Vaya por delante que me alegra el acuerdo alcanzado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC para la terminación del conflicto, que espero que sea aprobado en el plebiscito y que se cumplan luego las condiciones pactadas entre las partes, para traer paz y sosiego a una sociedad que lo está esperando hace mucho tiempo. Lo digo para que nadie me llame aguafiestas porque, sin querer entrar en el fondo del asunto, el texto acordado es una pieza farragosa, florida y veintejuliera y no precisamente digno de un país que se precia de hablar el mejor español de Latinoamérica. Desde el punto de vista lingüístico es un texto lamentable y se parece más a unas larguísimas capitulaciones matrimoniales que a un acuerdo de paz.
Solamente en la primera línea, en aras de la corrección política, el acuerdo empieza hablando de los “delegados y delegadas”, desdoblamiento artificioso e innecesario, ya que en nuestro idioma el uso genérico del masculino designa la clase, es decir a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexo. Y aunque esto es una pandemia (proveniente de España, todo hay que decirlo) que ha terminado por imponerse, en este texto se convierte en algo extenuante al límite de lo ridículo. Sí, ya sé que haberse dicho que lo acordado afectará a todos los colombianos o a todos los campesinos o a todos los jóvenes o todos los niños, resultaría políticamente incorrectísimo pero habría sido lingüísticamente correctísimo.
A cada paso del texto los redactores se han sentido obligados a decir que tal o cual mejora o promesa de arreglo cobija a, por ejemplo, “niñas, niños, mujeres y hombres, incluyendo personas con orientación sexual e identidad de género diversa”. Que se le facilitarán las cosas a los “pequeños y medianos productores y productoras”. Que se erradicará la pobreza en el menor tiempo posible de “los campesinos, las campesinas y las comunidades, incluidas las afro descendientes e indígenas”. Que se procurará el “cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos y las ciudadanas en democracia”, y también se promoverá “la permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo”.
Así las cosas y puesto que se trataba de nombrar a todos los beneficiarios, ¿qué pasa entonces con los que no han sido nombrados? Se han ocupado de los campesinos –¡y las campesinas, cómo no!— pero, ¿qué pasa con los pescadores, y las pescadoras, por supuesto, a quienes no se les menciona? ¿Y cuál será la suerte del los quees colombianos? Sí, de los queers, porque el texto habla de aquello que afecta “de manera particular a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGTBI”. Perdónenme señores –y señoras, por supuesto—redactores y redactoras; si tuvieron en cuenta hasta a los hermafroditas, ¿por qué discriminan a los queers? (Queer: “persona en la que el sexo y el género están en eterna construcción y transformación” Judith Butler).
Imagen cortesía de: univision.com
Eso es lo que pasa con la corrección política, que por querer abarcar a todo mundo siempre se deja a alguien por fuera. Aparte esto, para no hacer las objeciones interminables, alguna última perplejidad a manera de ilustración de un texto plagado de incisos, precisiones y minucias. Se habla, por ejemplo de “los derechos de los hombres y las mujeres que son los legítimos poseedores y dueños”. ¿Habrá algún caso de un legítimo poseedor que no sea dueño? ¿Y qué es eso de que “…Venezuela y la república de Chile se han aprestado en todo momento a sus buenos oficios”? Por más que le echo cabeza no me entra el verbo aprestar en esta frase ni con calzador y menos en modo reflexivo (aprestar: 1.- preparar o disponer lo necesario para una cosa. 2.- aderezar, dar apresto a los tejidos).
El documento, eso sí hay que admitirlo, tiene el mérito de ser inconfundiblemente colombiano. Se nota que está escrito por gente santanderista, desconfiada y leguleya. Retrata, incluso mejor que la Constitución —¡que ya es decir!— a un pueblo que no se fía ni de su sombra, al que le encantan la verborrea y las fruslerías jurídicas abstractas que oye a diario en la radio (medida de aseguramiento, principio de oportunidad… En fin, ustedes me entienden).
El idioma español es lo único que tienen en común todos los colombianos, un pueblo hoy polarizado por la soberbia y el egoísmo de algunos de sus dirigentes. Los que están a favor y los que están en contra del acuerdo tienen ese bien común inalienable. Y si alguna virtud ha de tener la lengua culta es la claridad. El barroquismo de un texto jurídico, farragoso e incomprensible termina por conseguir lo contrario de lo que pretende que, al fin y al cabo, es la inclusión de todos los integrantes de una sociedad.
