Se ha armado la de Troya porque el convicto exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, fue visto en una calle de esa ciudad. No faltó el oportuno que lo grabara con su aparatico celular.
Este hecho merece varias reflexiones, pues el tema de la cárcel se ha vuelto un asunto de graves consecuencias para la sociedad.
En primer lugar hay que recordar que existe un sector muy basto, muy importante, de filósofos del derecho en contra del tratamiento penitenciario al considerar que ese tipo de fórmulas, además de inútiles, resultan perjudiciales. Una persona recluida en un establecimiento carcelario no necesariamente saldrá “rehabilitada”, pues la cárcel por sí sola no está en condiciones de producir ese prodigio. Puede generar sí resentimiento y animadversión contra la sociedad. Puede originar desesperanza y destrucción de otras relaciones mucho más constructivas como las del entorno familiar y social.
La pena tiene, en el esquema angelical de nuestro sistema jurídico, las funciones de resocialización, rehabilitación y reparación de la víctima. Pero, en realidad, su única y definitiva función es la de venganza social, es decir, la retaliación que se toma la sociedad contra el sujeto que infringió las normas: se institucionaliza la venganza, para que los ciudadanos no se la tomen por propia mano y apliquen una pena más gravosa que la correspondiente como el “linchamiento”, el homicidio, la tortura, etcétera.
Por otro lado, existe la creencia, totalmente infundada, edificada en concepciones fanáticas y autoritarias, de las penas “ejemplarizantes” y, por la misma razón, exageradamente largas. Hay en el mundo sistemas penales rayanos en la imbecilidad, capaces de condenar a un sujeto a varias cadenas perpetuas y una suma adicional de años.
Pero lo más grave es la creencia, muy difundida entre nuestros periodistas y operadores de medios de comunicación, según la cual si no hay cárcel, las conductas delictivas quedan en la impunidad.
Ese populismo mediático le ha causado al sistema penal enormes problemas, pues no han faltado los legisladores que, aupados desde incendiarios micrófonos de la radio y acaloradas columnas periodísticas, han corrido a implementar sanciones exorbitantes para ciertos comportamientos, olvidando que existen correctivos, de carácter pecuniario y de presión social, eventualmente capaces de producir mejores y más eficaces resultados.
Lo paradójico es que nuestra legislación penal incurre en un comportamiento demagógico: de un lado, con la mano consagra bellas páginas de respeto por la dignidad humana, los derechos humanos y los principios filosóficos liberales, civilizados, progresistas; con el codo borran todo lo dicho, realizan reformas, como las contenidas en las leyes 890 de 2004, 1098 de 2006 y 1474 de 2011, entre muchas otras, que desvirtúan tan bellos propósitos.
Imagen tomada de video de Facebook
El código de procedimiento penal, Ley 906 de 2004, por ejemplo, sería en el ámbito internacional la más pura consagración de tales principios liberales, civilizados, progresistas. Allí se quema incienso al principio pro libertate, según el cual ha de prevalecer el derecho de libertad de los individuos, al menos hasta que sean oídos y vencidos en juicio, con la plena observancia del derecho de defensa y del debido proceso. Pero qué va. A poco andar se expide normas como las mencionadas que ponen debajo de la mesa ese y muchos otros principios.
Y qué decir de los derechos humanos de la población carcelaria. Hitler se avergonzaría de presidir un Estado como este que maltrata de la manera más despiadada a unos reclusos que viven hacinados en espacios imposibles, durmiendo apiñados unos sobre otros, sin asistencia médica, sin selección, ni segregación de enfermos y sanos, conviviendo en unas circunstancias totalmente miserables, al punto de que la Corte Constitucional ha declarado en forma reiterada, voz en el desierto, que nos encontramos ante un estado de cosas inconstitucional.
Por esa ansia vesánica de los medios por la cárcel es el escándalo de ahora, porque un sujeto convicto, con plena observancia de los procedimientos jurídicos según se supo después, ocasionalmente se hallaba fuera de su celda.
Pero eso sí, muchos de los que ahora se arrancan sus vestiduras bíblicamente frente a situaciones como esta, abogan para que a los presos del partido Centro Democrático alojados en prisiones cinco estrellas, se les aplique una sentencia desquiciada de la Corte Constitucional que, no sabemos inspirada por qué intereses inconfesables, pretende introducir una tercera instancia en los casos de sentencias condenatorias proferidas en segunda instancia.
