Columnista: Édgar Papamija
Al 70 % de optimistas bien informados que, según las encuestas, desaprueban la gestión del presidente Iván Duque, se suma la CVIII Conferencia Episcopal que se reunió hace unos días alrededor del tema: La economía al servicio de la dignidad humana y el bien común, cuando el país atraviesa por una etapa de incertidumbre marcada por fenómenos de exclusión, corrupción y concentración de la riqueza.
El presidente de la Conferencia, monseñor Óscar Urbina Ortega, hizo serios cuestionamientos sobre el momento que vive nuestra economía que, en su sentir, debe pasar por “la responsabilidad en el consumo, el cuidado de la casa común y la protección de los vulnerables”. Reclamó, el prelado, una reforma agraria que acabe con la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos y contribuya al desarrollo integral de lo pueblos. Pidió además, “colocar la economía al servicio de todo nuestro pueblo y no de unos pocos, luchar contra la exclusión, la corrupción y la inequidad, en la que el dinero domina en menoscabo de las personas”.
Por su parte, monseñor Juan Carlos Barreto, arzobispo de Quibdó, hizo serios cuestionamientos sobre la situación socioeconómica del país:
“En Colombia hay mucha riqueza, pero el dinero y los bienes están en los bolsillos de unos pocos. Hay personas que no tienen techo, hay empresas que ganan demasiado dinero y, sin embargo, son pocos los impuestos que pagan. En Colombia hay personas que concentran la tenencia de las tierras y pagan muy pocos impuestos. El sector financiero está absolutamente enriquecido, pero el pueblo colombiano está empobrecido”.
Las intervenciones de los obispos fueron sumamente críticas y, llama la atención, la poca o nula difusión que tuvieron en los medios. No es saludable ignorar deliberadamente o poner una campana neumática a posiciones críticas como la de la Iglesia que, debe llamar a la reflexión a la clase dirigente, especialmente al Gobierno y a los responsables del manejo económico. Es interesante que la jerarquía católica fije posiciones que contrastan con las de quienes se disfrazan de creyentes, pero ignoran los compromisos sociales de la doctrina cristiana.
La posición crítica de los prelados es oportuna, no solo por la coyuntura económica que estamos viviendo, sino por la cercanía de un proceso electoral que no parece escapar a los vicios tradicionales de la política y, que muy poco, aportará en el trayecto de encontrar los caminos del desarrollo con justicia social.
No hay razones para esperar una recuperación económica en el segundo semestre del año y, más bien preocupa, el clima de desaceleración mundial que se avizora.
No es posible crecer al 3.5 % este año, cuando el primer trimestre tuvimos un discutible 2.8 % que obligaría a alcanzar cifras cercanas al 4 % en los próximos trimestres para lograr ese objetivo. Nuestra productividad ha venido cayendo desde 2015, cuando bajó a 1.3 %. Dicha desaceleración genera altos índices de desempleo, que no obedecen a la diáspora venezolana, pues la tasa de participación laboral, que se considera una medida de la oferta de trabajadores, bajó en 2018 de 64,1 % a 63,1 %, según el DANE. Lo que indica que desaparecieron aproximadamente 287.000 empleos en el año; hecho que podría catalogarse como el más grave problema social y económico del país.
Nada indica que el reclamo de amplios sectores, entre ellos, la Iglesia colombiana, sea escuchado. La pobreza, según las últimas cifras del DANE, aumenta la incertidumbre y el pesimismo. El Gobierno debe hacer menos retórico su “pacto por la equidad”.
