Luego del conocido el fallo absolutorio que favoreció a Laura Moreno y Jessy Quintero, la indignación generalizada no se hizo esperar: miles de comentarios sobre la idoneidad de la justicia y la imparcialidad de la misma inundaban las redes sociales. Muchos, incluso cuestionamos si en realidad contamos con un sistema judicial que brinde garantías, pero sobre todo: justicia.
La respuesta hoy parece obvia, hablar de un sistema judicial sano es contradictorio, pues es una realidad que en Colombia parece aún lejana, para afirmar esto, basta solo con darle una mirada a los últimos acontecimientos judiciales para darnos cuenta que en ese vaivén de prescripciones, absoluciones, y culpabilidades, está la respuesta a una pregunta que nadie se atreve a hacer, justicia, ¿para quién?
Los altísimos índices de impunidad latentes en Colombia, más allá de demostrar la congestión judicial, evidencian la ineptitud del aparato jurisdiccional de administrar justicia en buena forma.
La desconfianza que existe por parte de los ciudadanos hacia el sistema judicial es apenas obvia, los interminables procesos judiciales y los fallos desequilibrados por parte de algunos operadores jurídicos, alimentan la suspicacia a la hora de hablar de la justicia en Colombia.
Si bien es cierto que la justicia se encuentra en una innegable crisis, el problema radica más allá de los jueces, reencontrándonos nuevamente en un desorden institucional; cómo puede ser posible que en Colombia, en pleno siglo XXI, al menos 350 municipios del país no cuenten con presencia de autoridades judiciales. Según estudios presentados por el Foro Económico Mundial, ocupamos el sexto lugar como la justicia más lenta del mundo, las soluciones que el legislador tímidamente presenta, resultan inanes.
Y es que la justicia de hoy ya no la pintan como una Temis, con venda, espada y balanza, porque le han dado otro significado a estos símbolos, la dama de la justicia ha perdido su objetividad e imparcialidad, ya no es ciega, sino tuerta, su espada, que debería significar valentía, demuestra todo lo contrario, y su desequilibrada balanza, inclinada hacia el mejor postor, dejando entrever que en Colombia no hay culpables ni inocentes, solo ricos y pobres.
Resulta coherente afirmar que hoy en día existe una estratificación de la justicia, los fallos de ahora ya no se hacen en derecho, sino en efectivo, en otras palabras, el aparato jurisdiccional ha dejado a un lado el clásico litigio argumentativo, por una guerra de poderes económicos, aunque este escenario solo se presenta en las altos esferas de la sociedad. Para los demás existe una justicia rígida y despiadada.
Las altas cortes viven un desgaste, ya no llegan a su seno grandes juristas, sino grandes políticos, ya no es digno de las altas magistraturas quien ha dedicado su vida al estudio del derecho, sino el que mejor haga lobby en el Congreso.
Imagen cortesía de: Colprensa
Los casos de corrupción recientes, haciendo hincapié en el sucedido en la Corte Constitucional, nacen en la devolución de favores que los magistrados deben a los senadores que intercedieron en su elección, entonces, ¿podemos hablar de una justicia independiente? Es vergonzoso que un magistrado esté sentado en el banquillo de los acusados por pedir prebendas para fallar una tutela en cierto sentido, ¿qué garantías se le pueden exigir entonces al aparato judicial?
En fin, aún queda mucho por hacer, confío en que algún día la justicia haga honor a su nombre y garantice acceso real y efectivo a todos los colombianos, tal como lo estipula la Constitución Política, por ahora solo es una realidad que existe en el papel, se deben realizar muchas reformas, para que en Colombia la justicia ya no sea un negocio, sino un derecho.
