Los asesinatos de líderes sociales, sindicales, campesinos y defensores de derechos humanos, así como la ignorancia social y gubernamental para evitarlos, no son fenómenos del siglo XXI.
La historia republicana se ha marcado porque muchos de los acontecimientos que imprimieron desgracias en la escena nacional tuvieron su punto de partida o su semilla en la eliminación de líderes sociales; ejemplos como las masacres de liberales afectos al gaitanismo en la década de los cuarenta, con el mismo asesinato del caudillo, propició el nacimiento de las guerrillas liberales y de la guerra civil denominada la Violencia; el exterminio de la Unión Patriótica, que terminó por quebrantar los intentos de negociación con la guerrilla de las Farc y el fortalecimiento del fenómeno paramilitar; y hoy, ad portas del desmantelamiento pacífico de la guerrilla, y junto con ella, parte del conflicto, la historia se repite y el fenómeno vuelve a tomar fuerza.
El pasado 24 de enero, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, aseguró que la cifra exacta de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en el 2016 fue de 64 casos. Cifras muy diferentes a las presentadas por Indepaz, instituto que asegura que la cifra sería de 117 personas asesinadas en todo el año pasado. Estos, según Leonardo González Perafán, coordinador de Proyectos y Unidad investigativa de Indepaz, son el producto de una llamada “transición” ante el desplazamiento de la guerrilla por el proceso de paz y la búsqueda del “control político en las regiones” .
Señalaba también Indepaz que los departamentos con los mayores índices de homicidios de líderes en el 2016 son el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, históricamente, la región más azotada por el conflicto armado, y que suma el 66% de los asesinatos. Y resalta en sus informes que 6 de los 117 casos fueron cometidos por fuerzas del Esmad y del Ejército Nacional.
“Dado que las informaciones de cada entidad son parciales y están sin consolidar, de una parte, y que las investigaciones no avanzan, de la otra, no es posible tener claridad sobre los responsables y motivaciones que subyacen a los homicidios y amenazas”, diría Camilo González Posso en un informe presentado el 14 de diciembre pasado, ya que para la fecha, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia (OACDH), la Fiscalía General de la Nación e Indepaz contabilizaban cifras diferentes, 51, 52 y 86 respectivamente.
Lo anterior demostraría cuán poco comprometido está el gobierno nacional por esclarecer los hechos y las cifras de este fenómeno histórico, asumiendo el riesgo de que la desmovilización de las Farc termine fracasando y la mitad de sus miembros sean asesinados, temor fundamentado que desde el inicio de las conversaciones ha tenido la militancia guerrillera y que no dudo en colocar en la agenda a negociar.
Aún más, la OACDH ha señalado que el incremento de la violencia contra líderes sindicales, campesinos, estudiantes, indígenas y comunales se ha efectuado gracias, aparte de la retirada de las Farc de las zonas que otrora ocupara, a la ausencia del Estado y la falta de oportunidades económicas que el mismo debería garantizar, más como una deuda histórica.
Así, uno de los retos que el Gobierno tiene en el posconflicto, será llegar a todos los rincones del territorio, ya no solamente como una fuerza armada, sino también como una fuerza política y social que garantice protección de todos aquellos grupos amenazados por ser vistos como un obstáculo a la satisfacción de intereses políticos y económicos sobre las regiones por otros entes armados.
Como lo asegura Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, grupos como la Marcha Patriótica, las Juntas de Acción Comunal JAC y organizaciones campesinas, cuentan juntas casi la mitad de los 86 homicidios que Indepaz había registrado entre enero y el 5 de diciembre del 2016. Aparte de otras tantas colectividades campesinas como la Asociación Campesina de Arauca, indígenas como la Comunidad Omagá del Pueblo Zenú; estudiantiles, como la Juventud Comunista JUCO y sindicales, como el Sindicato Nacional de Salud y la Seguridad Social – Sindess.
Pero algo que sorprende aún más que el Estado inerte que Colombia tiene, es el resurgimiento del fenómeno paramilitar, supuestamente reprimido y solo con visos de regresar a pasos lentos, pero sucede todo lo contrario. En el informe anual de la Cumbre Agraria, se identifican 13 grupos entre los que están las que un día se dijeron extintas, AUC, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Clan del Golfo y las Águilas Negras, estas y otras operativas en 22 departamentos y el Distrito Capital (Bogotá).
