Tras el reciente anuncio sobre la nueva fecha, en abril, para la salida de menores de edad que forman parte de las Farc, se han apaciguado las múltiples voces que hablaban y hasta gritaban cuestionado cuál era la demora, exigiendo que los devolvieran sin vacilación.
Organismos internacionales, organizaciones sociales y sociedad civil, han insistido en la importancia de la desvinculación de los menores de edad en el conflicto armado, la solicitud ha sido escuchada por la partes negociadoras del Gobierno y las FARC-EP, pero también ha trascendido al proceso que se inicia, en su fase pública, con el ELN.
Así que aparentemente todo va bien, les hemos exigido que devuelvan a los niños, niñas y adolescentes, y las Farc ya dieron una fecha. El lente de los medios está atento para supervisar el cumplimiento y así dar un parte de tranquilidad a esta sociedad hoy tan defensora y protectora de los niños, a esa misma que ve el país a través de una pantalla. Sin embargo, mi pregunta para quienes ya quedan tranquilos con la sola salida de menores, es ¿a quién o a quiénes y a dónde los van a devolver?
El reclutamiento de menores ha afectado principalmente a los campesinos, indígenas y afrocolombianos en zonas rurales, la ONU ha resaltado que los grupos post-desmovilización y otros grupos armados locales reclutaron y utilizaron con frecuencia a niños, niñas y adolescentes de zonas urbanas marginadas y de zonas rurales estratégicas para hacerse con el control del tráfico de drogas y armas.
En nuestro país la Unidad de Víctimas ha registrado, con cifras a enero de 2017, 8091 niños, niñas y adolescentes víctimas de vinculación al conflicto armado.
En el 2002 entró en vigencia el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, relativo a la participación de niños en conflictos armados, donde se precisa la protección de niños y niñas, y se condena la vinculación de menores de 18 años en conflictos armados. El Protocolo se adopta en Colombia por medio de la Ley 833 de 10 de julio de 2003. Es decir que llevamos años exigiendo que los menores salgan de las filas, eso sí, el tiempo es poco comparado con el que el Estado ha permitido que los niños y niñas mueran de hambre en muchas zonas del país.
Imagen cortesía de: El Billuyo
En un país donde las oportunidades son escasas y hasta nulas, la realidad de los menores de edad en grupos armados tiene varios aristas, por eso también debemos hablar de los niños que se enfilaron a la guerrilla por voluntad propia para sobrevivir con la promesa de recibir comida, algo de plata, protección y ayuda para ellos y sus familias. Y vale decir también que para muchos estas promesas sí se han cumplido, incluso algunos encontraron allí una familia, un protector, un grupo de amigos, camaradas, hermanos. Una vez en el Meta, ya hace como 6 años, me encontré con Lina una adolescente de 13, le pregunté por qué se había metido a la guerrilla y palabras más, palabras menos, ella me dijo que le parecía chévere porque allá estaban todas sus amigas, que le daban comida todos los días y que se había metido ahí porque en la casa le pegaban mucho.
Así que hoy deberíamos cuestionarnos ¿cuál es el futuro real de los menores que salen de las filas?, ¿para dónde van quiénes no tienen familia, o aquellos cuyos padres están en las zonas de campamentos?, ¿qué oportunidades se han creado para ellos?, ¿dónde están los colegios del campo?
Desde las ciudades podemos dar el discurso que he oído por estos días, que vuelvan para que sean doctores, profesores, o lo que quieran ser, para que jueguen, para que hagan lo que debería estar haciendo un niño, una niña, un adolescente, pero donde no hay ni para comer, no hay juegos, ni estudio y los sueños aterrizan en realidades opuestas, donde las drogas, la prostitución, la pobreza y el hambre siguen siendo parte de las alternativas para sobrevivir.
