La Justicia Transicional es un grupo de medidas judiciales y políticas que han usado varios países del mundo para transitar de un conflicto armado hacia la culminación del mismo.
Este conjunto de elementos fue incluido por el Estado Colombiano y las Farc dentro de los acuerdos de paz de La Habana y contó con el visto bueno de la comunidad internacional por sus garantías de éxito en otros procesos de paz. Además, porque contempla verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas del conflicto.
La implementación de esta serie de elementos -verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición- como un mecanismo que pretende avanzar de un Estado Plutocrático y violento hacia uno pacífico y democrático, no gustó a una de las clases políticas que durante muchos años controló el poder estatal.
Esa clase política que ha contado con el respaldo de militares, empresarios -algunos investigados por financiar grupos paramilitares-, iglesias cristianas, narcotraficantes y cuestionados hacendados de Antioquia, Córdoba y Meta, será llamada, de la misma manera que la insurgencia, a dar su versión en la participación en muchos de los casos de violación a derechos humanos que siguen en la total impunidad o que han sido condenados por los tribunales internacionales.
Es el componente de verdad que se pondría en marcha a través de la implementación de los acuerdo de paz, y que exigirá la «Justicia Transicional», al que esa clase política teme, y buscará renegociar con el tiempo que ha ganado gracias a los resultados que obtuvieron en las elecciones del pasado domingo 2 de octubre.
No se puede decir toda la verdad y de eso se han encargado la Fiscalía, Procuraduría y otros organismos responsables de la administración de justicia de este país.
Según el último reporte anual del Departamento de Estado de EEUU, la impunidad y la ineficiencia del sistema judicial se mantienen como las principales infracciones de los derechos humanos en Colombia.
Aunque el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha manifestado que hará hasta lo imposible para poner fin al conflicto, se debe decir que su discurso ha resultado inconsecuente si a reconocer la verdad de lo ocurrido se refiere. Hasta hoy, el presidente ha olvidado aceptar públicamente la culpabilidad, por acción u omisión del Estado en un sin fin de crímenes de lesa humanidad: Masacre de El Salado, Masacre de El Aro, Apartadó, Mapiripán, falsos positivos, entre otros hechos ocurridos en el marco del conflicto armado.
El primer asomo de vergüenza manifestado ante la opinión pública, por los crímenes que se le atribuyen al Gobierno, se dio el pasado 6 de noviembre del 2015, en donde pidió perdón a las víctimas caídas en la retoma del Palacio de Justicia. «Hoy reconozco la responsabilidad del Estado y pido perdón»: Juan Manuel Santos.
A esa verdad, la de reconocer cuán culpable ha sido el Estado, es a la que se niega la clase política que hoy se opone de manera contundente a los acuerdos de paz logrados en La Habana. Es claro, que el reconocer que han sido tan asesinos como las Farc, los pondría de manera automática en “igualdad de condiciones” ante la opinión pública, poniendo en riesgo su discurso democrático y defensor de derechos humanos que han venido pregonando por años.
Es tal el temor, que han conseguido desprestigiar este tipo de justicia, sugiriendo de manera malintencionada que los jueces serán de elección de las Farc para garantizar su impunidad, lo que es falso.
«Desconocen» que en lo pactado dentro de los acuerdos, ninguna de las partes -Farc ni Estado- está facultada para la elección de los jueces que integrarán el tribunal de Jurisdicción Especial de Paz. Algunos de los jueces elegidos serán de representación internacional y eso no le conviene a esta clase política.
La verdad, es uno de los componentes más importantes para la víctimas de este conflicto armado: con ella, los victimarios estarán obligados a contarle todo a sus víctimas: por qué mataron a sus seres queridos, de dónde venían las órdenes y dónde están sus restos. Sin embargo, habrá que esperar lo que suceda la próxima semana sobre la renegociación que ha solicitado esa clase política, de los puntos acordados en la Habana.
De lo que puedo estar seguro, es que ellos no tolerarán un tipo de Justicia que tenga vigilancia internacional como la”Justicia Transicional”.
Publicado el: 12 Oct de 2016
¿ COMO ES POSIBLE QUE PARA CONSEGUIRLA PAZ EN COLOMBIA SE LE TENGA QUE PEDIR PERMISO A UN NARCOPARATERRORISTA ? ¿ DONDE ESTA LA AUTORIDAD DEL «PRESIDENTE» JUAN MANUEL SANTOS, A QUIEN LA CONSTITUCION NACIONAL LO OBLIGA A ESTABLECER LA PAZ COMO DERECHO CONSTITUCIONAL ? ¿ LE TEME JUAN MANUEL SANTOS CALDERON A LA JUSTICIA TRANSICIONAL TAMBIEN ? ¿ ALVARO URIBE VELEZ TIENE DE RODILLAS AL «PRESIDENTE» POR SU COMPLICIDAD EN MUCHOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD ? ¿ SIENDO LA PAZ UN DERECHO CONSTITUCIONAL DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO; PORQUE SE LE TIENE QUE PEDIR PERMISO A LOS POLITICOS CRIMINALES COMO ALVARO URIBE VELEZ PARA APLICARLA ? ¿ COMO PARA AHOGAR EN IMPUESTOS AL PUEBLO POBRE DE ESTE PAIS CON LA REFORMA TRIBUTARIA – ARBITRARIA ENTRE OTRAS COSAS – NO SE LE PIDIO NINGUN CONCEPTO AL PUEBLO POBRE DE ESTE PAIS, QUE DICHO SEA DE PASO, ES EL VERDADERO PERJUDICADO CON ESTA REFORMA DE RICOS PARA EL BENEFICIO DE LOS MISMOS RICOS ?