Desde un anhelado deber ser y en el contexto de una democracia restringida, un Estado débil y precario, una sociedad civil atomizada y una sociedad de masas, el ciudadano colombiano debería saber diferenciar los ámbitos de lo público y lo privado. Y en esa misma lógica, tomar decisiones políticas -electorales, en particular- basadas en ejercicios autónomos y racionales, frutos a su vez, de la comprensión de la compleja historia política de Colombia.
Pero la realidad es otra. Digamos entonces, que el ciudadano colombiano promedio actúa en la esfera de lo público, anclado profundamente a emociones abiertamente irracionales, en especial aquellas articuladas a la tradición, a la moral religiosa, a la fe en un Dios castigador, o a las ideas de pastores que a cambio de onerosos diezmos, guían las actuaciones y las decisiones de esos “ciudadanos” cada vez más proclamados feligreses y obedientes borregos, y cada vez menos actuando desde un pleno ejercicio de la ciudadanía.
No hay nada más contrario al espíritu y al concepto de ciudadano, que una persona que deposita su felicidad en un tercero, o que cede su autonomía para que ese tercero investido de pastor, le diga qué hacer, por quién votar o cómo afrontar la vida.
Si algo comprendimos los colombianos después del inesperado resultado de la jornada plebiscitaria del 2 de octubre de 2016 es que la fe en Dios aún guía la vida de millones de compatriotas que ese día, optaron por decirle NO a la refrendación popular del Acuerdo Final (I), guiados por las “órdenes” de pastores de varias iglesias, entre estas las cristianas, que leyeron los acuerdos en clave de doble moral y con el profundo temor que les generó la posibilidad de que el país empezara a caminar sobre senderos de libertad, pensamiento crítico y de reconocimiento de las diferencias, claramente prohibidas en iglesias y sectas afectas a la tradición.
Incapaces de hacer una lectura juiciosa y responsable del Acuerdo Final (I), millones de colombianos dejaron que pastores homofóbicos les “explicaran” que en el contenido de lo negociado en La Habana había una inconveniente e inaceptable ideología de género. Y ahora que se avecinan los comicios del 2018, lo más probable es que esos mismos ciudadanos salgan a votar bajo las orientaciones de pastores, -verdaderos avivatos- que nuevamente les dirán que hay que salir a votar a favor de aquellos candidatos que defienden a la familia y que impiden que a este país llegue la peste del castrochavismo.
Cuando una persona paga un diezmo a un pastor para que este guíe su vida y sus decisiones políticas, allí muere el ciudadano y nace un obediente y obcecado feligrés, capaz de defender a dentelladas si es necesario, la familia tradicional (papá, mamá e hijos), al tiempo que rechaza y niega derechos a la población LGTBI y se opone a la eutanasia, al aborto y al matrimonio igualitario.
Nada más contrario a la idea de ciudadano que una persona que participa de escenarios electorales -incluyendo plebiscitos-, anteponiendo a las connaturales disquisiciones que sobre el poder político debería de hacer, infranqueables dogmas de fe y emociones capaces de anular cualquier capacidad de razonar en torno a un asunto público como lo es escoger, en 2018, a quien se comprometa a respetar e implementar lo acordado en La Habana.
Ya Alejandro Ordóñez Maldonado y la diputada Ángela Hernández nos dejan claro cómo moverán a sus seguidores y áulicos en torno a la jornada electoral de mayo del 2018. Insisten en que la familia tradicional como institución, está en riesgo gracias al Acuerdo Final. Es decir, para estos dos personajes la ideología de género sigue presente en lo acordado en La Habana. Por lo tanto, el riesgo de convertirnos todos los colombianos en homosexuales impíos es alto. Por ello, el pre candidato a la presidencia y destituido Procurador (por corrupto), se erige tempranamente en un salvador de la moralidad, de la familia y de las buenas costumbres.
Pastores como Ordóñez Maldonado invitan a sus feligreses y a otros, a votar en contra de lo acordado en Cuba entre el Gobierno de Santos y las Farc. Y lo hacen, encubriendo su cruzada, con una supuesta defensa de lafFamilia, de las buenas costumbres y de la fe, cuando lo que realmente están defendiendo es el establecimiento mafioso que le permitió al ex procurador reelegirse, con el concurso del Senado, pasando por encima de la Constitución Política. En el fondo, Ordóñez violó la Carta Política porque así se lo indicó su DIOS. El mismo que protege a sus amigos corruptos y a los curas pederastas.
Salir a votar en las elecciones presidenciales del 2018 en perspectiva ciudadana, significa poder dialogar, discrepar y analizar; pero si por el contrario, usted piensa participar en el ya venidero escenario electoral en perspectiva de súbdito, borrego o feligrés, entonces no necesita hacer disquisiciones en torno al poder, a la paz y a la política. Bastará con que obedezca al líder espiritual al que de tiempo atrás le viene comprando el oneroso recetario, que le evita pensar y actuar como un verdadero ciudadano.
En pleno siglo XXI y los colombianos todavía ejercen su legítimo derecho como sufragiantes fundamentándose en dogmatismos que están mandados a recoger hace rato.
Uno esperaría mínimamente que se respetara la prepondancia de lo polítco, sin embargo tenemos Ordoñez como ejemplo; no importa que tanto pasen por encima de la Constitución, si es en nombre de dios, todo vale.
A sabiendas de esto, pocos son los que realmente hacen algo al respecto para que este país no se vaya al carajo.