El pasado 3 de mayo un juez de la República en segunda instancia le otorgó la libertad al Ex-Contralor Miguel Ángel Moralesrussi, tras pasar cinco años privado de la libertad, con detención preventiva en la cárcel la Picota- lo que a todas luces evidencia que se le vulneró la garantía integrante del debido proceso como lo es la presunción de inocencia- sin que a la fecha se haya producido algún fallo en contra o a favor del Ex-Contralor de Bogotá.
Para revocar la medida de aseguramiento, que un juez penal municipal con función de control de garantías le había dictado en el año 2011 a Moralesrussi, el juez 48 penal del circuito en segunda instancia consideró que ya no existían los presupuestos para mantenerlo tras las rejas valorando que no era un peligro para la sociedad, que no representaba peligro para las víctimas, que no podía obstruir el proceso y que no presentaba riesgo de fuga.
Con una detención preventiva de estas proporciones queda demostrado que el sistema acusatorio no está funcionando y que amerita una revisión urgente en el papel de los jueces municipales con funciones de garantías que están actuando por la intimidación de la fiscalía y de los medios de comunicación, pues uno de los bastiones del sistema es la observancia rigurosa e imparcial de los derechos humanos fundamentales como son la presunción de inocencia, el derecho a la libertad y al debido proceso, lo cual no se está cumpliendo.
Lo de Moralesrussi es una muestra de que la detención preventiva se convirtió en una pena anticipada.
Cómo puede ser posible que a 36 días de entrar en vigencia el plazo que estableció la Ley 1760 de 2015 para aplicar el término de excarcelación a los sindicados que llevan más de dos (2) años en etapa de juicio y aún no han obtenido un fallo definitivo, el gobierno de Juan Manuel Santos esté tramitando un proyecto de Ley ante el Congreso de la República con carácter de urgencia para prolongar por 2 años más la salida de la cárcel de miles de colombianos a quienes les asiste el derecho a estar en libertad y enfrentar los procesos penales de manera productiva, aportándole a la sociedad y en unidad con sus familias.
Esto no es más que una jugada tramposa de Juan Manuel Santos a la justicia, un despropósito, burlar el fallo C- 390 de 2014 de la Corte Constitucional, para seguirse permitiendo la violación sistemática de los DD HH contenida en la Carta de la Comisión Interamericana de los DD HH, para violar arbitraria y premeditadamente la Constitución Política de Colombia. ¡Así es como funciona el gobierno Santos! Lo indignante e irónico es que la justicia para los cerca de 15.000 colombianos que están sindicados y que llevan cuatro, cinco o más años detenidos preventivamente es morosa y selectiva.
Estas libertades se están negando con un solo fin, impedir que siga cayendo la favorabilidad del gobierno que le hace trampa al pueblo colombiano entregándole a las FARC un país a su antojo, comenzando por el control del territorio, un régimen fiscal especial para garantizar el mantenimiento de la guerrilla, unos cupos en el congreso de la República para asegurar la presencia de sus líderes como congresistas, una legislación especial para darles gusto en la redistribución de la tierra y del ingreso, una justicia especializada llamada “justicia transicional” que es un manto de impunidad de todos los crímenes cometidos a lo largo de 60 años, como asesinatos, ataques a la población civil, terrorismo, masacres, secuestros, reclutamiento de menores, despojo de tierras, abuso sexual, violaciones y esclavitud de cientos de menores y de mujeres, narcotráfico, abigeato, corrupción y delitos contra la administración pública, etc., eso es lo que Santos llama justicia para la paz , mientras que por el otro lado -para tender una cortina de humo en materia de justicia y seguridad ciudadana-, pretende mandar un mensaje a la opinión pública de “justicia” manteniendo a miles de colombianos privados de la libertad con detención preventiva.
Como están las cosas, a estos detenidos, que se presumen inocentes, les hubiese ido mejor de haber sido guerrilleros o terroristas. No hace falta ser muy brillante para colegir que la Ley se está redactando con nombres propios, basta leer algunos medio de comunicación cuando se refirieren al proyecto que busca frenar la excarcelación el 6 de julio de 2106, reiteradamente – de entre los 15.000 colombianos que tienen el derecho a la libertad- mencionan los mismos nombres: Álvaro Dávila, Carlos Albornoz, Víctor Maldonado, Omar Figueroa, Juan Carlos Ortiz.
¿Es qué ellos no tienen derechos, entre otros, a los de una justicia pronta y eficaz? ¿Cómo se atreve Juan Manuel Santos a hablar de paz, cuando la justicia está politizada y es selectiva? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar la forma de corrupción moral de la justicia? ¡Un crimen más execrable o peor de los que juzgan en el común de los colombianos!
Imagen: http://zonacero.com/
Es atroz la trampa que se le hace al pueblo colombiano para convivir con estos cinco sistemas de justicia: uno de impunidad para los terroristas y criminales más temibles en la historia de Colombia con derecho a ser congresistas y no pagar cárcel; otro para los paramilitares que máximo pagarían 8 años; otro para los casos mediáticos y políticos que los medios de comunicación juzgan, condenan e intimidan mediáticamente jueces, uno más para los de ruana que no es pronto ni justo, y el último, ¡el mejor! ese que está por encima de La ley, el de los protegidos por el poder, por el establecimiento y por los medios. ¡Qué horror de justicia, si es que así se le puede llamar!
