El alcalde de Medellín parece no entender que no es posible satisfacer su fetiche de seguridad sin una atención adecuada de la pobreza y lo social en la ciudad.
En su aclamada tesis: “La pobreza como privación de las capacidades” Amartya Sen —filósofo y economista Bengalí, ganador del Premio Nobel de economía de 1998— distingue entre la pobreza como carencia de ingresos, y la pobreza como privación de capacidades socio-económicas. Paralelamente las relaciona de manera hábil explicando cómo al carecer de educación básica de calidad, de asistencia sanitaria, de salud y de asistencia social, disminuye la calidad de vida de las personas en condición de pobreza; a menor cobertura de los anteriores, menores las posibilidades de quienes clasifican como pobres de superar esa condición.
En ese orden de ideas, se entiende que corresponde a los gobiernos inyectar inversión de capital a lo social con el objetivo de impulsar mejoras en la calidad de vida de los más pobres, entendiendo como Sen, que la renta es sólo un medio para un fin; los gobernantes deben procurar una inversión y atención social óptima si de verdad se tiene la firme intención de disminuir la brecha de la desigualdad y mejorar de paso asuntos como la seguridad; y en la alcaldía de Federico Gutiérrez se ha visto todo lo contrario.
De Medellín Solidaría, un programa de la anterior administración de Medellín, “destinado a contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la población en condición de pobreza extrema” fueron despedidos 200 profesionales sociales; de Buen Comienzo, programa destinado a los niños y niñas más vulnerables de la sociedad en sus primeros cinco años de vida, fueron despedidas 150 personas; Del Sisben, fueron despedidos 22 encuestadores, a quienes se quedaron les fue reducido el salario y a quienes deseen ingresar al programa como encuestadores ahora se les está exigiendo moto. Y así, sumando entre todos los programas, el total de profesionales psico-sociales despedidos son 600 aproximadamente.*
Los despidos de estos encuestadores tienen miles de encuestas que le permiten a la población vulnerable acceder al Sisben represadas, sin ingreso; lo cual resulta en que no sólo se ven afectados los encuestadores despedidos y el resto de los profesionales sociales como docentes, psicólogos orientadores, sociólogos, antropólogos y profesionales en desarrollo familiar; sino a sus familias y a los destinatarios de los programas.
Programas como “Buen Vivir”, “Medellín Solidaria” y “Buen Comienzo” son programas delicados, que al trabajar con familias requieren de una continuidad en sus procesos, no sólo con los niños, sino también con los adultos que hagan parte de ellos. Todos los destinatarios de estos programas comienzan por ser caracterizados, re-direccionados a un profesional y es ahí donde comienza el proceso con la población, sin embargo los cambios en la administración y el profundo desconocimiento en materia social que ésta ha mostrado no permiten que los programas de esta índoles prosperen, no sólo porque a los programas pueden llegar personas sin la experiencia necesaria para atender la población, sino que a quienes sí tienen la experiencia y las credenciales para trabajar en lo social se les está brindando un contrato de prestación de servicios, lo que no sólo genera inestabilidad laboral y una alta circulación de los profesionales sino que imposibilita la continuidad requerida en estos programas.
Sucede que los proyectos sociales se siguen manejando como estadísticas de mera atención, que cuando no son operados correctamente por profesionales de lo social, sino por burócratas a los que se les deben favores se transforman en simples políticas públicas paternalistas que realmente no ayudan a las personas a salir de su condición y no es culpa de la población, sino de la pésima administración de los programas.
Estuve reunida con Alexandra Carmona, Andrés Roldán, Alejandro Gómez y Mauricio Tobar, todos profesionales sociales afectados y preocupados por la dramática reducción del presupuesto para los programas sociales en la ciudad; quienes además han liderado exigencias al alcalde por parte de un grupo de profesionales afectados y con justas razones, como mal manejo de los programas o inconsistencias en sus presupuestos:
Coringe, el operador encargado de Buen Comienzo, fue sancionado el 10 de noviembre del 2016 por mal manejo de alimentos, sin embargo, hoy por hoy sigue siendo el operador tras renovar contrato con la actual alcaldía el 10 de febrero del presente año por $750.000.000 de pesos, sin entregar hasta ahora un discriminado del uso del presupuesto designado.
Mauricio Tobar, una de las fuentes que contribuyeron a esta columna es psicólogo, uno de los afectados despedidos de los programas sociales. Tobar hacía parte del programa “Escuela entorno protector”, el cual, en concordancia con la Ley 1620 del 2013 procura facilitar la convivencia escolar a través de la prevención del matoneo y la violencia, entre otros. Mauricio, al igual que varios de sus colegas fue despedido este mes. Sin justificación alguna se dio aviso de la terminación unilateral de su contrato el cual era operado por el Hospital Mental de Antioquia; este programa pasó a ser operado por la Escuela de Educación y Pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tras este cambio, el rector del colegio donde Tobar laboraba manifestó su preocupación bajo el mismo argumento expuesto en la columna: el proceso que sus estudiantes llevaban con Tobar requiere continuidad, lo cual se ve amenazado con el cambio abrupto del profesional que lleva meses, incluso años trabajando con los estudiantes.
Por tales motivos, profesionales y afectados por el mal manejo de los programas sociales en la actual alcaldía, cuestionan con argumentos el manejo de lo social en la administración: los cambios de operadores; de presupuesto y de profesionales deterioran la calidad de los programas, dejando profesionales con cargas excesivas de trabajo y las familias sin la atención adecuada.
Imagen cortesía de: Metrosalud
El malestar de nuestros profesionales sociales es tan desolador como el panorama en el que vivimos, puesto que las administraciones y la sociedad parecen desconocer la importancia de nuestra labor, en especial la de aquellos que como mis entrevistados y sus representados, quienes aun con las difíciles condiciones de seguridad en las comunas y los salarios de hambre que les ofrecen están dispuestos a hacer trabajo de campo con la población.
Hay que mencionar que perpetuar operadores en los contratos no es nada bueno, que hay que revisar periódicamente los términos y aplicaciones de los contratos, estoy de acuerdo, pero eso no tendría porqué poner en vilo la relación de los profesionales y la población atendida ni a los profesionales, que llevan años contribuyendo a la sociedad y hoy por hoy están a un paso de hacer parte de la población vulnerable que atendían.
Federico parece estar pagando favores, pero esos pagos no están ni siquiera siendo acordes con sus supuestos intereses. Si el Show man que tenemos por “alcalde” de verdad tiene por prioridad la seguridad, para eso tiene que trabajar conjuntamente en mejorar lo social. No es posible lo uno sin lo otro.
Es un asunto lógico lo que propone Sen: La falta de capacidades, de educación y de oportunidades alimentan la pobreza, y la pobreza alimenta la violencia. Si desea acabar con los problemas de seguridad de la ciudad, lo primero que tiene que atender es lo social. Lo social no como asistencialismo, sino lo social como resistencia, como transición y como transformación.
*Estas cifras fueron aportadas por los entrevistados mencionados en la columna y constituyen un aproximado de los cálculos que ellos mismos han creado desde su activismo en esta grave problemática.
