La terminación del conflicto armado entre el Estado y las FARC, y la consecuente transformación de esa guerrilla en un movimiento político, echarán a andar disímiles procesos de transformación social, política, económica y cultural. Dichos procesos deberán partir de profundos cambios institucionales, pero sobre todo, de la urgente proscripción del ethos mafioso [1] que por largo tiempo ha permeado las relaciones entre el Estado y los particulares, y guiado las diversas actividades y transacciones entre los ciudadanos.
La sociedad colombiana no superará sus enormes problemas y conflictos tan solo poniendo fin al conflicto armado interno con las FARC. Sin duda, es y será un paso importante, pero subsisten unas circunstancias contextuales (históricas) que hay que modificar si queremos de verdad aprovechar este momento histórico, para avanzar en la consolidación del Estado como un orden moralmente superior a sus asociados, así como en la revisión de los semi fallidos procesos civilizatorios, contaminados de eseethos mafioso que de tiempo atrás acompaña las relaciones Estado-Mercado-Sociedad.
Para empezar, se espera que la clase dirigente, política y económica, abandone las prácticas propias de ese ethos mafioso con el que vienen manejando los asuntos públicos y privados. Las espurias reelecciones de Uribe Vélez y del Procurador Ordóñez Maldonado, así como la incapacidad de la justicia para procesar al primero por sus señalados vínculos con el paramilitarismo y la insolvencia moral y ética de los magistrados del Consejo de Estado para anular la reelección del segundo, así como la insostenible permanencia de magistrados del talante ético de Rojas Ríos y Pretel Chaljub, son hechos que al estar anclados en ese ethos mafioso, interfieren seriamente en la transformación social, cultural y política que reclama este momento histórico por el que atraviesa el país.
De igual manera, el país avanzará culturalmente si logra proscribir las prácticas discriminatorias y erradicar esa cada vez menos oculta animadversión étnica contra afros, campesinos e indígenas, sobre la que se justificó el proyecto paramilitar y se continúan autorizando proyectos de desarrollo extractivo que no solo buscan sacar provecho de los recursos del suelo y el subsuelo, sino anular o desaparecer física y simbólicamente a estas comunidades y pueblos.
El escepticismo alrededor de la paz en su sentido maximalista, no debería estar sostenido en las erróneas interpretaciones e informaciones entregadas por el llamado “uribismo” alrededor de lo acordado hasta el momento en La Habana en materia de justicia transicional, sino en las dificultades que enfrentará la sociedad, el Estado y las fuerzas del mercado, para superar y proscribir ese ethos mafioso con el que venimos conviviendo de tiempo atrás y que logró entronizarse en los marcos mentales de millones de colombianos.
Al no ser un referente ético-político que guíe la práctica de la política, Uribe Vélez se viene consolidando como un fuerte enemigo del proceso de paz, de la terminación del conflicto y de la puesta en marcha de los procesos de transformación social y política que se vendrán una vez se ponga fin al conflicto armado. Más allá de haber liderado una lucha frontal contra las FARC, con la intención de derrotarla en el campo militar, lo que el país debe reconocer en el hoy senador de República es que es el último bastión de ese ethos mafioso que justamente necesitamos superar, si de verdad queremos ser una sociedad moderna, en correspondencia con un Estado igualmente moderno.
Imagen cortesía de: eltiempo.com
En todos estos procesos de transformación que se echarán a andar una vez se firme el fin del conflicto armado con las FARC, la dirigencia fariana tendrá una oportunidad histórica: demostrar, con verdadero sentido revolucionario, que los delitos conexos cometidos durante estos 52 años de guerra interna, no están fundados en ese ethos mafioso sobre el que se vienen desarrollando las relaciones entre la sociedad y el Estado. Este será el reto que tendrá las FARC como partido político: diferenciarse de los partidos políticos tradicionales, que devienen contaminados, poco democráticos, débiles y cooptados por mafias de todo tipo, que les han arrebatado su sentido de lo público, para darles el carácter de fuertes asociaciones clientelares y nidos en donde se reproduce el ya referido ethos mafioso.
Creo que no hemos valorado lo suficiente lo que se viene con la firma del fin del conflicto armado y lo que ese hecho histórico demandará de la sociedad y del Estado.
No veo aún líderes políticos y sociales capaces de aprovechar este momento histórico por el que atraviesa el país, para proponer cambios en el sistema educativo y en la transformación de la sociedad y del Estado. Parece que primará la mirada cortoplacista que ha caracterizado a la clase dirigente, política y económica y muy seguramente ese carácter mezquino con el que han logrado someter el Estado a sus particulares intereses.
Ojalá en unos años el país no lamente el no haber podido transformarse culturalmente, a pesar de haber logrado ponerle fin al conflicto armado interno.
Adenda: tanto el Gobierno de Santos como los miembros del COCE, deben hacer ingentes esfuerzos para iniciar fase de negociación. Resulta incomprensible, más allá de diferencias de criterio entre las partes, que se firme el fin del conflicto con las FARC, y que el ELN se quede por fuera de esta coyuntura.
[1] Se define como el conjunto de acciones, decisiones y comportamientos que claramente buscan acomodar las leyes, los códigos y las normas, incluyendo las sociales y consuetudinarias, a los intereses de unos pocos, en especial, aquellos que ostentan algún tipo de poder o que buscan imponer su voluntad en detrimento del Bien Común. Ese ethos mafioso guiaría las actividades y transacciones de todo tipo que los ciudadanos y las instituciones desarrollan y establecen en sus cotidianidades, lo que les daría un carácter subrepticio y acomodaticio a particulares y reducidos intereses. Ese ethos mafioso, al consolidarse, corre el riesgo de volverse norma social, legitimada por la debilidad y la incapacidad del Estado de erigirse como un orden justo, viable y legítimo y por la imposibilidad de la sociedad de auto regularse y de enfrentar ese ilegítimo e inmoral orden establecido, para intentar cambiarlo en perspectiva de alcanzar el Bien Común.
