Las multinacionales tienen la mirada sobre Colombia desde hace unos cuantos años. Con la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia con su política de Seguridad Democrática, la cual inició en su primer periodo como mandatario (2002-2006), se logró que la percepción de los países del sistema internacional hacia Colombia fuera positiva para la inversión.
Para el segundo periodo de Uribe (2006-2010), uno de los principales pilares de su gobierno fue el “huevito de la confianza inversionista”, el cual consistió en que Colombia debía recuperar la confianza de los extranjeros, para que hubiese mayor inversión internacional en nuestro país, con lo cual, según Uribe, habría un mayor desarrollo y unas mejores condiciones de vida para los colombianos.
Si bien las condiciones de vida de los colombianos siguieron igual a pesar de la inversión extranjera, hubo un factor que se alteró en contra de la biodiversidad de nuestro país, y fue la arremetida de las multinacionales contra el medio ambiente para extraer hidrocarburos y metales preciosos, entre otros.Aunque Colombia tuvo un crecimiento en su economía del 2003 al 2008, fue en el año 2008 que la economía se empezó a estancar por cuenta de la crisis económica internacional.
Debido a la crisis económica, Uribe no pudo capitalizar la inversión extranjera en su totalidad, pero quien sí lo hizo fue su sucesor el presidente Juan Manuel Santos, que quiso hacer de la minería uno de los pilares de su gobierno, argumentando que la minería sería clave para el desarrollo del país. A la política minera Santos la denominó “locomotora minera”, cuyo papel sería el del desarrollo económico de nuestro país.
La minería en varias regiones del país se ha convertido en una amenaza para la supervivencia de los ecosistemas, donde se han visto amenazadas y afectadas las fuentes hídricas.
Pero la minería no es el único problema que tienen las fuentes hídricas para su supervivencia, adicionalmente está la explotación de hidrocarburos que en varias ocasiones ha contaminado ríos, entre otros daños.
El Consejo de Estado hacia mediados de mayo del 2015, decidió suspender momentáneamente la entrega de 516 áreas prestas para la minería que comprendían alrededor de 20 millones de hectáreas. “El Consejo de Estado pone en jaque una de las políticas más importantes del mandatario y decide -mediante un Auto preferido en mayo- suspender provisionalmente los efectos jurídicos de las normas que crearon 516 zonas mineras en 22 departamentos del país, con una extensión de 20,4 millones de hectáreas. Una extensión que representa cerca del 20% del territorio nacional”, informó Semana.
Pero no solo el Consejo de Estado se pronunció acerca de las áreas estratégicas para la minería. Unos meses después, en febrero del 2016, la Corte Constitucional tomó la decisión de ordenar la suspensión de alrededor de 347 títulos mineros en las zonas de páramos, pero además decidió que las corporaciones autónomas regionales (CAR) sean las encargadas de las funciones de emitir las licencias ambientales.
Tal y como lo informaron los medios, “en su fallo queda dado que los páramos del país, son considerados grandes reservas para la producción de agua, declara inexequibles algunas normas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, ley 1753 en los incisos primero, segundo y tercero del artículo 173 al considerar que son inconstitucionales al violar el derecho a un medio ambiente sano”.
Entre el mes de abril y el mes de mayo del presente año, los medios de comunicación han informado a la opinión pública que algunas fuentes hídricas se verían gravemente afectadas y amenazadas si se llegasen a realizar actividades mineras y de explotación de hidrocarburos, como por ejemplo la licencia ambiental en Caño Cristales en La Macarena, departamento del Meta; la licencia ambiental para la desviación del arroyo Bruno en La Guajira; la inminente llegada del fracking a San Martín, Cesar, y por último la amenaza al Valle de Cocora, en Salento, Quindío.
Recordemos que “el pasado 19 de abril la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) revocó la licencia minera otorgada a la empresa Hupecol, con la cual esta empresa buscaba la exploración y explotación de alrededor de 150 pozos en un área aledaña a los Parques Nacionales Naturales: Tinigua, Los Picachos y Serranía de la Macarena”, según informó El Espectador.
Posterior a la decisión de la revocatoria de la licencia ambiental en Caño Cristales, le siguió la amenaza de la desaparición del arroyo Bruno en La Guajira, a manos de la multinacional Cerrejón (cuyos dueños son: Anglo American de Sudáfrica, BHP Billiton de Australia y Glencore de Suiza), la cual quiere desviar uno de los principales afluentes del río Ranchería. Esto con el fin de explotar 40 millones de toneladas de carbón que habrían en los 4,8 kilómetros finales del arroyo, y para ello, desviarlo 3.6 kilómetros a 700 metros al norte.
Pese a que el Cerrejón asevera que no lo va a desaparecer y que solo será un desvío, se tiene el precedente de que anteriormente el Cerrejón planteó que desviaría el arroyo Aguas Blancas y lo terminó desapareciendo, por lo anterior la comunidad teme que vuelva a pasar lo mismo con el arroyo Bruno.
Continuando con la amenaza de las multinacionales al medio ambiente, sigue la inminente llegada del fracking a San Martín, en el departamento del Cesar, en donde las multinacionales ConocoPhillips y CNE Oil & Gas, buscan adquirir una licencia ambiental que les permita utilizar esta técnica para explorar y explotar hidrocarburos en la zona conocida como Valle del Magdalena Medio 3.
Con el fracking el medio ambiente se vería afectado, ya que esta técnica causa inestabilidad sísmica, aumenta la sequía debido al gran uso de agua, contamina las aguas subterráneas, disminuye la calidad del aire, contamina la atmósfera y altera las placas tectónicas, entre otros daños.
La más reciente amenaza contra el medio ambiente está en el Valle del Cocora, en Salento, departamento del Quindío, en donde la multinacional AngloGold Ashanti quiere explotar oro, lo cual pondría en riesgo la supervivencia de la palma de cera y de animales como: el águila crestada, el cóndor de los Andes y el loro orejiamarillo.
Según el alcalde de Salento, Juan Manuel Galvis, “en estos momentos tenemos tres títulos mineros vigentes en Salento, uno en La Morena y dos que se comparten con Calarcá. Actualmente hay seis solicitudes para titulación”.
La personera del municipio, Yessica Herrera, plantea que “Salento provee de agua a Circasia en un 70 %, también a Armenia, Calarcá, La Tebaida, y se surte así mismo, es decir, es un productor hídrico del departamento del Quindío, Herrera adicionalmente plantea que una de las concesiones contempla 3.182 hectáreas”.
Han sido cuatro las amenazas de las multinacionales contra el medio ambiente, de las cuales los colombianos nos hemos podido enterar, pues es probable que haya más licencias ambientales y proyectos para adquirirlas en zonas de reservas naturales.
En las cuatro situaciones anteriormente mencionadas fue clave la solidaridad de los colombianos a través de las redes sociales, quienes manifestaron su rechazo a la intervención de las multinacionales, logrando en el caso de la licencia ambiental de Caño Cristales su revocatoria.
