Década tras década gobiernan los mismos en Colombia. Familias que se han repartido el poder público a su antojo, a diestra y siniestra, como los Ospina, los López, los Lleras, los Mosquera, los Samper, los Pastrana, los Santos y los Uribe. Todas esas familias son la pura clase política colombiana que por tantos años ha estado manejando las riendas del país, así pues, familia que gobierna unida permanece en el poder. Es como si el poder se heredara o se transmitiera de padres a hijos, de hijos a nietos, y así sucesivamente. (Ver link)
Esta realidad colombiana tiene mucho parecido a los Illuminati, es decir, se casan entre ellos, se relacionan entre ellos y se pasan el poder de generación en generación. Los mismos con las mismas haciendo de las mismas en el poder. Y dentro de ese contexto se ha gestado lo que hoy se conoce como la burocracia política colombiana.
La RAE describe en cuatro formas diferentes la palabra burocracia, pero las que mejor definen lo que sucede en Colombia la explican como la influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos y como la administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas. Sin embargo, en el país está más relacionada con la connotación negativa desarrollada por Jean-Claude Marie Vicent de Gournay, quien la asoció con la forma de gobierno en términos de ineficiencia, pereza y derroche. (Ver link)
La magnitud de la burocracia colombiana es compleja. En la actualidad Colombia tiene un presidente con sus 17 ministros y carteras, 102 senadores, 166 miembros de la Cámara de Representantes, 32 gobernadores y sus respectivas asambleas departamentales, 1.123 alcaldes y sus concejos municipales, miles de servidores públicos de la rama legislativa, judicial y demás instituciones públicas. Es tanta la cantidad de servidores públicos y de instituciones que tiene el Estado que el mismo Gobierno no sabe cuántas y cuántos son. En el IV encuentro de la Red Parlamentaria Latinoamericana, la Procuraduría afirmó que no hay certeza de la cantidad de entidades que operan en el sector público, se estima que existen entre 3.000 y 12.000, y más de un millón de funcionarios públicos.
Toda esa estructura burocrática del país ha complicado lo sencillo, como lo es acercarse a una oficina del sector público para realizar una diligencia, convirtiéndose esto en un verdadero calvario; o el difícil acceso de los ciudadanos a la información de la administración de los recursos públicos. Pero situaciones de alto calibre han sido alcanzadas también por la burocracia, como lo es la asignación de puestos o la retribución de favores en el campo laboral de las instituciones públicas, allí reina el clientelismo, el amiguismo y los privilegios. Mermelada viene, mermelada va; corrupción viene, corrupción va.
Tan compleja es la burocracia colombiana, que en vez de garantizar y facilitar los procesos, enreda todo en un callejón sin salida.
Tal es el caso que para lograr la reparación, una víctima del conflicto armado tiene que bregar con más de 20 instituciones públicas diferentes. Queda bien claro que la burocracia estatal no está logrando el objetivo de la promoción del bienestar y desarrollo social, no está dando la oportunidad para que se llegue a una administración transparente y sólida de los recursos públicos. ¿Dónde queda, entonces, la verdadera función del servidor público?
Con tanta ineficiencia y mala administración de la burocracia colombiana dominada por la élite política, que vela solamente por el beneficio de unos pocos, sigamos buscando palanca y haciendo colas para que se cumplan los derechos y se ejerza una verdadera ciudadanía. Así mismo, no se entiende que este Gobierno tenga como bandera el lema “Todos por un nuevo país. Paz, equidad y educación”, y admita en su organización y administración los llamados favores políticos, que les han traído al país más desigualdad y pobreza.
Imagen cortesía de: elmercurio.com.ec
En meses anteriores la senadora María del Rosario Guerra afirmaba que el Gobierno en el 2015 creó 18.273 cargos adicionales en la rama ejecutiva, cifras que no concuerdan con lo presentado en el Plan Nacional de desarrollo 2014-2018, en el que no se expresa ningún criterio sobre el tamaño de la rama ejecutiva del país, ni las condiciones para afrontar las adversidades económicas. Por tanto, las conductas de derroche de la burocracia en Colombia plantean muchos interrogantes en referencia a la estructura del Estado, la cantidad de instituciones y funcionarios públicos, al manejo de los recursos y su respectiva inversión, al control y veeduría de lo público.
A esto se suma las incoherencias del Gobierno sobre la nómina, presupuesto y organización del sector público en relación con la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos. Por ejemplo, el Gobierno para el 2016 proclamó el plan de austeridad, en el que no habría ampliaciones de nómina ni reclasificaciones, aplicando recorte de viáticos y otros gastos, significando un ahorro de 991.000 millones de pesos (Ver link)
Sin embargo contra todo pronóstico, en el pasado mes de febrero ordenó un incremento salarial a los empleados públicos del 7,7%, un punto por encima de la inflación colombiana. (Ver link 1 y 2) Y para rematar el dato, más de la mitad de las instituciones públicas no reportan sus contratos, ingresos y gastos, que en el 2015 sumaron 25 billones de pesos. (Ver link)
Estas cifras demuestran que la hipocresía abunda en la burocracia política, una cosa es lo que dicen y otra la que hacen, o como diría Mafalda, “para amasar una fortuna hay que convertir a los demás en harina”.
La burocracia no ha traído nada bueno al país, lo que ha dejado es un Estado débil y una sociedad civil fragmentada, una profunda crisis de legitimidad y liderazgo en el campo político, a esto se suma la mala administración pública y la corrupción, la falta de confianza de los ciudadanos a la instituciones públicas, y la falta de funcionarios públicos con un proyecto de sociedad lo suficientemente claro para orientar, solventar y administrar los intereses sociales.
Publicada el: 25 Jul de 2016
