Debo reconocer que ha sido toda una casualidad leer Eichmann en Jerusalén -escrito por Hannah Arendt-, mientras nuestros honorables Senadores debatían sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Claramente, el juicio a un criminal del régimen Nazi en los años 60 difiere profundamente con lo que se tiene previsto para juzgar a los actores de nuestro conflicto armado interno en los próximos meses. Sin embargo, creo que nos enfrentamos a las mismas preguntas sobre las que Arendt reflexionó en su momento, y esas inquietudes giran en torno a la justicia y la búsqueda de la verdad. Así, en estos párrafos compartiré con ustedes algunas impresiones sobre esas preguntas, y sobre por qué son pertinentes para nosotros hoy en día.
Para empezar, veamos lo que narraba Hannah Arendt en su texto y cuáles eran los aspectos del juicio que le inquietaban. Eichmann en Jerusalén es un libro en el que la autora recopila todas sus observaciones sobre el juicio en Israel, y profundiza sobre la figura de Eichmann y el funcionamiento de la burocracia Nazi durante la ejecución de la “Solución Final”. Es un libro que ilustra de manera lúcida el entramado institucional y el papel real de Eichmann en la cuestión judía, como aquel burócrata que logró deportar y movilizar a millones de judíos hacia los campos de exterminio, en cooperación con los líderes judíos de la época y gobiernos afines al régimen Nazi.
Con respecto a este proceso, Arendt señaló la existencia de varios problemas para juzgar al acusado, que, curiosamente, se relacionan con el caso colombiano:
- Primero, la ilegalidad de la captura de Eichmann: su rapto en Argentina puso en entredicho todo el proceso, restando legitimidad al tribunal para judicializar al acusado. Si se quiere evitar el sinsabor de una justicia “de vencedores” o viciada, es esencial que los procedimientos y las cortes muestren rectitud e imparcialidad. Así las cosas, el panorama colombiano no parecer mejorar en esos puntos: los resultados del plebiscito y la refrendación del nuevo acuerdo de paz por el Congreso fueron duras pruebas para la legitimidad del sistema, y la ausencia de jueces internacionales en el Tribunal Especial para la Paz genera dudas sobre su imparcialidad.
- Segundo, la acusación del fiscal a partir del contexto de la ejecución del crimen. En el juicio, el fiscal llevó como testigos a sobrevivientes de la “Solución Final”, quienes aprovecharon el espacio para desahogarse y dar cuenta de todo su sufrimiento. Esto no sólo alargó todo el proceso judicial, sino que también llevó a los mismos jueces a cuestionar al fiscal en su intención de “pintar” un marco general para el desarrollo del juicio. En Colombia, por fortuna, estamos ya lejos de aquella época: la Comisión de la Verdad será el espacio para entender contextos, reconocer el daño causado y visibilizar aun más a las víctimas de la guerra, mientras que el Tribunal Especial para la Paz se podrá concentrar en la administración de justicia y la sanción a los crímenes más atroces.
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Imagen cortesía de: Presidencia de la República
Tercero, para el Tribunal de Jerusalén fue muy complicado establecer la responsabilidad concreta de Eichmann en el devenir de la guerra. Puede que esto suene extraño, dada la aparente obviedad del crimen, pero el asunto revestía preguntas de fondo: ¿Era Eichmann culpable del exterminio judío en su conjunto, o solo de unos actos concretos? ¿solo era un burócrata que seguía ordenes? ¿Actuó con plena conciencia de la naturaleza de sus actos? La respuesta a estas preguntas no fue absoluta para Eichmann en los 60, y creo que tampoco lo será para los guerrilleros y militares que comparezcan ante el Tribunal Especial para la Paz. Nuestros honorables senadores ya han debatido ampliamente sobre la responsabilidad de mando para juzgar a los actores del conflicto, pero serán los magistrados quienes tendrán la “última” palabra al respecto.
Con todo lo anterior, es difícil no preocuparse. Nuestra frágil justicia debe estar a la altura del momento histórico, y debe operar bajo un estándar lo suficientemente decente para no alarmar a la Corte Penal Internacional.
Nuestro frágil Tribunal no solamente debe abordar las preguntas que inquietaron a Arendt en la práctica, sino que también debe enfrentarse a los males inherentes a nuestra “idiosincrasia política”: las designaciones cuestionables, las actuaciones reprochables, los “micos” en el proyecto de ley de la JEP, entre otros posibles. En últimas, nuestro frágil sistema debe funcionar de la mejor manera, al menos por esta vez.
