Rodrigo Uprimny escribió hace poco en El Espectador que la decisión para refrendar los acuerdos, debía ser motivada desde la valoración de un «todo inescindible».
Esto quiere decir, querido lector, que si luego de leer todo el texto usted está en desacuerdo con uno que otro tema pero cree que en general, lo pactado es conveniente para el país, debe votar «Sí», que es mi caso. Y si por el contrario, luego de leer críticamente cada uno de los puntos, siente que hay algunas propuestas que benefician al país, pero en general el Acuerdo es negativo, debe votar «No».
Para votar «No», no hay que ser uribista. Lo dijo Jaime Castro y tiene mucha razón. Precisamente, la pregunta, tal cual la estableció el presidente, estigmatiza a quienes decidan votar no y, además, habla de una paz general y de la terminación de un conflicto general, cuando sólo se está pactando la dejación de las armas de un actor del inmenso conflicto colombiano.
Ahora bien, hay temas concretos con los que, en mi perspectiva, no puedo estar de acuerdo.
En el punto sobre la «Solución al problema de las drogas ilícitas» se establece que se realizará una masiva sustitución de cultivos ilícitos y se subsidiará a los campesinos inocentes que no han tenido otra alternativa más que dedicarse a la siembra de cocaína, amapola o marihuana, para que puedan, con asesoría y protección, emprender en otras actividades agrícolas legales que les garantice dignidad y soberanía.
Es sumamente cándido del Gobierno y las Farc creer que con tan noble acto, el narcotráfico y toda su lógica de violencia y criminalidad va a evaporarse del territorio colombiano. Por el contrario, si no se tiene un plan serio y estratégico que refuerce la seguridad y garantice la presencia estatal en las regiones que las Farc van a abandonar, otros actores ilegales cooptarán esos terrenos y los aprovecharán para cultivar y procesar estupefacientes.
En Colombia las hectáreas de cocaína vienen aumentando desde hace un lustro a unos niveles desastrosos. Según Naciones Unidas, a finales de 2015 estaban en 96.000 hectáreas. Pero en 2010, cuando Juan Manuel Santos se convirtió en sucesor y enemigo del expresidente Uribe, se calculaban en 62.000.
Un aumento en 6 años de 34.000 hectáreas y con la guerrilla más poderosa del continente negociando en La Habana, inaceptable.
Imagen cortesía de: bbc.com
El Gobierno debió tomar el impulso como líder indiscutible en la reformulación de las políticas públicas en contra de las drogas a nivel internacional, para debatir sobre la legalización, que tiene argumentos de sobra, pero no lo hizo. Ahora, los narcos, las bacrim y el ELN tendrán un terreno gratis para potencializar su negocio y crear en el país, más muertos, más violencia y más corrupción alrededor de la venta de drogas.
Y que lo diga Samper.
Ese me parece el vacío más grave del Acuerdo; sin embargo, valorando en general lo pactado sobre la inaplazable Reforma Rural Integral, la participación política, aún con el sapo de las 10 curules, y la dejación de las armas junto a la reincorporación de los guerrilleros, definitivamente en mi tarjetón no va a haber opción más que el «Sí».
Usted piénselo.
Es un buen trueque y con ganancias en la relación costo-beneficio. Menos muertos, menos bombas y menos odio, en paralelo con más inversión en otros sectores, más desarrollo, más inclusión, más tranquilidad y más oportunidades.
¿Sí o no?
