Uribe no tiene la autoridad moral para juzgar algo que él no pudo hacer

En Agosto de 2012 el expresidente Uribe reveló que el Gobierno Santos estaba negociando secretamente con las Farc en Cuba, y desde ese momento intensificó sus ataques contra quien un día fue su ministro de Defensa y principal aliado político.

Pero ¿por qué le genera tanto malestar el tema de los diálogos de paz al expresidente?
Es de público conocimiento que Uribe (a pesar de que se hizo elegir con la consigna de la mano dura contra la guerrilla y bajo una política de Seguridad Democrática soportada en la presión militar a los grupos ilegales) intentó varios acercamientos clandestinos buscando negociar con las Farc en condiciones similares a las actuales: sin cese al fuego y desmilitarizando el territorio colombiano; y hasta les hizo ofrecimientos más generosos: rebaja de penas, eliminar la extradición, curules en el Congreso, una Constituyente, y reconocer la existencia del conflicto armado (lo que conlleva a aceptar a la guerrilla como un actor político alzado en armas, y no como una amenaza terrorista).

Santos llega a la presidencia un Domingo, y el Lunes recibe un «informe de empalme» de manos de Frank Pearl (contacto inicial con las Farc en representación del gobierno Uribe) por medio del cual le comunica el estado en que habían quedado los acercamientos, hasta entonces fallidos. En Septiembre de 2011 el electo presidente envía una comunicación a la guerrilla manifestando su intención de retomar las discusiones.

Los reparos de Uribe no se hicieron esperar desde que Santos reconoció que sí había iniciado dichas negociaciones, y han ido desde «no se puede firmar la paz con terroristas», «Farc piden paz, pero asesinan uniformados», pasando por «si se firma la paz en La Habana se crearán nuevas formas de violencia», «Santos le va a entregar el país a las Farc», y lo último, que se ha convertido en su lema en contra de los diálogos: «Nosotros queremos la paz, pero sin impunidad».

Vamos por partes:
—»No se puede firmar la paz con terroristas»
Si el propio Uribe lo intentó, ¿cómo puede cuestionar que otro lo haga? Eso aparte del hecho de que es precisamente porque son terroristas que se hace necesario y urgente un acuerdo de paz, para que la población civil que es la principal y directamente afectada pueda encontrar un poco del alivio y la tranquilidad que esta guerra le ha arrebatado por más de 50 años.

—»Farc piden paz, pero asesinan uniformados»
Las Farc suspendieron el 22 de Mayo de 2015 el cese al fuego unilateral iniciado en diciembre de 2014 después de un ataque del ejército que le costó la vida a 27 rebeldes. Igualmente se podría decir que el gobierno hace un ofrecimiento de paz, pero mata guerrilleros.

Y es que avanzar en la mesa en medio de la guerra es un contrasentido, ya que los sectores políticos ligados a poderes tradicionales y guerreristas que trabajan seriamente para entorpecer los avances del proceso aprovechan cualquier escenario de confrontación (un asonada, una emboscada, un patrullaje, etc) en una razón para atacarlo tratando de hacer que el proceso se estanque, se pause o hasta pueda romperse.

Y Uribe tampoco es el indicado para sugerir cómo debe llevarse a cabo un proceso de paz en medio de la guerra, recordemos que la única condición para sentarse a negociar con los paramilitares fue el cese al fuego unilateral, tiempo durante el cual cometieron más de 2.500 asesinatos y desapariciones, y más de 40 masacres (en una de ellas degollaron a los niños de 2 familias).

—»Si se firma la paz en La Habana se crearán nuevas formas de violencia»
Uribe argumenta que «todos queremos la paz, pero lo grave es que esa paz se construya sobre el estímulo a nuevas violencias que surgen de la falta de castigo a los responsables de atrocidades».

Es increíble que estas afirmaciones salgan de boca de quien benefició a los responsables de las peores atrocidades en la historia del país: a los paramilitares, que a cambio de entregarse, confesar unos delitos y revelar una parte de la verdad serían condenados a penas de cárcel de máximo 8 años en Colombia. Si tenemos en cuenta que a Ramón Isaza, por ejemplo, se le acusa de haber dejado 11.000 víctimas, esto quiere decir que pagó casi 4 días de cárcel por cada una.

Ahora bien, 15 jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos, donde pagarían 20 o 30 años de cárcel, con lo que se estaría satisfaciendo en parte la sed de justicia de quienes deseaban verlos tras las rejas, pero se estaría privilegiando la condena por un delito como el narcotráfico y no se estaría castigando los crímenes atroces ni habría reparación ni verdad.

Además: de 32.000 desmovilizados de las AUC sólo a 3.250 se les solicitó presentarse a procesos penales, de los cuales solamente 1.000 se presentaron, y la Fiscalía adelantó investigación contra 13 de ellos.

La falta de castigo, entonces, fue uno de los sapos que tuvimos (y quizá tendremos de nuevo) que tragarnos en aras de poder vivir más tranquilos.

Así las cosas…lo que tendría que preocupar a Uribe no sería la firma de la paz en La Habana sino esa «creación de nuevas formas de violencia», y podría contribuir denunciando de qué sectores podrían provenir para que el gobierno pueda tomar las medidas pertinentes para evitarlas.

—»Santos le va a entregar el país a las Farc»
De nuevo el expresidente se quema el rabo de paja, ahora dice que «Santos va a premiar a sus amigos terroristas haciéndolos congresistas. Los terroristas no deben ser premiados con elegibilidad política».

Pero el 3 de Octubre de 2006 en una entrevista televisada planteaba la posibilidad de realizar una reforma constitucional para permitir la participación política de las Farc: “Si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, eso hay que removerlo, ese obstáculo seguramente habrá que removerlo con una norma constitucional.

Por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz nunca pretendió alterar lo que hay en el ordenamiento jurídico, que prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces, seguramente en un acuerdo con las guerrillas eso habrá que llevarlo al texto constitucional y seguramente y eso hay que anticipárselo al país, los paramilitares pedirían que se les extienda, por principio de favorabilidad, el beneficio que conceda esa norma constitucional”.

—»Nosotros queremos la paz, pero sin impunidad»
Esta es la frase más controvertible del ex mandatario. Habla de no impunidad, pero es el político más investigado en el país, tiene 276 procesos en la Comisión de Acusaciones entre los que están las denuncias por las interceptaciones ilegales, el caso de Agro Ingreso Seguro, la entrega de notarías, celebración indebida de contratos, violaciones al derecho internacional humanitario, entre otras. Hay además investigaciones en su contra por nexos con el paramilitarismo, y por su presunta reponsabilidad en la Masacre del Aro.

Y, sin entrar en detalles, es el gobierno con más funcionarios investigados, condenados y huyendo de la justicia.
Aquí también cabe su proceso de perdón y olvido con las AUC que al parecer terminó siendo una «impunidad disfrazada» como el mismo Uribe califica el proceso de paz en La Habana.

PHOTO/ Guillermo Legaria / AFP PHOTO

En la mesa se acordó un modelo estructurado sobre la investigación penal, existirá juzgamiento en la jurisdicción especial de paz, y habrá un tribunal con jueces nacionales y extranjeros. Además se establece un modelo de sanción con restricción de la libertad, lo que garantiza la no impunidad.

En conclusión, Uribe no tiene la autoridad moral para juzgar un proceso que él no pudo y no supo llevar a buen término, y no es justo que si él no pudo acabar con la guerrilla ni de forma dialogada ni militarmente (a pesar de contar con ayuda extranjera, con ayuda paramilitar y con 8 años de gobierno), nos condene a todos a una guerra sin sentido en la que la cuota más alta a pagar es la muerte de miles de colombianos.

Publicada el: 16 Jun de 2016