Del ahogado, el sombrero

Que el Consejo de Estado no haya podido -querido- fallar alrededor de la espuria reelección de Ordóñez Maldonado como Procurador General de la Nación, es prueba del enorme poder corruptor acumulado por este artero personaje. De igual forma, la inacción jurídica de los magistrados es propia de funcionarios que tienen y exhiben una débil institucionalidad, resultante del poder intimidante que Ordóñez ejerció sobre los togados, y consecuencia de los vacíos éticos de aquellos magistrados que han dilatado un fallo que a todas luces debe señalar que Ordóñez se hizo reelegir violando la Constitución política.

Alejandro Ordóñez Maldonado no solo se desbordó en sus atribuciones legales y jurisdiccionales, sino que hasta el último momento de su mandato, oficiará como censor ideológico y político de funcionarios y exfuncionarios, como quiera que el Procurador General de la Nación está interesado en llegar, en 2018, a la Presidencia de la República. Muy seguramente contará con el apoyo del insepulto Partido Conservador y del Centro Democrático.

Imagen cortesía de: eluniversal.com.co

Queda poco tiempo para que los magistrados del Consejo de Estado den respuesta a la demandada reelección de Ordóñez Maldonado. De no hacerlo, dicha Corporación soportaría sobre su historia el haberse dejado maniatar por los mezquinos intereses de un Procurador que no solo se hizo reelegir de manera ilegal, sino que retó, desconoció y mancilló jurídica y políticamente a una alta corte, hasta hace poco respetable y necesaria para conservar la institucionalidad dentro del poder judicial, que en varios frentes deviene en una enorme crisis de credibilidad. Baste con señalar lo que sucede en la Corte Constitucional en donde permanecen personajes del talante de Rojas Ríos y Pretel Chaljub comprometidos en hechos de corrupción.

Llama la atención en este caso, el silencio cómplice de empresarios y de otros sectores de la sociedad civil, frente a la acción ilegal de Ordóñez de hacer reelegir. En especial, el silencio de los medios masivos de comunicación y del periodismo en torno al comportamiento del Procurador resulta significativo.

En lugar de vetar al funcionario, las empresas mediáticas continúan haciendo eco de sus acciones de persecución política e ideológica contra Gustavo Petro Urrego y las emprendidas contra el proceso de paz de La Habana. Resulta inconveniente que los periodistas salgan corriendo a cubrir las declaraciones de un Procurador que violó la Constitución. Por encima del cubrimiento de un hecho noticiable, está la responsabilidad social y política de la prensa con el ordenamiento jurídico, el mismo que Alejandro Ordóñez violó al hacerse reelegir.

El silencio de los Medios, empresarios, partidos políticos y la incapacidad mostrada por los magistrados del Consejo de Estado para juzgar al Procurador, hacen pensar en que efectivamente subsiste un ethos mafioso que atraviesa la vida institucional.

Si al final el Procurador Ordóñez termina su segundo periodo, en adelante solo le queda al Consejo de Estado, para resarcir en algo el daño infringido -y auto infringido-, tumbar los fallos disciplinarios adoptados por Alejandro Ordóñez durante su malicioso e ilegal mandato. Mejor dicho, del ahogado, el sombrero.