Columnista:
Germán Ayala Osorio
El asesinato sistemático de excombatientes farianos constituye un claro y evidente incumplimiento del Estado colombiano al Tratado de Paz firmado con la entonces guerrilla de las Farc-Ep en 2016; y además, los 219 asesinados a manos de grupos paramilitares, en asocio, muy seguramente, con agentes estatales, configuran un “genocidio a cuenta gotas” que no solo genera desconfianza y miedo en los reincorporados, sino una profunda desazón en todos los sectores de la sociedad civil y de la población en general, que apoyaron los diálogos de La Habana, lo pactado y el proceso de implementación.
El 26 de octubre de 2019 la cifra de asesinatos iba en 168. Al secarse la tinta de esta columna, la cifra va en 219. Y no hay señal institucional que permita pensar que al proceso de exterminio se le pondrá fin. Por el contrario, todo indica que este “genocidio a cuenta gotas” continuará, por varias razones: la primera, porque el gobierno de Iván Duque está empeñado en hacer fracasar el Acuerdo Final II, y ello es suficiente para explicar la actitud omisiva asumida tanto por el mandatario, como por todos los estamentos, incluyendo al grueso de la institucionalidad castrense y a la actual cúpula militar, la misma que exhibe un carácter tropero que entra en conflicto con el sentido y la filosofía del proceso de implementación con el que se busca consolidar una paz estable y duradera.
Una segunda razón se deriva de la operación de un doble Estado en Colombia. Aparentemente, hay una institucionalidad estatal que está conectada con el proceso de implementación de lo que se acordó en Cuba. De esa institucionalidad se desprenden acciones diplomáticas, políticas y de operación gubernamental conducentes a buscar, tramitar y ejecutar recursos económicos recibidos de los países que vienen acompañando a Colombia en la consolidación de esa paz económica que asegure la presencia de grandes inversionistas en el país; pero mientras esa institucionalidad opera para el logro de esos objetivos, de manera paralela, hay unas instituciones y agentes estatales que operan en la búsqueda de generar las mayores condiciones de desazón, inseguridad y desconfianza institucional, en los excombatientes.
Estamos, entonces, ante un perverso juego institucional en el que los actos de omisión de varias autoridades e instituciones comprometidas en la consolidación de escenarios ciertos de paz, explican las ambivalencias de un Gobierno que, siguiendo las instrucciones y deseos del líder del Centro Democrático y de otros agentes del Establecimiento, le dice a la “comunidad internacional” que está comprometido con la Paz de Colombia, mientras que cierra los ojos ante el ya ignominioso proceso de exterminio de los exmilitantes de las Farc-Ep.
Quien no cerró los ojos y mucho menos guardó silencio fue el Arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve ante el sistemático asesinato de los exfarianos. Dijo Monseñor que el gobierno de Duque orientaba o permitía «una venganza genocida para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia en los campos y en los territorios… desde la campaña electoral en la que Duque fue elegido presidente sintió «un espíritu de venganza contra el Gobierno (de Juan Manuel) Santos», que lideró la desmovilización de la antigua guerrilla, y «contra el pueblo que los acompañaba».
Lo dicho por Monsalve, sin duda, constituye una crítica y una voz de alarma que pone al gobierno de Iván Duque en evidencia, por cuanto aquel, como Jefe de Estado, aún no asume —y no asumirá— el compromiso que el Estado en su conjunto firmó con las Farc-Ep, con Noruega y Cuba, con Venezuela y Chile y con todos los países que han venido acompañando y aportando dinero para la implementación de lo que se acordó entre las partes.
En el sistemático exterminio de los reinsertados y reincorporados confluyen los odios de todos aquellos colombianos —incluye a operados políticos— que dijeron NO al plebiscito del 2 de octubre de 2016, con el que se refrendaría el Acuerdo de Paz. Y esos resquemores, rencores y antipatías que acompañaron a la pírrica victoria del NO, son los sentimientos que alimentan a los sicarios y a los autores intelectuales que están detrás de la venganza genocida de la que habla Monsalve.
La desautorización que la Nunciatura Apostólica en Bogotá hizo de lo dicho por el Arzobispo de Cali termina alentando a los homicidas y expresa con claridad, la incoherencia de la Iglesia Católica, la misma que fue incapaz de invitar a sus fieles a votar masivamente por el SÍ en aquel 2 de octubre.
La actitud ambivalente de la Iglesia Católica y los silencios cómplices de millones de colombianos, incluyendo agentes de la sociedad civil, terminan validando y naturalizando la venganza genocida. Por eso, con enorme tristeza digo: 219 y contando.
