Medellín fue catalogada por la ONG mexicana Libertad, Justicia y Paz, como la ciudad más peligrosa del mundo en el año 1991. Esto debido a su alta tasa de homicidios, consecuencia de la lucha entre carteles del narcotráfico y, como lo expone un artículo publicado por la corporación Viva la Ciudadanía en el año 2015, «entre 1985 y 1991, Pablo Escobar le declara la guerra al Estado». En el mismo se nos cuenta que, por otro lado, en esos años «se crean las milicias urbanas para librar la guerra de guerrillas, del campo a la ciudad y nacen las llamadas ‘bandas criminales'». Esta experiencia no ha sido olvidada sino que, por el contrario, se ha mantenido viva, convirtiéndose en una constante lucha para las administraciones locales de turno, y, gracias a la suma de los esfuerzos de cada una de ellas, se logró, en el 2015, que Medellín fuera sacada del listado de las 50 ciudades más peligrosas del mundo.
Medellín ha dejado de lado el estigma de peligrosa y ha logrado reconocimiento internacional gracias a una política pública continua, en la cual ha primado la transformación urbana, y, con ella, la inclusión del ciudadano a lo público. En el año 2016 la ciudad recibe el Lee Kuan Yew World City Prize, entregado en Singapur y considerado el máximo galardón del urbanismo en el mundo. En el 2013 recibe otro premio por ser «la ciudad más innovadora del mundo», galardón entregado por Citi y The Wall Street Journal. Este reconocimiento valora principalmente la disminución de CO2, la creación de espacios culturales y urbanísticos y la reducción de la criminalidad.
A pesar de lo anterior, y del evidente cambio que ha vivido Medellín, la seguridad sigue siendo el primer renglón de las preocupaciones de los gobiernos locales. En esta ciudad convergen situaciones muy complejas, al ser epicentro de carteles de droga, milicias guerrilleras, grupos paramilitares, lavado de activos y extorsión. Además, en los últimos años, con el auge del turismo en la ciudad, se ha incrementado la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y la trata de personas, temas que son una verdadera bomba de tiempo que exige acciones rápidas y contundentes para procurar la tranquilidad de los ciudadanos.
A pesar de que en la actual administración, encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez, se plantea la seguridad como eje central del plan de gobierno, las cifras preocupan. Por ejemplo, en este año se ha registrado un aumento del 9 % en los indicadores de homicidios; esto significa que hubo 29 muertes violentas más que las ocurridas entre enero y septiembre del 2015.
Para el subsecretario de seguridad de Medellín, Camilo Arango Osorno, esto es motivo de preocupación para la administración municipal. Él afirma que la gestión debe ir de la mano con el Estado: «La gestión de la seguridad, tanto en el nivel nacional como en el territorial, supone una permanente articulación entre las autoridades administrativas (alcaldías y gobernaciones) y los organismos de seguridad y justicia que están en el nivel nacional». De igual manera dice que la seguridad «es un tema que suena muy sencillo, pero es un gran reto de la gestión publica».
Durante los últimos mandatos, se ha procurado hacer ajustes estructurales en la administración municipal en aras de la seguridad. En el período de Sergio Fajardo se modificó la estructura de seguridad desde la Secretaría de Gobierno para apoyar la desmovilización de paramilitares. En el de Alonso Salazar se hizo un ajuste en la articulación de la seguridad en temas de convivencia desde la Subsecretaría de Orden Civil. En la administración de Aníbal Gaviria se creó una Secretaría de Seguridad para Medellín con dos subsecretarías: la de Seguridad Operativa y la de Planeación. Y finalmente, en el mandato de Federico Gutiérrez, se llega a fortalecer la estructura de la administración a través de la ahora llamada Secretaría de Seguridad y Convivencia, con las subsecretarías de Operación de Planeación.
Los retos en la gestión de la seguridad obligan a repensar constantemente el tema. Camilo Arango afirma que «el municipio no ha recibido la atención suficiente de parte de las autoridades del nivel nacional en relación con las competencias que se deben desarrollar en los entes territoriales para la implementación de modelos de planeación territorial de la seguridad». Es decir, Medellín tiene esa responsabilidad en cabeza del alcalde, quien está obligado a crear estrategias para solucionar esos temas dentro de su plan de desarrollo, donde se define el gasto del presupuesto municipal.
