Hace unos días el país tuvo el honor de ser la sede de la XVI Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz, evento que reunió a más de 20 laureados asistentes y otros 15 mil participantes. Fue el espacio idóneo para dialogar sobre la coyuntura nacional y reflexionar acerca del complejo panorama que trae el posconflicto.
Las intervenciones de varios líderes de opinión, en las diversas sesiones del evento, comparten una tesis que día a día se vuelve más palpable: el proceso de paz está en jaque.
No se trata de una realidad apocalíptica, el posconflicto nunca ha dejado de estar en peligro. Puede que el plebiscito haya golpeado fuertemente la salud del proceso de paz, pero es en la implementación donde el Estado debe sacar pecho de su voluntad por alcanzar una paz territorial. Y actualmente, podemos rescatar varias señales que indican por qué el posconflicto está en peligro.
Primeramente, es tarea del Estado organizar todo su aparato institucional para lograr llenar el vacío en términos de poder que dejan las FARC en los territorios anteriormente ocupados. No se trata de hacer, estrictamente, presencia militar; el accionar estatal debe ir ligado a un acompañamiento directo y asistencial hacia las comunidades históricamente aisladas de la sociedad. De esta forma, las condiciones de pobreza y olvido que dieron inicio al conflicto armado, serán arrancadas de raíz. No obstante, la lenta acción gubernamental para suplir la ausencia fariana ha dado oportunidades propicias para que el control territorial pase a manos de otros grupos delincuenciales, factor que sin duda nos acerca a una transformación de la violencia, en lugar de una erradicación de la misma.
Además, los primeros efectos se vienen sintiendo desde hace unos meses con la ola de asesinatos de líderes sociales en distintas zonas del país, todo esto, con el ojo ciego del gobierno nacional. En algunas situaciones se vuelve incomprensible que exista un rechazo por parte del Estado a aceptar que estamos ante una nueva eliminación sistemática de personas que lideran acciones en sus comunidades, a fin de territorializar la paz. Actualmente estamos volviendo a vivir la historia colombiana donde no había garantías de participación. Y siendo ese un punto tratado en La Habana, se vuelve menester que el gobierno central intervenga explícitamente en la salvaguardia de los principios constitucionales que tienen los colombianos.
Imagen cortesía de: Raconteur
Por otro lado, genera pánico y confusión que en reiteradas ocasiones algunos funcionarios públicos utilicen los términos ‘sustitución de cultivos’ y ‘erradicación de cultivos’ como sinónimos para hacer referencia a una de las acciones acordadas en el punto de ‘solución al problema de las drogas ilícitas’ en los acuerdos de La Habana. Pues, claramente el objetivo acordado hace referencia a la sustitución de cultivos ilícitos por cosechas, que puedan significar un alivio económico para los productores que vivían del cultivo de drogas. El uso indiscriminado de los términos inicialmente expuestos genera alertas tempranas para exigir al gobierno nacional el manejo de un discurso unificado y preciso para continuar en la construcción de un posconflicto sólido.
Aunque se es consciente de las dificultades que tiene la implementación de los acuerdos, es necesario continuar haciendo veeduría ciudadana del cumplimiento cabal de lo pactado. Es aquí donde los constantes retrasos por parte del gobierno nacional y de las FARC, en los cronogramas de responsabilidades, se vuelven tan importantes. Durante la movilización de la guerrilla hacia las zonas veredales se hicieron visibles varias denuncias por parte de sus voceros, algunas zonas de agrupamiento no contaban con las condiciones de vida y seguridad acordadas. Eso no solo desajusta el proceso de desarme del grupo guerrillero, sino que propicia un ambiente de ilegitimidad, incertidumbre y rechazo dentro de la sociedad colombiana. Pero las FARC no son las víctimas aquí, empecemos con que también hay retrasos en la salida de los niños en sus filas, cuestión actualmente en proceso, pero que deja inmensas dudas sobre la cantidad de menores que hacen parte del grupo armado.
Finalmente, aunque existe voluntad para seguir construyendo un país en paz, el ejercicio de analizar cómo va la implementación de lo acordado se vuelve de obligatorio cumplimiento. Esto no solo va a contribuir al proceso mismo, sino que también motiva a que la ciudadanía participe en un país que pide más democracia y menos corrupción. En últimas, como ciudadanos, ya cumplimos con la tarea de apoyar la visión de una sociedad sin violencia, pero es ahora que debemos ponernos la camiseta de veedores de lo pactado, porque créanlo: el proceso de paz sigue en jaque.
