El supuesto peligro que cobija la sentencia de la Corte, que le da potestad a las autoridades municipales para desarrollar o no proyectos mineros, es menos catastrófico de lo que parece. Los medios han querido poner en entredicho la bondad de este fallo –que responde al clamor ciudadano cuando se trata de evitar que la actividad extractiva afecte sus territorios–, lo cierto es que son más las cosas positivas que las negativas. Veamos.
Se ha dicho que la sentencia del alto tribunal puede ser un arma de doble filo, toda vez que así como hay territorios donde la ciudadanía protege sus territorios diciéndole no a la minería, hay otro que, por el contrario, y muy a pesar del daño ecológico le dicen sí.
Los casos más emblemáticos, son el de Piedras, Tolima, donde una abrumadora mayoría se niega a esta actividad y, del otro lado, el de Santurbán (más exactamente la comunidad de Vetas), donde la población no quiere que se vete este ejercicio, puesto que muchos de los habitantes derivan su sustento de actividades efectuadas en el páramo.
La realidad que nos han dibujado es que los dos territorios están inscritos en ecosistemas frágiles y de exhaustiva protección, pero mientras unos se niegan a afectarlos, otros aceptan hacerlo ¿es entonces conveniente la sentencia? La verdad es que ese maniqueísmo solo sirve para ensombrecer los intereses de las empresas mineras y el gobierno nacional. Si bien es cierto que detrás de la decisión se puede abrir la puerta a situaciones como la de Vetas, lo importante no es quedarse con la negativa de la población ante la prohibición de la actividad, sino más bien en buscar la forma de que, en aras de evitar el deterioro del ecosistema, estas personas encuentren otra manera de hallar un sustento económico.
Hablando con líderes del Macizo Colombiano se puede entender mejor esto. Guido Rivera, por ejemplo, dice que la decisión debe venir acompañado de un ejercicio social que permita la sensibilización ambiental, de tal forma que se logre entender que estos sitios son de suma importancia para el entorno local y nacional.
Esto, por lo demás, es un imperativo del Gobierno Nacional y las autoridades locales, pues como bien lo dice la Carta Política el Estado y la ciudadanía tiene el deber de proteger sus recursos naturales. (Véase artículo 79, 80, 95 y, si se quiere ampliar, la Ley 99 de 1993, que sienta las bases para un desarrollo sustentable y sostenible). Por supuesto, ello no se cumple, no solo por la falta de una ética ambiental, sino porque la minería legal en Colombia se lleva a cabo a expensas de la medio ambiente.
De otro lado, se dice que la minería ilegal podría ocupar el lugar de los legales y que la corrupción local (consejos, alcaldía y gobernación) podía hacer de esta iniciativa un retroceso que, véase la ironía, estaría en detrimento del entorno natural.
Negar que los ilegales suelen hacer de la precariedad estatal un negocio es torpe, negar que la corrupción podría emerger, también. Pero eso no puede ser óbice para hacer de esta determinación un siniestro. Lo único verdadero es que hace falta voluntad política.
Los riesgos que podría traer la posición de la Corte –dice Guido que el Gobierno tramita un Código Minero, es decir, que no se dejará vencer– se podrían erradicar si el país tuviera una gobierno más comprometido con la riqueza natural. Y de paso, si los medios dejaran de lado su inclinación gobiernista y su constante estigmatización.
En cualquier caso, la Corte puso a la palestra algo sobre lo cual los líderes exentos de tribunas mediáticas han venido luchando, a saber, que los intereses comunes deben estar en detrimento de la minería, y no la minería en detrimento de los intereses comunes.
