Turbación será todo lo que demostrará el alma de un comerciante oriundo de Soledad, Atlántico, cuando en las puertas del cielo le pregunten cuál fue la causa de su muerte. “Yo iba caminando pa mi casa y de pronto aparecí aquí” -responderá austero el muerto costeño con la intención de entrar al paraíso-. El santo de turno que lo recibirá, no podrá dejar de parecer indignado ante la respuesta poco aclaratoria.
En mis manos no está esclarecer la resolución de este enredado proceso de la burocracia celestial, sin embargo, en la población cercana a Barranquilla, los que quedaron vivos saben perfectamente quién fue el responsable del hecho fortuito.
El departamento de quejas, reclamos y peticiones –que por la magnitud de sus operaciones ocupa un edificio de treinta y un pisos– de la reconocida empresa prestadora del servicio de electricidad en el norte de Colombia, recibió un nuevo oficio judicial en donde se le acusa de negligencia institucional.
El oficio fue remitido al área legal de la compañía, en donde los abogados les dan respuesta a los otros 1.675 casos de muertos en la Costa Caribe, entre los que se cuentan mujeres, niños, perros, gatos, televisores, ventiladores, neveras y un número indeterminado de bombillas. Todos, fallecidos por las malas prácticas organizacionales de la empresa de propiedad española.
La novedad del oficio radica no en la acusación oficial por la muerte del comerciante sino en lo inusual del altercado. Los abogados esperaban que los cables eléctricos matasen al caerse desprendidos de los postes que los sostienen y no al ser inocentemente pisados por los descuidados transeúntes de las calles soledeñas, como sucedió con el más reciente muerto.
La eficiente investigación llevada a cabo por la empresa de electricidad para esclarecer la muerte del individuo, arrojó que el comerciante –dueño de un rancho de palma donde funcionaba un restaurante– era profesional en Administración de Negocios de la Universidad del Norte y además se había titulado como Técnico en Instalación de Redes Eléctricas en el Sena, lo que permite sospechar de una manipulación premeditada del cable de alta tensión –que reposaba de la faena eléctrica en el seno de la tierra caribeña– como causa trágica y no de la pisada inadvertida del difunto, como afirman los familiares. Esto deja a los abogados una esperanzadora ilusión de exoneración criminal.
En cualquier caso, la Real Empresa Española operadora de Electricaribe, debería ir pensando en cambiar el giro de la actividad económica principal de su filial costeña por una más acorde al cumplimiento de su objeto social; en este sentido, los siete millones de colombianos que vivimos en la costa, empezaremos a recibir mensualmente el cobro por el responsable cumplimiento de la quema de electrodomésticos, la insoportable sofocación soportada a causa de los cortes de energía y hasta la muerte de nuestros familiares o vecinos llevada a cabo con total eficacia por la prestigiosa compañía de dueños extranjeros.
