Es hora de que la lucha contra la discriminación nos la tomemos mucho más en serio, y cuando digo esto no quiero soslayar los grandes avances que en esa materia hemos hecho como sociedad y los logros que distintos movimientos y comunidades han obtenido en ese sentido.
Sin embargo, me aterra ver como los sectores más conservadores y retrógrados usan cada vez más el derecho a la libertad de expresión para esparcir su veneno y desinformación, de manera deliberada y mañosa. La libertad de expresión nada tiene que ver con el patrocinio a la discriminación y la difusión de los discursos de odio. Ahora bien, no digo que hay que penalizar dichos pronunciamientos, en lo absoluto. El populismo punitivo nunca será la solución definitiva a los grandes problemas de la sociedad. Me refiero más a la sanción social, no sólo por parte de la ciudadanía en general, sino también la que debe ejercer, y ejercen en muchos casos, los medios de comunicación y sus periodistas.
Ya basta de entrevistar a personajes como la senadora Viviane Morales o la diputada de la Asamblea de Santander, Ángela Hernández, diciéndoles: “usted tiene todo el derecho a decir eso, doctora. Los medios oímos todas las voces y las opiniones diversas”. Algo así como: “usted tiene todo el derecho a seguir insinuando que la homosexualidad es una enfermedad y que los homosexuales son un peligro para los niños porque la libertad de expresión es para todo el mundo”. Me pregunto yo si le dirían lo mismo a un racista o a un misógino que se expresa contra los derechos de la mujer, ¿también tiene todo el derecho a decir lo que se le dé la gana mientras aúpa discursos de odio y discriminación y se justifica mediante la libertad de expresión? ¿Acaso no son las palabras tan peligrosas como las balas?
Reconozco que algunos en los medios de comunicación controvierten de frente los postulados de la senadora o la diputada y otros, por temor a «tomar partido», lo dejan de lado. Temen ser tildados de subjetivos.
En Alemania, por ejemplo, conscientes de eso ilegalizaron hace muchos años el nazismo. Cualquier expresión política, social o cultural que haga apología a ese pensamiento violento es penalizada por la ley. Allá a nadie se le ocurre decir que se viola el derecho a la libre expresión por eso. Aunque repito: no digo que haya que hacer lo mismo contra los homofóbicos disfrazados de defensores de la niñez y la familia. Bastaría con decirles de frente y sin titubeos que lo que dicen es una clara discriminación contra los no heterosexuales. Bastaría con decirles que su libertad de expresión no los habilita para desinformar, engañar, mentir e insultar a las personas.
Por mi parte, soy claro y tajante: la posición de Viviane Morales, Alejandro Ordónez, la diputada Hernández y similares ni la respeto y mucho menos la comparto. Uno no puede respetar una posición que atenta deliberadamente contra sus derechos y su integridad y que, por obvias razones, no lo respeta a uno. El respeto nada tiene que ver con poner la otra mejilla. Y eso no quiere decir que, al igual que ellos, yo vaya a abanderar discursos que atenten contra su integridad y creencias. No caigo tan bajo.
Caricatura de Matador
Asimismo, también quiero hacer un llamado de atención a las autoridades gubernamentales. Es claro que en toda esta discusión de la inclusión de enfoques diferenciales, de promoción de la diversidad y de educación para la sexualidad en los colegios, así como la modificación de sus manuales de convivencia, al Ministerio de Educación Nacional le falta muchísimo carácter para defender lo que se está haciendo, además de que pareciera que no tienen una apuesta política clara en ese sentido. No es suficiente con decir que hay unos mandatos de la Corte Constitucional para justificar lo que se hace desde el Ejecutivo, también es mandato del gobierno proteger los derechos fundamentales de cualquier persona.
Ya es algo constante que el gobierno de Juan Manuel Santos quiera quedar bien con todo el mundo en cierto temas estratégicos, como este del reconocimiento y respeto por los derechos de la población LGBTI, y en este caso de la niñez. En estos temas no se puede pretender satisfacer las pretensiones de los sectores más conservadores y al mismo tiempo garantizar el bienestar una población históricamente violentada. Los intereses de los primeros, inamovibles por cierto, van en contravía de los segundos, del sentido común y de las normas, leyes y sentencias vigentes. Punto.
Adenda: Aplaudo la editorial de El Espectador del viernes 29 de julio y la columna del profesor Rodrigo Uprimny el sábado 30 de julio en La Silla Vacía, y celebro también otras tantas que he leído en donde le contestan fuerte y claro a la senadora Viviane Morales.
