Perdonarán los insensibles por la analogía que hizo popular el diputado antioqueño, pero en esta ocasión no existe una mejor manera de resumir la problemática. El pasado martes desde la Registraduría, se entregaron los formularios oficiales para empezar la recolección de firmas que buscan implementar la cadena perpetua para los asesinos y violadores de niños.
La propuesta, como era de esperarse, ha sido respaldada por varios sectores políticos y gran parte de la sociedad colombiana, pues cuando se trata de ganar electorado a partir de la indignación colectiva, salen a relucir lo más bajos instintos de quienes nos gobiernan. Este referendo nace del repudio que generan en los ciudadanos actos de barbarie como los cometidos en contra de la pequeña Yuliana, pero es inconveniente y hasta inconstitucional, porque trata con simpleza un fenómeno que implica ver más allá de lo punitivo.
La medida es populista, pues arranca todos los aplausos y muchos la consideran una necesidad inmediata, pero hace que el Estado de derecho renuncie a su idea principal de la cárcel como institución resocializadora, en la que la gente reconoce su error y abandona la delincuencia; un ciclo que hoy no sucede porque las prisiones están hechas simplemente para encerrar y castigar a violadores y asesinos sin solucionar el problema de raíz.
Es por eso que podemos crear más cárceles e incrementar las penas, pero el delito seguirá presente, afectando a más de dos niños cada hora en todo el territorio colombiano, pues contrario a lo que se cree, no existe ninguna prueba de que la cadena perpetua intimide a los agresores; por el contrario, lo que hace es desincentivar las denuncias, aumenta el hacinamiento carcelario y nos saca del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
De lo que sí existe prueba es de que las tasas de reincidencia en crímenes sexuales son menores de lo que la opinión pública piensa. Un estudio de Human Rights Watch, examinó 29.000 casos en un periodo de 15 años de personas condenadas por delitos de este tipo y que fueron liberadas, llegó a la conclusión de que tres de cada cuatro no reincidieron, y que podría ser mucho menor la cifra si todos recibieran tratamiento y ayuda psicológica. Así se derrumba entonces el mito de que estamos ante unos “irrecuperables”.
Sin duda es mucho más fácil confinar a unos delincuentes en cuatro paredes que asumir responsabilidades como sociedad; que garantizar los derechos de los niños y las niñas combatiendo desde el origen todo aquello que los puede alejar de un mejor futuro, acabando el machismo, el clasismo, el racismo y la misógina; exigiéndole a un organismo de justicia incompetente que opere de una vez por todas, erradicando la impunidad, que en últimas, es el caldo de cultivo para nuevas atrocidades. Ya las leyes están hechas, pongámoslas a andar, pero si no somos capaces, mientras tanto, sigamos perfumando el bollo.
Adenda: Siguen cayendo las piezas pequeñas del escándalo Odebrecht, ya sabemos que las grandes continuarán haciéndose las sorprendidas, pretendiendo demostrar que se sienten traicionadas. Increíble y hasta infame que aún haya quienes crean en tanta ingenuidad.
