Al referirse al escándalo por la entrada de dineros del Cartel de Cali a la campaña Samper Presidente, Álvaro Gómez Hurtado dijo en su momento: “el Presidente no se cae porque nadie lo está tumbando, ni los estudiantes, ni los sindicatos…, pero tampoco se puede quedar…”.
Tenía razón en parte el líder conservador. A Samper nadie lo quiso tumbar a pesar de la enorme crisis de gobernabilidad que generó el que se haya conocido públicamente [1] la entrada de dineros “sucios” del cartel de Cali a su campaña; lo que si hubo fue manifestaciones de rechazo al interior de las filas castrenses, en particular en cursos de ascenso de oficiales que sugerían “tumbar” al Presidente.
Es decir, se dieron conatos de desobediencia y acciones deliberantes, pero al final el Régimen dejó que la institucionalidad siguiera en pie a pesar de la ilegitimidad y de los cuestionamientos morales y éticos que sobre esta recayeron, en particular sobre la institucionalidad presidencial, por el escándalo del Proceso 8.000.
Sin duda, los narcos, con su incontrastable poder económico, lograron permear la vida social, política y económica del país. Al final, y como prueba irrefutable de la fragilidad moral y ética de amplios sectores sociales, incluidas las élites empresarial y política, hoy exhibimos unethos mafioso [2] sobre el que se soportaron y se lograron las relaciones y transacciones que dieron vida a los negociados y a las conductas dolosas e impropias en los escándalos de Reficar y Odebrecht, para nombrar tan solo a los más recientes casos de corrupción público-privada.
Guardadas las proporciones, las circunstancias contextuales y la trascendencia de los cargos, sugiero que volvamos a lo dicho por el asesinado líder conservador, pero a la luz de las actuaciones del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira.
Es claro que el único que quiere “tumbar” al Fiscal es el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo. Ni los sindicatos, ni los estudiantes, ni la academia, ni las Altas Cortes, ni los medios masivos, ni los partidos políticos y mucho menos el Congreso en pleno, están pidiendo la renuncia de Humberto Martínez a su cargo como Fiscal General de la Nación. Al igual que en el caso de Samper, nadie del Régimen (empresarios, por ejemplo) está presionando la caída de quien dirige hoy el ente acusador e investigador.
Así entonces, y siguiendo la lógica del discurso del inmolado líder conservador, crítico, pero afecto al Régimen, nada ganaría el país si se cae el Fiscal, porque lo que hay que “tumbar” es el Régimen. Pero ello no va a suceder, por lo menos, por ahora.
El inquieto y acucioso senador Robledo considera que Martínez Neira, como cabeza del ente acusador, estaría impedido, éticamente, para continuar al frente de las investigaciones que adelanta la Fiscalía por las coimas que pagó la multinacional brasilera para hacerse con los contratos de obras civiles en varios tramos de la llamada Ruta del Sol. El impedimento ético estaría dado por la amistad [3] que Martínez Neira sostiene con Luis Carlos Sarmiento Ángulo, el rico empresario colombiano que tiene intereses en la construcción de los carreteables de la Ruta del Sol; y por las asesorías legales que, según Robledo, Néstor Humberto Martínez prestó, en su calidad de abogado, al consorcio Navelena que tenía relación comercial con Odebrecht [4].
Como lo hiciera Samper, el Fiscal niega los señalamientos. Eso sí, a diferencia de Samper, no acude a la frase “se había producido a mis espaldas”. Martínez Neira insiste en que él no tiene conflictos de interés en el caso de Odebrecht, al tiempo que desvirtúa los documentos que presentó Robledo, que demostrarían que él, como abogado, ofreció asesoría legal a Navelena y calificó lo dicho por el Congresista como una mentira del tamaño de una Catedral [5].
Más allá del rifirrafe y del cruce de documentos y opiniones, lo cierto es que el Conpes[6] 3817 de 2014 daría vida a un efectivo e innegable conflicto de interés en tanto que Néstor Humberto Martínez, en su calidad de “Súper Ministro” de Santos, firmó y dio vida a dicho Conpes con el que claramente se mantuvo en operación la concesión vial, que ya arrastraba cuestionamientos de todo tipo. Subsiste allí un conflicto ético que el Fiscal minimiza, en el contexto de una sociedad que ve como una nimiedad todo lo que tenga que ver con la ética[7].
Imagen cortesía de: Semana.com
Que actores importantes de la sociedad civil no estén exigiendo la caída del Fiscal[8] General de la Nación, no significa que en el manejo que le está dando a las investigaciones y capturas producidas por el caso Odebrecht, no subsistan, por lo menos, conflictos de carácter ético. Pero no estamos en un país decente. Estamos en Colombia y por tanto, el Fiscal no se cae. Y al igual que Samper, se atornillará en su cargo, así sea a costa de la ética, porque una parte del Régimen lo necesita[9] para torpedear o ponerle límites a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Lo mínimo que debe pasar es que el Fiscal se declare impedido para manejar y orientar las investigaciones en el caso de las coimas pagadas por Odebrecht. Y aunque solo se le esté pidiendo que dé un paso al costado, una sociedad que tiene claro qué es lo público y sabe ponerle límite a lo privado y un país comprometido con la paz y la implementación del Acuerdo Final (II), debería de volcarse a las calles a exigir la renuncia de Martínez Neira al cargo de Fiscal.
Su perfil corporativo es suficiente para entender que sus decisiones y directivas como Fiscal General de la Nación devienen y devendrán permeadas y contaminadas por sus intereses particulares y sus relaciones de amistad con personas que ostentan gran poder político y económico.
[1] El país no se espantó, en sí mismo, por la entrada de los dineros de la mafia a la campaña presidencial de Samper, sino por el haberse hecho público el hecho delictivo. Y es así porque dineros de los mafiosos siempre estuvieron presentes en otras campañas. Política y crimen en Colombia de tiempo atrás caminan juntos.
[2] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2016/12/por-un-nuevo-ethos.html; Ethos mafioso: “Se define como el conjunto de acciones, actitudes, decisiones y comportamientos que claramente buscan acomodar las leyes, los códigos y las normas, incluyendo las sociales y consuetudinarias, a los intereses de unos pocos, en especial, aquellos que ostentan algún tipo de poder o que buscan imponer su voluntad en detrimento del Bien Común. Ese ethos mafioso guiaría las actividades y transacciones de todo tipo, que los ciudadanos y las instituciones desarrollan y establecen en sus cotidianidades, lo que les daría un carácter subrepticio y acomodaticio a particulares y reducidos intereses. Ese ethos mafioso, al consolidarse, corre el riesgo de volverse norma social, legitimada por la debilidad y la incapacidad del Estado de erigirse como un orden justo, viable y legítimo y por la imposibilidad de la sociedad de auto regularse y de enfrentar ese ilegítimo e inmoral orden establecido, para intentar cambiarlo en perspectiva de alcanzar el Bien Común”.
[3] Véase: http://lasillavacia.com/historia/el-fiscal-amigo-solo-otro-activo-de-sarmiento-angulo-57076
[6] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2017/01/el-conpes-de-nestor-humberto-martinez.html
[7] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2017/02/una-oportunidad-la-etica.html
[8] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2016/04/un-fiscal-corporativo.html
[9] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2017/02/marginal.html
