Por razones profesionales me he puesto en la tarea de estudiar detenidamente el proceso bautizado por la Fiscalía General de la Nación como “El carrusel de la contratación”; debo resaltar que si bien es cierto el órgano acusador ha dado resultados positivos logrando por las vías procesales la aceptación de cargos, celebración de preacuerdos y de principios de oportunidad, así como también, que algunos Jueces de la República hayan proferido sentencias condenatorias contra un centenar de los implicados entre otros a: Julio Gómez, Hipólito Moreno Hincapié, Inocencio Meléndez, Miguel Nule, Manuel Nule, Guido Nule, Mauricio Galofre, Germán Olano Becerra, Jorge Ernesto Salamanca, Emilio Tapia Aldana, Héctor Zambrano, Andrés Camacho Casado, Federico Gaviria, Iván Hernández, Francisco Rojas Birry.
De estos, la Fiscalía al parecer reunió un caudal probatorio documental sólido y serio que no les dejó otra salida a los acusados que reconocer su participación en los hechos punibles imputados y obtener beneficios para su rebaja de pena.
Empero, no sobran algunos interrogantes ¿hasta dónde llegó la Fiscalía tratándose de respetar principios como: la lealtad procesal, la igualdad de armas y el debido proceso, para lograr estos positivos? ¿Será que hubo actos de intimidación y presión indebidas contra los acusados para obtener versiones que fueran de interés para la Fiscalía? ¿Se presentarían imposiciones a los jueces para obtener esos positivos a toda costa? ¿Perdió la Fiscalía el norte de la justicia para convertirlos en positivos de opinión con alto impacto mediático? ¿Presionaron a los testigos para que declararan o no, según la conveniencia de la Fiscalía? Las respuestas las han ido surgiendo en el estudio al extenso proceso, e infortunadamente lo hallado no es positivo.
Quizás el caso más repugnante lo encontré en una audiencia en la que estuve presente del Ex-Contralor Moralesrussi; -caso que he seguido desde su inicio- el testigo que presentó la Fiscalía en su contra, el sr. Emilio Tapia Aldana, se salió del libreto del Fiscal delegado y declaró que Moralesrussi no tenía nada que ver en el cobro de comisiones y explicó detenidamente lo ocurrido. Es su declaración precisó que utilizaron, junto con Julio Gómez, abusivamente el nombre del Ex-Contralor para obtener mayores porcentajes en sus comisiones.
Esto llenó de ira a los delegados de la Fiscalía en plena audiencia y de allí derivó que Emilio Tapia pasará de ser testigo estrella de la Fiscalía a ser un despojado de todos sus beneficios como retaliación por haberse salido del libreto y declarar, lo que pienso es la verdad, en el caso de Moralesrussi. En un acto de deslealtad procesal la Fiscalía quiso llevar a declarar a Julio Gómez (considerado de la casa de la Fiscalía, pues vive allí a expensas de esta entidad) en ese mismo proceso para desmentir la versión de Tapia, acto que el tribunal superior de Bogotá, en segunda instancia, no permitió.
Por lo tanto, la Fiscalía le montó otro proceso a Moralesrussi exclusivamente con el testimonio de Julio Gómez por los mismos hechos y por los mismos contratos, a sabiendas de que con esta actuación viola el principio universal del NON BIS IN ÍDEM.
Imagen cortesía de: larazon.co
Otro hecho inaceptable en esa forma de administrar justicia, fue la denuncia pública que hizo Liliana Pardo a través de su defensor, Dr. José Fernando Mestre Ordóñez, en la pasada audiencia del 27 de junio, mediante un documento. Dentro de los hechos denunciados durante la lectura del comunicado enviado por la Dra. Liliana Pardo, manifestó que denuncia a los delegados de la Fiscalía por pretender convertirla en un testigo falso, presionándola a declarar contra personas inocentes y además denunciando el ocultamiento de pruebas a un Juez para hacer posible su captura, lo que sin duda amerita una investigación de fondo contra los fiscales que hayan actuado de esa manera.
Otro caso aberrante fue el que ocurrió con algunos testigos en el juicio de Álvaro Dávila en donde fue ostensible que los testigos estaban atemorizados frente a posibles imputaciones o acusaciones pendientes, cuya suerte dependía de si colaboraban en el libreto de la fiscalía contra los acusados que se defienden en juicio.
Llama la atención el fallo del juez que condenó a Samuel Moreno en primera instancia, no por la pena que le impuso, sino por la sevicia moral y el lenguaje cargado de adjetivos inapropiados para un Juez de la República; dejo la sensación de un gran prejuicio en el caso, corolario que vulnera el principio de imparcialidad que debe tener la justicia.
De ninguna manera pretendo tomar partido en la responsabilidad que la justicia pueda atribuir a los acusados, sino en la probidad que debe observar la justicia para con todo ciudadano, sin importar su condición, raza, ocupación o religión para que se administre con todas las garantías constitucionales y legales. Garantías y principios que en la fiscalía de Montealegre y Perdomo, brillaron por su ausencia ya que la corrupción y la violación de los principios constitucionales y del código penal estuvieron en la agenda pública tanto en los procesos administrativos como en el sistema acusatorio.
Solo me queda la esperanza de que la Fiscalía en esta nueva etapa tenga un giro de 180 grados para volver a darle majestad a la justicia con procesos investigativos técnicos, documentados, rigurosos y serios.
