lo que está, proceder a iniciar todos los trámites que se deben cumplir una vez conseguidas las firmas, cerca de 700 mil, en el caso de la capital, de un solo grupo promotor.
Muchos son los argumentos a favor y en contra de esas revocatorias. Pueden revisarlos, si desean, en algunas columnas que dejo al final. Los de Luis Guillermo Plata, los de Laura Gil, o los de Enrique Santos Molano, por ejemplo. O leer a los miembros del Polo, de Progresistas, o en su defecto a los de Cambio Radical, o a los del Centro Democrático que defienden y atacan el mecanismo de participación.
No vamos a evaluar aquí la gestión de Peñalosa o la de ningún mandatario. Solo pretendemos, con estas líneas, hacer un atento llamado a las autoridades electorales para que no les den una patada a los ciudadanos que, con todo el derecho del mundo, han emprendido la cruzada de las revocatorias.
Porque si lo hacen, no solo proyectarían una pésima imagen, sino que dejarían mucho que pensar en cuanto a la neutralidad que deben tener en defensa del constituyente primario y pasarían a verse como defensores de mandatarios, lo cual no está, hasta donde tengo entendido, dentro de sus funciones.
Los requisitos para revocar a un mandatario son simples, según dice la ley. El Tiempo, en artículo del primero de enero de este año, los resume muy claramente: “…las reglas para buscar la revocatoria de alcaldes y gobernadores serán diferentes luego de la expedición de la Ley 1757 del 2015. Esta norma, que regula los mecanismos de participación ciudadana, fijó unos requisitos diferentes para acceder a este tipo de herramientas.
De acuerdo con la norma, lo primero que se debe hacer es inscribir un comité promotor ante la Registraduría. Este comité tendrá que recoger un número de firmas que corresponda al 30 por ciento ‘de los votos obtenidos por el elegido’. Si se cumple esta meta, tras una verificación por parte de la Registraduría, se procedería a votar la revocatoria del mandato del alcalde o gobernador correspondiente. Para que la revocatoria del mandato triunfe en las urnas, según las normas vigentes, se requiere que participe el 40 por ciento ‘de la votación total válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario’. Si se logra ese porcentaje, el mecanismo será válido y ganará la tendencia que obtenga ‘la mitad más uno de los votos ciudadanos’”.
Dicho esto, los comités de revocatoria han cumplido a cabalidad la ley y no hay por qué cambiársela de un momento a otro, como pretenden ahora en el CNE en el sentido de ponerle más arandelas al asunto.
En términos generales, ese organismo busca que “cualquier proceso de revocatoria cumpla las condiciones establecidas en la ley, los Comités promotores deban presentar las pruebas cuando la solicitud esté motivada en el incumplimiento del programa de gobierno del alcalde o gobernador. El proyecto señala que los Comités también deberán demostrar la insatisfacción generalizada, en los casos en los que este argumento sea la principal motivación para tramitar la revocatoria.
Para que cualquier proceso de revocatoria obtenga el certificado de la Registraduría, se impone el requisito de la verificación previa por parte del CNE.
Imagen cortesía de: Reporteros Asociados
Para ello la Registraduría deberá remitir al CNE las pruebas que presenten los Comités Promotores para acreditar que la exposición de motivos que sustenta la solicitud de revocatoria del mandato se ajusta a derecho. El CNE tendría 15 días hábiles para pronunciarse frente al cumplimiento o no de este requisito”. (Ver link)
Son nuevas reglas que además de inoportunas, dejan, precisamente por ello, un mal sabor. Se podría decir que tiene sentido que cambien esas reglas, pero no ahora y mucho menos cuando la ciudadanía se ha empeñado en lograr una verdadera participación ciudadana.
Ahora, si a muchos la revocatoria los asusta, les disgusta, les parece mala, inconveniente o catastrófica, pues es mejor, entonces, terminarla de un solo tajo, pero no meter engaños ni leguleyadas para obstruir un camino legítimo que, hoy, está en manos de la gente.
Si estas convocatorias para revocar a Peñalosa o a otros mandatarios tienen tinte político es otra cosa que habrá que evaluar. Por ejemplo, yo le pregunté a Gustavo Petro si estaba de acuerdo con la revocatoria de su sucesor y esta es la hora en que estoy esperando respuesta. Mala señal me manda con su silencio.
¿Qué un año para implementar todo lo planeado no es tiempo suficiente para un alcalde o gobernador? Claro que sí, o entonces, planearon mal y no se prepararon para un período que es de cuatro años.
¿Que es una pelea de élites, como lo dice Laura Gil? Puede ser. Lo que sí no puede ser es que se le cierren al ciudadano, como siempre, las posibilidades de participar, manifestarse, y de, organizada y seriamente, decir por el futuro de su ciudad o de su departamento.
Esta semana que viene el CNE tiene la palabra.
Adenda: Impresentable, reprochable y sumamente peligroso, por ser fanatismo, el hecho de que se piense, siquiera, legislar o gobernar con la Biblia en la mano. La separación entre la religión y la política es fundamental para que exista la convivencia pacífica y la razón. En nombre de Dios han muerto, a lo largo de la historia, injustamente, muchas personas.
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Les dejo algunas columnas, en pro y en contra de las revocatorias que, espero, alimenten este debate:
https://www.las2orillas.co/7-razones-revocar-penalosa/
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/laura-gil/pelea-de-elites-laura-gil-86408
